MADRID.- El secretario de estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha negado este viernes que la nueva Ley de Seguridad Ciudadana, la llamada 'ley mordaza', vaya a aplicarse de manera menos estricta debido al contexto preelectoral, y ha subrayado que es la propia ley la que modula su aplicación.

En una entrevista en RNE recogida por Europa Press, Martínez ha asegurado que la ley "se va a aplicar perfectamente y sin ningún tipo de excesos", porque además, según sus palabras, la propia ley "no los permite". Lo que obvia Martínez son las trampas que la ley esconde al ciudadano. 

Según ha dicho, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado han recibido la formación adecuada y están acostumbrados a los cambios. Ha argumentado que si se ha enviado a los agentes una circular con instrucciones no es porque haya temor a excesos sino porque algunas novedades "requieren precisiones de índole técnica". Se ha referido en concreto a la obligación de que las identificaciones tengan una duración máxima y sólo se traslade a los afectados a comisaría en circunstancias excepcionales y dejando constancia en un libro de registro.

Oda a las supuestas virtudes de la ley

Martínez no ha reparado palabras a la hora de alabar las supuestas "garantías" de la nueva ley, y que, según él, llevaban tiempo pidiéndolas algunos de los que ahora la critican, al igual que otra novedad de la ley, el que se castigue el uso de punteros láser contra los pilotos, definido como "vandalismo aeronáutico" por partidos que hoy se oponen a la ley.

Por eso, se ha preguntado qué aspectos de la ley querrían derogar los partidos de la oposición si llegan al Gobierno, si la prohibición de redadas con criterios étnicos, el uso indebido de armas de fuego o explosivos o la prohibición de comercio sexual junto a escuelas o parques infantiles. "Me parecería difícil de explicar la derogación de algunas cosas", ha dicho.

También ha defendido que la ley "protege el derecho de manifestación" porque "sanciona a los que revientan manifestaciones". Según ha dicho, la violencia callejera ha tenido un coste de 49 millones de euros en dos años. Sin embargo, la nueva norma está plagada de artículos ambiguos que no especifican con exactitud la gravedad de los hechos sancionables. 

También ha afeado a los detractores de la ley que pidan que se aplique con contundencia la ley contra la violencia en el deporte y no quieran castigar "a los mismos grupos" cuando promueven violencia fuera del estadio.

A su juicio, hablar de la ley como 'ley mordaza' es hacer "una caricatura" para criticarla pero "parte de un gran desconocimiento". "Las críticas no se basan en el texto sino en una deformación del mismo", ha alegado. Martínez confía en que el Tribunal Constitucional avale la ley porque cree que su criterio será "exclusivamente jurídico y técnico".

Amenaza yihadista

Por otro lado, preguntado por la amenaza yihadista, ha puntualizado que la alerta antiterrorista se elevó hasta el nivel 4, de un total de 5, no por una amenaza específica contra España sino porque el contexto internacional es "especialmente complicado" y el viernes pasado hubo varios atentados simultáneos, algunos en sitios tan cercanos como Francia o Túnez.

Además, ha destacado que en junio se ha registrado una actividad creciente y "de una crueldad fanática" en las redes sociales, con gran intensidad en la difusión de vídeos del llamado Estado Islámico. "En esa actividad hemos visto crecer la amenaza".