Francisco Javier Arroyo Navarro es la persona elegida por el Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, para ocupar el puesto de "Comisionado para la Concordia", sobre quien recaerá la responsabilidad de implementar las políticas de Memoria Histórica y Democrática, según recoge el BOJA de este jueves.

Su nombramiento, que la Consejería de Cultura, que dirige Patricia del Pozo, (PP), publicó en el Boletín Oficial sin haber informado antes a los medios, fue desvelado por la periodista Noelia Acedo en La Razón.

El nombre, Comisionado para la Concordia, proviene de la revisión que PP y Vox, el aliado imprescindible del Gobierno que preside Juanma Moreno (PP), vienen impulsando en la Comunidad al respecto de las políticas de recuperación de la memoria histórica y democrática y de la dignidad de las víctimas de la dictadura franquista, durante décadas enterrado su recuerdo por toneladas de represión y miedo.

Este puesto llevaba vacante desde que el nuevo Ejecutivo tomó posesión, es decir, hace más de un año. El gabinete de Moreno había ‘degradado’ el rango de las competencias sobre Memoria, que pasaron de la consejería de Presidencia, donde estaban con el último gobierno socialista, a la de Cultura.

La consejera Patricia del Pozo mantiene un tono y un discurso empático con las familias de las víctimas y ha logrado, a pesar de las presiones de Vox, salvar un presupuesto similar al de la época del PSOE, que quiere destinar, en su mayoría, a exhumaciones y a identificaciones genéticas.

Sin embargo, el resto de políticas están de momento prácticamente paralizadas. Así, el Gobierno aún no ha publicado la resolución de concesión de las subvenciones a proyectos de investigación, estudio y divulgación se lanzó a finales del año pasado, el Gobierno aún no ha publicado la resolución de concesión.

Tampoco Cultura ha trabajado en la vertiente de los símbolos, ni en el callejero –la consejera avaló un retorno al pasado en Córdoba– ni en la exhumación de Queipo de Llano, general golpista, que protagonizó e impulsó una represión brutal y sangrienta y que hoy está enterrado en la basílica de la Macarena, en Sevilla.
En paralelo, su partido, el PP, trabaja con Vox en un proyecto que derogue la Ley de Memoria actual, que fue aprobada la legislatura pasada sin votos en contra –PP y Ciudadanos se abstuvieron–. 

Ambas formaciones tienen firmado desde que arrancó la legislatura lo siguiente: "Promover una Ley de Concordia que sustituya a la ley de memoria histórica". Esa cláusula, la 33, forma parte del pacto que Vox y PP firmaron y que desbloqueó la investidura de Juanma Moreno. 

Hasta el momento, Ciudadanos, cuyos votos serían imprescindibles para ejecutar esta cláusula del pacto entre Vox y PP, ha venido afirmando que ese acuerdo entre ambos partidos no les vincula a ellos y le ha venido quitando hierro al asunto.

Desconcierto y estupor

El nombramiento de Arroyo Navarro ha causado cierto desconcierto en el asociacionismo y en los familiares de víctimas del franquismo debido a su presunta desvinculación del movimiento memorialista. Las fuentes consultadas por este periódico en ese ámbito no conocían de nada al Comisionado y hacían cábalas sobre las razones de fondo, reales, sobre el nombramiento, que el Gobierno no ha explicado aún.

La trayectoria de Arroyo Navarro –que es, según publicó la periodista Noelia Acedo, licenciado en Derecho y miembro del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado desde 1998– ha estado vinculada a los Gobiernos del PP y a la promoción del turismo.

Así, trabajó en la delegación del Gobierno en Andalucía, desde el año 2012, en la etapa en que la delegada era la hoy consejera de Agricultura, Carmen Crespo (PP). Y también ha sido consejero de Turismo en la Embajada de España en Buenos Aires. Hasta ahora, Arroyo Navarro, era el subdirector de coordinación y control presupuestario en la Consejería de Hacienda, a las órdenes de Juan Bravo (PP), según consta en el BOJA.

Adelante Andalucía acogió el nombramiento con "estupor". "Nos parece una designación importante y no entendemos que se realice durante un periodo de alarma", aseguró la diputada Ana Naranjo.

"No hemos tenido la posibilidad de consensuar el nombramiento la persona más idónea. Estas formas responden a los intereses de este gobierno con la extrema de derecha", agregó. "Lo hacen con la intencionalidad de ocultar a los andaluces cuáles son sus intenciones a la hora de reparar los derechos de verdad, justicia y reparación que tenemos los andaluces", remachó Naranjo.