El gobierno del PP boicotea el Estatuto vasco

BILBAO.- Aparentemente, la “ley para la defensa de la calidad alimentaria” no parece ser uno de esos temas que provocan chispazos políticos. Sin embargo, todo puede cambiar cuando entran en juego los intereses de Euskadi. Y si esos intereses no son los mismos que los del gobierno español, existen altas probabilidades de acabar en los tribunales. Así lo advertía esta misma semana el Gobierno Vasco, que denunciaba la enésima invasión de competencias por parte de Madrid en lo que va de legislatura.

La nueva polémica entre ambas administraciones ha nacido muy cerca de una fecha simbólica: este domingo se cumplen 36 años de la aprobación del Estatuto de Gernika, algo así como la miniconstitución vasca. “Euskadi sólo existe como comunidad política desde que se aprobó el Estatuto de Gernika”, dijo el portavoz del PSE José Antonio Pastor a Público, aunque en realidad el destinatario de su mensaje no era otro que el PNV. “Creo que es una efeméride digna de celebración: el éxito de la autonomía en el País Vasco, sobre todo para mejorar la calidad de vida de la gente, se debe a las potencialidades del estatuto”, continúa.

Si fuese por Pastor y su partido, el 25 de octubre siempre estaría marcado en rojo. No en vano, el gobierno del socialista Patxi López (2009-2012) instauró esta fecha como no laborable en el calendario vasco, para lo cual contó con el apoyo de PP y UPyD. Cuando el PNV volvió al poder, la quitó. “Alguno está más preocupado por la fiesta del Estatuto que por el Estatuto”, ironizó entonces el lehendakari Iñigo Urkullu. El tiempo parece darle la razón: hace algunas semanas, el Gobierno Vasco dio a conocer un informe en el que denuncia los incumplimientos del Estado respecto al autogobierno vasco.

Según este documento, Madrid sigue negándose a transferir a Vitoria un total de 35 competencias, entre las que se encuentran la gestión de las prisiones, la seguridad social o los aeropuertos y ferrocarriles, entre otras. Matemáticamente hablando, estas cifras suponen que el 25% del Estatuto de Gernika -aprobado hace 36 años en referéndum por el 90% de los votantes- continúa sin ser acatado por la administración española. Los problemas no acaban ahí: sólo en lo que va de legislatura, el Gobierno Vasco se ha visto obligado a recurrir al Tribunal Constitucional para tratar de frenar 18 decretos y leyes del ejecutivo de Rajoy que vulneraban su autonomía. La LOMCE, los presupuestos de 2012 y 2013 o el decreto que regula el Programa de Activación para el Empleo figuran entre ellas.

“El gobierno de Rajoy ha transformado el Estado autonómico saltándose la Constitución, a través de leyes orgánicas”, señaló a Público el portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban. “Tendencias centralizadoras ha habido con todos los gobiernos, socialistas incluidos –continúa-. Pero cuando tienen mayorías amplias, todavía más”. En efecto, tanto José María Aznar como José Luis Rodríguez Zapatero transfirieron competencias pendientes al Gobierno a cambio de pactar ciertos apoyos con el PNV. “El PP ha tenido siempre una tendencia centralizadora, pero el PSOE también. La única diferencia ha sido si necesitaban o no nuestros votos”, reconoce Esteban.

Uno de sus compañeros más veteranos, el hasta ahora senador Iñaki Anasagasti, aún recuerda la agitada campaña a favor del Estatuto en 1979. “El presidente Adolfo Suárez nos envió a dos expertos en marketing para que la campaña estatutaria fuera un éxito”, reveló a este periódico. Tampoco se olvida del ex ministro franquista Manuel Fraga –líder de Alianza Popular y ferviente enemigo de la autonomía vasca- luciendo unos tirantes con la bandera española. Era su manera de llamar a votar por el no. Casi cuatro décadas después, Anasagasti acusa a los herederos políticos de Fraga –quien ocupó el cargo de presidente honorario del PP hasta el día de su muerte- de “recentralizar” el Estado. “Los cuatro años de Rajoy para Euskadi han sido los de un seco desierto en los que no hemos tenido ni una mínima cantimplora”, ejemplifica.

