El Gobierno, en el marco de los acuerdos con los principales sindicatos en el diálogo social, va a desplegar en 2023 políticas de protección de rentas que afectan a alrededor de 17 millones de personas. El incremento de las pensiones y de prestaciones sociales como el Ingreso Mínimo Vital, la subida del sueldo de los trabajadores públicos y el reciente pacto para subir el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros son las principales herramientas que utilizará el Ejecutivo para tratar de luchar contra la pérdida de poder adquisitivo que provoca la inflación.

El incremento de las pensiones y del salario de los trabajadores públicos se desplegó tras la entrada en vigor de los Presupuestos Generales del Estado para el 2023, es decir, desde el 1 de enero. Ambas medidas devienen de pactos alcanzados con las organizaciones sindicales de Comisiones Obreras y de la Unión General de Trabajadores el pasado año.

En el caso de los sueldos públicos, el Ejecutivo y las organizaciones sindicales rubricaron un acuerdo para implementar una subida del 2,5% en 2023, un incremento de las retribuciones públicas que se incluyó en los PGE. Según los últimos datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, en España hay 2.717.570 trabajadores públicos, que se verán interpelados por esta subida.

Además, en el acuerdo se recoge la posibilidad de una subida adicional del 0,5% vinculada al IPC acumulado de 2022 y 2023, si supera el 6%; y otro eventual incremento del 0,5% vinculado al PIB, en caso de que sobrepase el 5,9%. En 2022 el salario de los trabajadores públicos subió un 2% y, aunque no existe un acuerdo formal de momento, habría consenso en diseñar una senda de subida del 8% (que podría llegar al 9,5% en función de la evolución del PIB y de la inflación) entre 2022 y 2024.

Las pensiones también se incrementaron mediante la vía presupuestaria y la subida entró en vigor el 1 de enero. En este caso, las pensiones de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, y las pensiones de Clases Pasivas, incluido el importe de la pensión mínima, se revalorizaron un 8,5% para 2023, que es la inflación media del año anterior.

Además, las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez y los perceptores del Ingreso Mínimo Vital mantendrán en 2023 el incremento extraordinario del 15% que se aprobó en el decreto de junio de 2022 para hacer frente a las consecuencias socioeconómicas derivadas de la guerra de Ucrania. 

En total, la cobertura de estas prestaciones afecta a unos 11,8 millones de personas, entre beneficiarios de pensiones contributivas y no contributivas (casi 10 millones de personas, según el Instituto Nacional de Estadística), los de Clases Pasivas, los hogares que reciben el Ingreso Mínimo Vital y los perceptores de prestaciones por hijo a cargo con discapacidad. Todos estos colectivos mantendrán, como mínimo, el nivel de rentas que tenían en 2022 pese a la inflación (y en el caso de las familias más vulnerables, lo verán incrementado).

Los salarios en convenio, lejos del nivel de la inflación

El último instrumento desplegado para proteger el nivel de renta de los colectivos con ingresos más bajos es la subida del salario mínimo interprofesional. CCOO, UGT y el Ministerio de Trabajo acordaron este martes elevar la cuantía del SMI de 1.000 a 1.080 euros, es decir, un 8% (tan solo un 0,5% menos que la inflación media de 2022). 

Esta subida beneficiará a 2.272.000 personas asalariadas, de las cuales 1.926.000 trabajan a tiempo completo y 348.000 trabajan a tiempo parcial, según datos de un informe del Gabinete Económico de Comisiones Obreras sobre el impacto del SMI realizado a partir de los salarios de la submuestra anual de la EPA de 2021.

La subida del salario mínimo, establece este informe, ayudará a cerrar la brecha salarial de género: del total de beneficiarios de la subida a tiempo completo, el 57,5% son mujeres y el 42,5% hombres; mientras que la incidencia sobre el total de mujeres que trabajan a tiempo completo es del 18,2% y del 10,3% entre los hombres.

También tendrá un impacto notable en la brecha generacional: el 31,7% de la población de 16 a 24 años que trabaja a jornada completa y el 19,2% de la población de 25 a 34 años que trabaja a jornada completa se verán beneficiados por la subida. 

Más allá de las prestaciones desplegadas por el Gobierno, las organizaciones sindicales también han actuado de cara a la protección de las rentas salariales en el marco de la negociación colectiva, aunque en este caso bastante por debajo del coste que acarrea la inflación. En 2022 los salarios en convenio subieron un 2,78% de media para los nueve millones de trabajadores que pactaron sus condiciones salariales para ese año, la mayoría sin cláusula de garantía salarial.

Los salarios pactados en convenio hasta diciembre de 2022 recogen subidas muy por debajo de la inflación: casi la mitad de la población cubierta por convenio ha pactado subidas que no superan el 2%; un 21,3% ha pactado subidas salariales entre el 2% y el 3%; y el 30,2% restante de la población asalariada ha pactado subidas por encima del 3% (con una subida media del 4,84%), según datos del informe de Coyuntura Económica de CCOO que analiza la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y el peso de los beneficios empresariales en la inflación, elaborado el pasado mes de diciembre.