Tras la consternación por el dolor que provocaron los ataques yihadistas en Catalunya y el duelo por las 16 víctimas mortales que provocaron, el 17-A ha derivado en batalla política. Sobre los muertos, un bando intenta demostrar la efectividad e independencia de los Mossos d'Esquadra y las instituciones catalanas para hacer frente a una situación de crisis; el otro, exactamente lo contrario. 

En ese choque las estrategias han sido muy distintas. La voracidad comunicativa del major de los Mossos Josep Lluis Trapero, responsable policial de la Generalitat eregido en héroe por algunos sectores, se ha enfrentado al chocante silencio del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las voces próximas al Ejecutivo han criticado profusamente a la Generalitat por rechazar la ayuda de la Policía y la Guardia Civil (basándose en especial en la explosión del 16 de agosto en Alcanar, vivienda donde los terroristas prepararon ataques con bombonas de butano). Sin embargo, tras el ataque en La Rambla, el Gobierno optó por echarse a un lado y no tomar el mando de las operaciones, una postura inédita. Y ello a pesar de que la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional lo permitía. 

Prueba de ello es su decisión de no convocar al Comité Especializado de Situación tras los atentados, creado en 2013 para apoyar al Consejo de Seguridad Nacional (CSN) en situaciones de crisis. Se trata de un órgano integrado por representantes de todos los ministerios y miembros del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y del Departamento de Seguridad Nacional, liderado por un delegado del CSN designado a tal efecto por el presidente del Gobierno. 

Tal y como detalla Seguridad Nacional, el Comité Especializado de Situación se reúne a petición de su presidente. Entre sus objetivos principales está "fomentar el empleo óptimo, integrado y flexible de los medios y recursos disponibles del Estado en las situaciones de crisis"; y enfatiza: el órgano debe "coordinar junto a los órganos competentes y con visión anticipatoria la aportación de los recursos necesarios para dar respuesta adecuada a la situación de crisis originada".

Desaparición del Estado 

Rajoy se desplazó el mismo 17 de agosto a Barcelona, donde formó un gabinete de crisis, pero no reclamó el mando de las operaciones. Consciente del desgaste que producen este tipo de crisis, se limitó a permitir que los Mossos y la Generalitat cargaran con ese peso. Días después el escándalo del supuesto aviso de la Inteligencia norteamericana sobre la inminencia de un atentado explotó en las manos de las autoridades catalanas.  

Muy al estilo de su presidente, el Gobierno se ha limitado a ponerse de perfil y observar cómo la Generalitat capeaba la situación. Preguntada en la Cadena Ser por el aviso de la CIA que Interior consideró "de baja credibilidad", la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría esquivó este martes ofrecer cualquier detalle sobre el papel del Ejecutivo. "No voy a entrar en cuestiones operativas", insistía Santamaría: "Los órganos de coordinación existen, están trabajando y están funcionando", aseguró. Una aseveración que contrasta con la inacción del Comité Especializado de Situación, diseñado precisamente para hacer frente a este tipo de crisis de seguridad nacional. 

Pero el Comité no ha sido el único órgano dependiente de la Administración central del Estado cuya actuación tras los atentados ha suscitado dudas. La Comisión de Evaluación de la Amenaza Terrorista, encargada de establecer el nivel de alerta terrorista (que determina los recursos de seguridad que se movilizan en función del riesgo de atentado) tardó 40 horas en reunirse. Tras los atentados de 2015 en París, el mismo órgano convocó una reunión extraordinaria mucho antes: si los ataques se produjeron la noche del 13 de noviembre, la Comisión compareció a primera hora del 14. 

El president de la Generalitat de Catalunya, Carles Puigdemont, junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la misa por las víctimas de los atentados de Las Ramblas y Cambrils en la Basílica de la Sagrada Familia, en Barcelona. REUTERS/Sergio Barrenechea

Incluso los principales sindicatos policiales estatales, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), denunciaron "la exclusión y aislamiento sufrido por ambos cuerpos durante la investigación y la gestión del atentado sufrido en Barcelona" apenas tres días después de los ataques. Los agentes lo achacaron a la voluntad de la Generalitat de "transmitir una imagen al exterior de nuestras fronteras de un estado catalán “autosuficiente”, instrumentalizando para ello sin ningún tipo de reparo la seguridad pública". 

Sin embargo, ni la Policía ni la Guardia Civil recibieron la orden de actuar. El Ministerio del Interior, de donde tenía que llegar la orden de colaborar con los Mossos, permaneció en silencio. "Sucedieron cosas extrañas a ese nivel. Yo creo que el ministro del Interior del Gobierno de España y la Policía del Estado debían haber tenido más protagonismo. No fue normal la inacción de la Policía Nacional en Cataluña en esos días", opina Tomás Gil Márquez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Barcelona: "El estado tenía que haber liderado las operaciones".

Gil Márquez, inspector jefe de la Policía local de Sant Adriá de Besós e inspector de la Policía Nacional durante 17 años, destaca en conversación con este medio que "daba la sensación de que la Policía del Estado no existía. Que todo era casa nostra. El Estado actuó como si Cataluña ya fuera independiente, es injusto", denuncia, a la vez que se pregunta "¿por qué la Generalitat de Catalunya no instó al Ministerio del Interior a que prestara colaboración directa con todos sus efectivos? En crisis como esta debería primar la cuestión técnico-profesional a la política".

Público ha contactado en varias ocasiones con Presidencia de Gobierno así como con el Departamento de Seguridad Nacional para preguntar por la inacción del Comité Especializado de Situación tras los atentados en Catalunya, pero no han ofrecido ninguna respuesta.