La prioridad del Gobierno de coalición para esta segunda parte de la legislatura, pues se da por hecho que no habrá elecciones generales hasta finales de 2023 una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado, es impulsar la recuperación económica y social. Un objetivo que, para ser percibido por los ciudadanos, tendrá que traducirse en medidas de gran calado publicadas en el Boletín Oficial del Estado.

Después de que la actividad parlamentaria de los últimos meses haya estado copada por el desarrollo de iniciativas para allanar la llegada de los fondos europeos, imprescindibles para la acción política del Ejecutivo, como las cuentas públicas para 2022 o la reforma de las pensiones, las fuerzas que sostienen al Gobierno de coalición, PSOE y Unidas Podemos, pisarán previsiblemente el acelerador legislativo en el Congreso para sacar adelante otras normas pendientes de abordarse, según han confirmado a este medio fuentes de ambos grupos.

Es el caso, por ejemplo, de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual, más conocida como ley del solo sí es sí. La norma dirigida por el Ministerio de Igualdad pone en el centro el consentimiento de la mujer ante una relación sexual mediante la modificación del Código Penal para unificar los delitos de agresión y abuso sexual en un mismo tipo penal.

Tras 14 ampliaciones del plazo de enmiendas, los grupos registraron el pasado 22 de diciembre sus modificaciones al texto, por lo que el siguiente paso será la discusión de estos cambios en la ponencia. En este sentido, la recuperación de la tercería locativa (una figura jurídica que establece penas de prisión para los proxenetas) centrará el debate debido a las críticas que ha recibido esta medida abolicionista por parte de los socios del Gobierno, incluido En Comú Podem.

También, la reforma que penaliza el acoso frente a las clínicas abortivas, cuya cobertura se ha ampliado a los facultativos y directivos de los centros habilitados para interrumpir el embarazo, está a un paso de aprobarse en el Pleno del Congreso. Y es que, antes de final de año, la comisión de Justicia ya dio su visto bueno a la iniciativa legislativa del PSOE, que propone penas de prisión desde tres meses hasta un año o de trabajos en beneficio de la comunidad para quien hostigue a una mujer o a los profesionales en el proceso de interrupción del embarazo.

'Ley mordaza', 'ley Zerolo' y voto rogado

Dentro de este plan de dar luz verde cuanto antes a las iniciativas que hasta hace poco dormían en el sueño de los justos destacan también las peticiones de una mayoría de la Cámara Baja, lideradas por los partidos del Gobierno, para celebrar sesiones extraordinarias en enero, un mes que está fuera del periodo de sesiones, de las ponencias de las leyes conocidas como ley mordaza y ley Zerolo.

La primera, la ley de protección de la seguridad ciudadana, será uno de los primeros escollos de 2022 que el Ejecutivo tendrá que sortear en el Congreso, ya que sus principales socios parlamentarios, ERC y EH Bildu, han tildado de "maquillaje" y "cambio cosmético" la propuesta de PSOE y Unidas Podemos para modificar esta norma restrictiva, unos cambios que distan mucho de la promesa de derogación íntegra de la ley mordaza.

En cuanto a la ley de igualdad de trato y no discriminación, cuyo registro hace un año por parte del PSOE abrió una brecha en el seno de los partidos que sostienen el Gobierno, cobrará este mes un nuevo impulso con la discusión de las modificaciones registradas por los grupos después de que el plazo de enmiendas se cerrara en mayo del año anterior.

Asimismo, en enero se celebrará previsiblemente la comparecencia del presidente de la Junta Electoral Central en el marco de la subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral (LOREG). El objetivo de este órgano parlamentario es estudiar nuevos cambios para introducir en la proposición de PSOE y Unidas Podemos que pretende recuperar el sistema de voto sin solicitud previa y cuya tramitación se espera que concluya antes de verano.

Salud mental, cannabis y empresa pública de energía

La llegada de la pandemia ha puesto la salud mental en el centro del debate político. Para atajar este problema, agravado por las repercusiones sociales y económicas del impacto de la covid-19, desde Unidas Podemos se marcan como prioridad que su ley general de salud mental (pone el foco en la prevención del suicidio y establece unas ratios mínimas de profesionales) reciba el visto bueno del Parlamento "cuanto antes" después de ser tomada en consideración por 194 votos a favor y solo 10 en contra.

De igual forma, para hacer frente a otro problema estructural como es la subida abusiva del precio de luz, el grupo morado llevará previsiblemente al Pleno en el próximo periodo de sesiones (febrero-junio) su propuesta de creación de una empresa pública de energía, una medida que no concita el apoyo de su socio en el Gobierno de coalición al entender que no tendría "impacto real" en la factura. En la universidad de otoño de Podemos, su secretaria general, Ione Belarra, anunció que su objetivo era el de tener una empresa pública "en cada sector estratégico".

Asimismo, los partidos que sostienen el Ejecutivo confían en que los trabajos de la subcomisión para analizar la legalización del uso terapéutico de la marihuana en España concluyan antes de verano. El objetivo es que los grupos acuerden unas conclusiones en torno a esta cuestión para ser elevadas posteriormente al Gobierno de coalición.

Las leyes del Gobierno en el Consejo de Ministros

Además de las normas que ya están en periodo de tramitación parlamentaria, el Gobierno tiene previsto llevar otras leyes al Consejo de Ministros en los primeros meses del recién estrenado año. Este es el caso de la ley de Vivienda, desarrollada conjuntamente por el Ministerio de Derechos Sociales y por el de Transportes.

Aunque se aprobó en primera lectura en el Consejo de Ministros a finales de octubre, Transportes no remitió el texto al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el denominado trámite de consultas hasta diciembre. Se espera que esta ley pueda aprobarse de manera definitiva y llegue al Congreso en enero.

La ley de protección animal (que emana también del Ministerio de Derechos Sociales) está preparada desde primeros de octubre, y el contenido está ya negociado con los distintos departamentos implicados. En este momento depende de La Moncloa que se lleve al Consejo de Ministros, aunque la previsión es la de aprobarla en la segunda quincena de febrero (después de las elecciones de Castilla y León, una comunidad donde la práctica de la caza es habitual).

En los primeros meses de este año también se llevarán al Congreso la ley de familias y la ley trans. El Ministerio de Igualdad mandó esta última norma, ya cerrada en sus contenidos, a Justicia a finales de octubre, y el departamento dirigido por Pilar Llop remitió la ley a los órganos consultivos a mediados de diciembre, por lo que se está a la espera de que estos órganos la devuelvan para poder llevarla al Consejo de Ministros.