El Gobierno pisa el acelerador para llevar sus leyes más polémicas al Congreso antes de Navidad

La legislatura entra en su penúltima fase y todavía queda mucha tela que cortar. En el horizonte, dos fechas señaladas en el calendario que centrarán la actividad política el próximo año con la celebración de las elecciones autonómicas y municipales a finales de mayo, y si nada cambia, los comicios generales a finales de 2023. De fondo, por si fuera poco, una crisis energética e inflacionaria derivada de la guerra de Ucrania que aflora los peores presagios.

Consciente de ello, el Gobierno ha pisado el acelerador para tratar de dar salida en el Congreso a la mayor cantidad de leyes posibles, siendo muchas de ellas de las más polémicas al no concitar el acuerdo entre las formaciones progresistas, al mismo tiempo que otras normas tan relevantes como la ley de vivienda o la reforma de la ley mordaza siguen encalladas. Y todo ello con la previsión de la llegada de los terceros Presupuestos de la legislatura.

El objetivo, según varias fuentes parlamentarias consultadas, es despejar el calendario lo máximo posible ante el riesgo de que estas leyes, que precisamente son un buque insignia del Gobierno de coalición, caigan en saco roto y su desenlace se vea mermado por los parones de la actividad parlamentaria ante el ciclo electoral.

Desde que el Congreso retomara su actividad ordinaria tras el parón estival, a primeros de septiembre, la Cámara Baja ha dado luz verde a tramitar los impuestos sobre los beneficios extraordinarios de las grandes compañías eléctricas y entidades financieras toda vez que la ley de equidad, universalidad y cohesión del Sistema Nacional de Salud, y la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) han superado sus primeras pruebas de fuego al rechazarse los vetos presentados por varias fuerzas políticas.

Al margen de la tramitación de estas normas, el Congreso celebrará este jueves el debate de totalidad a la proposición de ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, una ley que suscita "legítimas diferencias" dentro de Unidas Podemos (los comuns amagan con abstenerse en el veto presentado por la CUP) y que no cuenta con el respaldo, o al menos en los términos en los que está planteada, de las formaciones independentistas y de otras fuerzas progresistas, al tildarla de "punitivista".

Asimismo, mientras sus señorías miran de reojo las discrepancias entre PSOE y Unidas Podemos en la negociación presupuestaria en el seno del Gobierno y aguardan la llegada de las cuentas públicas, la Cámara Baja prepara otro plato fuerte la próxima semana con los debates de totalidad de la ley trans y LGTBI, la ley de bienestar animal, la del maltrato animal y la nueva ley del aborto, asignaturas pendientes también muy polémicas y cuyas negociaciones han marcado la legislatura.

A priori, la norma sobre los derechos sexuales y reproductivos, que recuperará la interrupción del embarazo a partir de los 16 años sin consentimiento parental (una capacidad que prohibió el PP con Alberto Ruiz-Gallardón como ministro de Justicia), cuenta con el apoyo suficiente de una amplia mayoría parlamentaria, a excepción de PP y Vox, quienes pretenden tumbarla el próximo jueves.

Sin embargo, el proyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, así como la ley de bienestar animal tienen enfrentados tanto a los socios de la coalición como al PSOE con el resto de formaciones a su izquierda.

La primera legislación, pionera por contemplar la autodeterminación de género, tiene en pie de guerra a varias organizaciones feministas y a un sector del PSOE, siendo Carmen Calvo su máximo exponente. La ex vicepresidenta primera, que ya lastró la negociación de la norma en el seno del Gobierno, afirmó este fin de semana que la ley puede destrozar la legislación en materia de Igualdad. Es por ello que los socialistas se abren a introducir modificaciones al proyecto remitido por el departamento que dirige Irene Montero.

Por otra parte, las enmiendas introducidas por el PSOE para excluir a los perros de caza de la ley de bienestar animal impulsada desde el Ministerio de Derechos Sociales de Ione Belarra (Unidas Podemos) han molestado sobremanera a la parte morada del Gobierno, ya que estos cambios, que contarían previsiblemente con el respaldo del PP, diluyen en buena medida una norma concebida para dotar de derechos a los animales domésticos.

La polémica está servida y las negociaciones a varias bandas se prevén intensas. Desde el grupo socialista se mira el impulso de estas y otras normas con la misma óptica que en otros periodos de sesiones, donde han conseguido sacar adelante todas las iniciativas del Gobierno, muchas de ellas también polémicas, como la ley de Memoria Democrática o la ley audiovisual. Unidas Podemos, por su parte, justifica la celeridad en la tramitación de la ley trans y del aborto en la necesidad de sacarlas adelante antes de que el periodo electoral complique unas negociaciones ya de por sí enconadas.