El Gobierno ha acordado en el Consejo de Ministros prorrogar por cuatro meses la rebaja del 21 al 10 % en el IVA que grava la luz y del 5,1 al 0,5 % del impuesto eléctrico, así como la suspensión del impuesto del 7 % a la generación eléctrica.

El Ejecutivo también extenderá hasta el 30 de abril los descuentos del bono social eléctrico, de entre el 60 y el 70%. Ambas son medidas que estaban vigentes desde el pasado verano y que caducaban al final de año.

La inversión adicional para mantener las dos medidas alcanza los 2.000 millones de euros, según ha detallo la ministra portavoz, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El objetivo del Gobierno es ayudar así a paliar el impacto en los consumidores del encarecimiento de la luz. La electricidad ha alcanzado este mismo martes un nuevo máximo histórico en el mercado mayorista, al superar los 360 euros el megavatio hora.

Asimismo, el Consejo de Ministros ha aprobado la prórroga durante el primer semestre de 2022 del IVA superreducido de las mascarillas (4%) y la exención del IVA para la compra de material sanitario de protección contra la covid-19 por parte de hospitales y entidades públicas, lo que tendrá un coste de 225 millones de euros, según recoge Efe.

Aprobada la nueva Ley Concursal, que pasará al Congreso

El ejecutivo también ha dado luz verde al proyecto que reforma la Ley Concursal y traspone la directiva europea de insolvencias, con el que pretende "salvar empresas viables" que no pueden afrontar sus deudas por la crisis derivada de la pandemia. Este proyecto ahora tiene que someterse a debate en el Congreso, donde se tramitará por la vía de urgencia con el objetivo de que entre en vigor antes del próximo verano.

Según ha dicho la ministra de Justicia, Pillar Llop, en rueda de prensa posterior al Consejo, el objetivo de la norma es que "ninguna empresa viable tenga que bajar la persiana". "No queremos que nadie deje de emprender por culpa de un proyecto fallido que le lastre para siempre", ha señalado

La Agencia Efe recoge que la reforma concursal tiene como elemento central los planes de reestructuración, que sustituyen a los antiguos acuerdos de refinanciación y buscan facilitar que las empresas deudoras viables dispongan de un instrumento eficaz para evitar la insolvencia o salir de ella.