"El gobierno del PP quiere morir matando"

BILBAO.- A pesar del tiempo transcurrido, Joxe Ramón Arkauz mantiene muy vivo el peor recuerdo de su hermano Josu, considerado por la Policía como uno de los máximos dirigentes de ETA en los años ochenta. "La primera persona que lo vio tras el período de incomunicación dijo que parecía un animal. Daba lástima". Sus denuncias sobre las vejaciones a las que habría sido sometido por la Guardia Civil llegaron al Comité Contra la Tortura de la ONU, que las dio por válidas. Josu tiene hoy 57 años y está preso en Murcia. Mañana también lo estará: la negativa del Tribunal Supremo de computar las penas cumplidas en Francia por parte de miembros de ETA aleja "la luz del final del túnel", según afirma un desolado Joxe Ramón.

La polémica resolución de los jueces –tomada por nueve votos a favor y seis en contra- ha supuesto un nuevo balde de agua fría para las familias de los cerca de 60 reclusos que habían cumplido penas en territorio francés y que actualmente se encuentran en cárceles españolas. De nada les ha servido que una directiva europea permita acumular las penas cumplidas en países comunitarios. "Por encima de Europa, por encima de su legalidad, por encima de todo, han decidido mantenerlos en la cárcel. A pesar de que saben que esta medida es ilegal. La venganza sigue siendo la base de su política penitenciaria", denunció Etxerat (asociación de familiares de presos de ETA y de otras organizaciones de la izquierda independentista) tras conocer el dictamen del Supremo.

Mientras los abogados –o mejor dicho, aquellos abogados que no fueron detenidos por la Guardia Civil en la "Operación Mate" de esta misma semana- valoran el camino a seguir –y que irremediablemente les llevará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, donde ya tumbaron la denominada "Doctrina Parot"-, los familiares de los presos afectados por esta medida no ocultaban su desazón. "Mi hermano ya cumplió lo que tenía que cumplir. Lleva 24 años preso. Ha recorrido una gran cantidad de cárceles. Lo que están haciendo con él y con los demás presos políticos no lo harían ni con el peor de los delincuentes", señala a Público Joxe Ramón Arkauz.

En un dictamen emitido el 5 de junio de 2000, el Comité Contra la Tortura de la ONU avaló las denuncias presentadas por su hermano Josu. Según su propio testimonio, en los años 80 había tenido que escapar a Francia debido a las amenazas del GAL. A finales de 1984, cuando ya estaba instalado al otro lado de la frontera, "el responsable de la comisaría de policía de Biarritz lo convocó para comunicarle su temor de que se estaba preparando un atentado contra él y que el expediente administrativo del autor, donde figuraba toda la información que permitía localizarlo, había sido robado".

"Por esta razón se vio obligado a abandonar su trabajo y pasar a la clandestinidad. Durante todo el período en que vivió oculto, sus familiares sufrieron un hostigamiento incesante por parte de las fuerzas de seguridad españolas. En junio de 1987 su cuñado fue detenido y torturado para que revelara el paradero del autor", afirma el documento del comité de las Naciones Unidas, donde consta que detención se produjo en 1991 en territorio francés. El 13 de enero de 1997 fue expulsado a España, a pesar de la huelga de hambre y sed que había realizado para evitar su traslado a este país. Su calvario habría comenzado nada más ser entregado por los gendarmes franceses a la Guardia Civil.

"Dice que, después de vendarle los ojos, lo golpearon con la palma de la mano por todo el cuerpo, le propinaron fuertes palmadas en las orejas acompañadas de silbidos, y le detallaron los métodos y largas sesiones de torturas a que sería sometido. En un momento dado, los guardias le quitaron la ropa con brutalidad mientras continuaban golpeándole", señala el informe. "A continuación –prosigue-, mientras unos le sujetaban las piernas y otros los brazos, dice que le infligieron el suplicio de la ‘bolsa’, mientras le golpeaban los testículos. Entonces perdió el conocimiento. Después de ser despertado y todavía con los ojos vendados, lo sentaron de nuevo en una silla, con las piernas separadas y los brazos sujetos a lo largo de las piernas. Afirma que los guardias le acercaban electrodos. Cuando el autor intentaba soltarse, recibía directamente una descarga". "El 16 de enero, por miedo a represalias, firmó ante un abogado de oficio una declaración dictada por los propios guardias civiles", acreditó el Comité Contra la Tortura de la ONU.

"Les están machacando"

"Aquello fue tremendo. Casi se les queda en el calabozo", sostiene su hermano Joxe Ramón. Aún sorprendido por la decisión del Supremo, este vecino de la localidad guipuzcoana de Arrasate dice que a veces siente que nada ha cambiado. "Hace tres años que ETA hizo lo que se le pedía. Sin embargo, por el otro lado no se ha dado ningún paso: las condiciones en las cárceles son peores. Les están machacando, y no vemos ningún paso por parte del gobierno español. Esto es denigrante", denuncia.

Tras el varapalo del Tribunal Supremo, tanto Joxe Ramón como el resto de familiares de presos abertzales están pendientes de la decisión que en los próximos días adoptará el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis de Castro, quien deberá pronunciarse sobre una serie de peticiones de acercamiento a cárceles de Euskadi formulada por un grupo de reclusos. Los antecedentes no invitan al optimismo: antes de llegar a Castro, los presos ya se toparon con los sucesivos "no" de las Juntas de Tratamiento de sus respectivas prisiones, que rechazaron de forma monolítica las peticiones individuales de traslados a cárceles cercanas a sus domicilios.

"Lo que está haciendo el gobierno español es una puñetera venganza. Lo que pasa es que este gobierno sabe que se le acaba la legislatura, y quiere morir matando. Este será el pastel que le dejará a quienes le sucedan", reflexiona Arkauz. Mientras, a 800 kilómetros del Mondragón que le vio crecer, su hermano Josu acaba de perder su penúltima esperanza.