El Gobierno ha pactado con los grupos del bloque de investidura enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) por un valor aproximado de 1.100 millones de euros a cambio de apoyar las cuentas públicas. De esta forma, con toda probabilidad, el texto presupuestario saldrá adelante la próxima semana en el Pleno del Congreso de los Diputados para después ser remitido al Senado. Durante los tres días de debates y votaciones en la Comisión de Presupuestos, ERC, PNV, Bildu, Más País, Compromís, Teruel Existe y Nueva Canarias, los grupos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez hace casi un año, han acordado con el Ejecutivo mover más de 280 millones de euros de los Presupuestos a través de enmiendas para modificar múltiples partidas.

En este sentido, tal y como anunció ERC el pasado miércoles, los PGE contemplarán una partida presupuestaria de inversiones y transferencias a Catalunya por encima de 2.300 millones de euros, 140.000 euros más de lo previsto en el texto inicial. Además, se destinarán cuatro millones para financiar la creación de un Corredor Humanitario para las personas refugiadas, y dos millones y medio para financiar la actividad global de la Sociedad de Salvamento y Socorro Marítimo y el incremento de la plantilla. En total, se han movido unos 6,6 millones de euros.

El PNV ha conseguido sacar adelante varias enmiendas por valor de 87,5 millones de euros: 50 millones para un Plan Renove de Máquina Herramienta, seis para el proyecto de soterramiento de Zorroza, 700.000 euros para un Proyecto de Innovación para Transición Industrial Sostenible en la Universidad de Mondragón, un millón para impulsar un laboratorio de almacenamiento de energía, más de 15 millones en la supresión de pasos a nivel en múltiples estaciones, tres millones en el Intercambiador de Riberas de Loiola, 1,2 millones para la electrificación del ferrocarril en Aranguren-Karrantza, dos para una plataforma logística en las inmediaciones de Gasteiz, otros dos millones de euros para Foronda, y por último, tres millones para un Proyecto constructivo de un túnel de desvío de avenidas contra las inundaciones en Bilbao.

A través de siete enmiendas, Bildu ha logrado movilizar 67, 5 millones de euros. Así, la formación soberanista de izquierdas ha logrado sacar adelante una partida de económica de 10 millones de euros dirigida al sector aeronáutico, un Plan Plurianual de 48 millones de euros para modernizar la Línea C1 de Cercanías entre Irún y Brinkola, y una enmienda por valor de tres millones de euros para llevar a cabo la renaturalización y recuperación del entorno de marismas de Motondo y Txurruka de Orio (Gipuzkoa). También, se destinarán tres millones de euros a implementar un Plan de Reactivación Económica en los Pirineos Orientales de Navarra y otros tres para financiar la ejecución de un proyecto de obras  en este territorio. 

La cifra estimada de las correcciones introducidas por Más País alcanza los 14 millones de euros. Estas enmiendas incluyen la renovación de señalizaciones en Cercanías por 15 millones hasta 2023, seis millones para un nuevo enlace en una autopista en Rivas-Vaciamadrid, un estudio de la Oficina Española de Cambio Climático para buscar alternativas de bajas emisiones a vuelos peninsulares valorado en 20.000 euros, un millón de euros para desarrollar un proyecto piloto de recuperación de residuos industriales y el impulso de asambleas climáticas a diferentes niveles de la administración presupuestado en 200.000 euros.

Compromís confirmó su apoyo a las cuentas tras acordar con el Gobierno el aumento de las partidas para la Fundación del Palau de les Arts, que pasa de 895.000 euros a un millón, y del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), que pasa de 261.000 euros a 400.000 euros. También, el proyecto añade la mejora de la línea de Cercanías de Xátiva-Alcoi, con tres millones de euros en los próximos dos años, y la construcción de la línea Aeropuerto de Alicante-Elche Miguel Hernández cifrada en 65 millones de euros hasta 2024. A estas modificaciones se incorporan las inversiones territoriales pactadas con Teruel Existe, por 5,2 millones de euros, y la inyección de 30 millones a Canarias para luchar contra la pobreza.

Asimismo, se han pactado otras medidas que no están recogidas directamente en las cuentas, pero tendrán un impacto económico de más de 900 millones de euros. Es el caso del acuerdo del Gobierno con PNV para mantener los privilegios del diésel -el proyecto de Presupuestos planteaba la retirada de una bonificación fiscal al combustible-, cuantificado en 450 millones de euros, la asunción por parte del Estado de "la deuda ilegítima de la Marina de Valencia", cifrada en otros 450 millones, o la liquidación de la deuda existente con la Generalitat catalana en materia de becas y ayudas al estudio.

Medidas de carácter político

Por otra parte, los grupos también han alcanzado otros acuerdos que no se calculan en términos económicos, ya que tienen un marcado carácter político. En este caso, ERC ha pactado el levantamiento del control financiero del Ministerio de Hacienda a la Generalitat de Catalunya, la cogobernanza de los fondos europeos para la reconstrucción, la gestión de la Generalitat del Ingreso Mínimo Vital (IMV) y la ampliación de la moratoria al pago de las cotizaciones de los autónomos hasta marzo de 2021. Finalmente, la armonización fiscal para acabar con el dumping fiscal de la Comunidad de Madrid se llevará a cabo al margen de las cuentas públicas, a pesar de que ha sido uno de los puntos acordados por ambas partes para que ERC confirmara el sí a las cuentas.

El PNV ha pactado con el Gobierno la enajenación de los cuarteles de Loiola, en San Sebastián, que pasarán del Ministerio de Defensa al Ayuntamiento de San Sebastián antes de que acabe 2021, y la creación de una nueva figura contractual para el desarrollo de la formación dual universitaria. Bildu ha subrayado el compromiso del Ejecutivo de prohibir todos los desahucios "en dos semanas", como recoge la enmienda presentada junto a Unidas Podemos y ERC, así como el apoyo de las formaciones que sostienen al Gobierno para sacar adelante su iniciativa de revalidar la Carta Social Europea, pendiente de ratificación desde hace 24 años. Más País ha obtenido el apoyo a una enmienda para extender a otros organismos de investigación, no sólo los de la Administración del Estado, la tasa de reposición prevista para los sectores prioritarios, del 110%.