El Gobierno ha dado luz verde esta mañana al paquete de regeneración democrática, que incluye una serie de medidas legislativas encuadradas en la lucha contra la corrupción a la que se comprometió Mariano Rajoy en el último Debate sobre el estado de la Nación, el pasado mes de febrero.

Las principales novedades de esta batería de propuestas, que incluye un anteproyecto de ley de control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos y otro relativo a la regulación del ejercicio del cargo público, son la prohibición a las entidades bancarias de condonar las deudas a los partidos políticos (no así a sus fundaciones, protegidas por los sistemas de patronazgo) y el veto, asimismo, de las donaciones a estas formaciones por parte de personas jurídicas. Precisamente, el PSOE presentó una proposición de ley en este sentido en el Congreso el martes, pero el PP la rechazó a la espera de que el Gobierno presentase sus propias leyes.

El primer paso para intensificar la legislación contra la corrupción lo dio el Gobierno el pasado 20 de septiembre con un Informe de Regeneración Democrática que incluía tres núcleos normativos: el relativo a la regulación de las finanzas de los partidos, el centrado en ajustar la legislación de las funciones de los cargos públicos y un conjunto de medidas procesales y penales anticorrupción.

El apartado sobre la financiación de los partidos políticos es el más llamativo, por cuanto supone una respuesta del Gobierno al caso Bárcenas, que afecta de lleno a los principales dirigentes del PP, incluido el presidente. Sin citar al extesorero de su partido ni a la confirmación judicial de que hay indicios en las cuentas de éste de una financiación paralela en negro sostenida en el tiempo, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría ha anunciado la aprobación de la ley de control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos, que plantea la regulación de la actividad de los responsables las finanzas de los partidos. Los tesoreros deberán comparecer anualmente ante el Congreso de los Diputados.

Asimismo, todos los partidos están obligados a publicar en sus webs todas las subvenciones recibidas, así como las donaciones de personas físicas, ya que las de personas jurídicas (empresas, etc.) están prohibidas. También deben establecer un procedimiento de aprobación de cuentas en sus estatutos, a aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación, y a inscribir a las fundaciones o asociaciones que estén vinculadas a ellas. Además, se fijarán controles con respecto a las aportaciones que perciban esas fundaciones.