Ajeno a estas críticas, la plana mayor del PP vasco se reunirá este domingo en un restaurante del monte Artxanda para celebrar acto “a favor del Estatuto”. En declaraciones a Público, su secretaria general, Nerea Llanos, rechazó el “victimismo” del PNV, al que acusó de “desprestigiar” la norma que rige el autogobierno “porque no le sirve para su vieja y trasnochada reivindicación soberanista”. También niega que el gobierno de Rajoy haya recortado los límites del autogobierno. “Las competencias que quedan por transferir son muy pocas. En cualquier caso, cuando se hacen transferencias siempre tiene que haber un acuerdo, y el PNV ha demostrado muy poca capacidad negociadora”, sostiene Llanos.

Las críticas contra los nacionalistas también llegan desde el PSE. “Hay una leyenda alimentada por parte del PNV de que el estado es muy malo y nos lo niega todo, pero en algunas ocasiones tuvieron la oportunidad de recoger determinadas competencias y las rechazaron”, afirma Pastor. “Por ejemplo, tuvieron la posibilidad de conseguir la transferencia de Prisiones y no la quisieron –asegura el dirigente socialista-, porque les parecía que entonces, con ETA en sus momentos más álgidos, podía traer problemas”.

Más allá de los reproches, los principales partidos vascos miran con atención al escenario que se podría abrir tras las elecciones generales del 20 de diciembre. Pastor destaca que el PSOE “defenderá una reforma federal de la Constitución que deje claro qué competencias exclusivas son las que tiene el Estado, y a partir de ahí todas las demás corresponderán a las comunidades autónomas”. Sin embargo, en el PNV no están tan seguros de que un cambio en La Moncloa provoque, de manera automática, un acuerdo en torno al autogobierno vasco. “No tengo muchas esperanzas depositadas en el PSOE per sé. Dependerá de si necesitan nuestros votos”, comenta Esteban.

El escepticismo es aún mayor entre las filas de EH Bildu. “No hay una voluntad real para respetar lo que en su día se firmó. Tenemos competencias muy importantes, como la Seguridad Social, que no se va a transferir nunca”, señala el independentista Peio Urizar. A su juicio, si el próximo gobierno español –sea del partido que sea- se mantiene en la misma línea que el actual, sólo quedará un camino por recorrer. “Tendremos que ser capaces de llegar a acuerdos entre los vascos y aplicar la unilateralidad”, sostiene un contundente Urizar, quien no duda en reivindicar la soberanía como única forma de solucionar los problemas que aquejan a los vascos. “Hay que superar la clave estatutaria”, subraya.

Este discurso no es del todo compartido por otras fuerzas de izquierda, como Podemos o Ezker Anitza (IU en Euskadi). “Nosotros creemos que se debe profundizar el autogobierno, pero no lo entendemos como un simple traspaso de competencias, sino como un ejercicio de soberanía popular y participación ciudadana en instituciones transparentes y cercanas”, expresa Roberto Uriarte, secretario general de Podemos en este territorio. “Vivimos una época de globalización y de capitalismo financiero que requiere replantear el papel tanto del estado como de las autonomías –remarca-, para que dejen de ser meros ejecutores de políticas impuestas por poderes transnacionales”.

Por su parte, la coordinadora general de Ezker Anitza, Isabel Salud, considera que el cumplimiento del Estatuto de Gernika no debe quedar sujeto a los “mercadeos” entre partidos. “Las leyes, cuando se aprueban, hay que cumplirlas”, destaca. En cualquier caso, Salud asegura que su formación política no utilizará este asunto como un “elemento de confrontación o de utilización electoralista”. “En estos momentos no es una prioridad por parte de la gente en Euskadi, que tiene preocupaciones mucho más urgentes”, señala.

En este contexto, sólo UPyD defiende, sin pelos en la lengua, una reforma del Estatuto de Autonomía… para que tenga, precisamente, menos autonomía. “Nosotros no somos partidarios de transferir más competencias a Euskadi, sino de trasladar algunas de ellas al Estado, de la misma manera que otras que tiene el Estado deberían trasladarse hacia Europa, para ir hacia una mayor igualdad de derechos y una mayor unidad, que no significa uniformidad”, comenta el único parlamentario de esta formación en Vitoria, Gorka Maneiro. Si de él dependiese, Euskadi vería recortadas sus competencias en materia educativa o fiscal. Justo lo contrario de lo que indica el Estatuto.