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El Gobierno suprime las tasas judiciales sólo para las personas físicas

Las PYMES deberán continuar pagando este impuesto que limita el acceso a la justicia. Rajoy se mete en el 'jardín' de los partidos judiciales: los juzgados sobrecargados podrán enviar asuntos a los que tengan menos trabajo más allá del territorio. Y se amplía el recurso de casación ante el Supremo

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La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y los ministros de Justicia Rafael Catalá (izq.) y de Economía Luis de Guindos durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros. EFE/SERGIO BARRENECHEA

MADRID.- El Gobierno sólo reducirá las tasas judiciales para las personas físicas acuden a los tribunales, pero no introduce medida alguna para las pequeñas y medianas empresas, asociaciones o comunidades de propietarios, además de la gran empresa.

El Consejo de Ministros ha aprobado un decreto ley de eficacia inmediata por el que se suprimen las tasas "en todas las instancias y en todos los órdenes" sólo para las personas físicas.

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que esta medida se puede abordar por los esfuerzos del conjunto de la sociedad y de la mejora de la capacidad recaudatoria del Estado, fruto de los cuales "podemos abordar esa reivindicación extendidísima" en la sociedad, según ha asegurado en rueda de prensa celebrada al término del Consejo de Ministros.

Rafael Catalá ha asegurado que, desde que en 2012 se extendieron las tasas, el Gobierno no ha detectado que las tasas hayan tenido
"un impacto directo en la reducción de la litigiosidad.

Esta supresión de tasas se incluye en el Decreto de Medidas urgentes para la reducción de la carga financiera y de orden social.

Catalá ha revelado que en las últimas semanas han  trabajado con la CEOE para valorar el impacto de las tasas sobre las  distintas empresas. En el caso de las PYMES, ha resaltado que están exentas hasta 2.000 euros. Además, colaborarán para encontrar una solución en la condena en costas.

Respecto a los 512 millones de euros recaudados hasta ahora por las tasas implantadas en el año 2012, Catalá ha destacado que no es que el Gobierno no sepa a dónde van las tasas, como se decía en una respuesta parlamentaria de su ministerio. Van "a la agencia tributaria, a la caja común". 

Catalá ha sostenido en rueda de prensa que"las tasas no están afectadas a un fin y, como cualquier tributo, no están afectadas" ni ligadas a un fin concreto, ha insistido al ser preguntado sobre estas tasas que implantó el PP en 2012 para, en teoría, financiar la justicia gratuita.

Reconoce que la decisión actual consiste en regresar al sistema que había antes de la reforma del Gobierno del PP en el año 2012 en lo referente a las personas físicas.

Entran en el 'jardín' del  mapa judicial de España

Otra de las medidas anunciadas ha sido la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, la sexta que emprende el Gobierno de Mariano Rajoy desde que llegó al poder.

En este ámbito, se mete en un jardín polémico desde hace 200 años: el mapa judicial. Catalá ha anunciado que se reformará la ley para que los juzgados sobrecargados y existan juzgado próximos menos cargados, la nueva ley permitirá distribuir el trabajo. A este respecto, Catalá ha resaltado que " se rompe el principio del partido judicial", manteniendo los juzgados.

En España, y al  igual que los hospitales, existe una distribución de juzgados en territorios. Este mapa fue diseñado hace dos siglos, aunque se haya alterado en este tiempo. Los alcaldes de las localidades que son cabeza de partido judicial se resisten a perder ser la capital del juzgado. El Gobierno del PP ha intentado modificar el mapa judicial en la etapa del Alberto Ruiz-Gallardón, pero se encontró con la oposición de muchos alcaldes.

La opción del Gobierno es "romper el principio del partido judicial",  según Catalá, para que los juzgados más sobrecargados puedan enviar asuntos a otros juzgados con menos carga de trabajo al margen del territorio donde administran justicia.

Esta posibilidad está ya prevista en la LOPJ vigente, pero exige una reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial, que el Gobierno no quiere abordar en pleno año electoral.

Por ello, Mariano Rajoy opta por reformar la ley para que la extensión de la  jurisdicción sea decidida por decreto del Gobierno, previa propuesta del Consejo General del Poder Judicial y con informe de las administraciones afectadas.

En el ámbito provincial, se prevé que las Salas de Gobierno
puedan modificar las  normas de reparto de los asuntos que entran en los juzgados para "equilibrar la distribución de asuntos en determinados juzgados". Sin embargo, esta medida es arriesgada respecto al principio del juez natural ya que los presidentes de los tribunales superiores de justicia son nombrados por el CGPJ, cuyos miembros a su vez son elegidos directamente por los grupos parlamentarios, tras la última reforma de Rajoy.

Ese CGPJ nombrado por el Parlamento dispondrá, además, de un mecanismo para distribuir causas especiales, circunstancia que también puede alterar la independencia judicial. 

 La reforma permitirá al CGPJ especializar uno o varios órganos judiciales, de forma temporal, si así se determina en función del cúmulo de asuntos, "para enjuiciar y resolver aquellas causas específicas que se determinen y que puedan ser tramitados por un mismo órgano judicial, lo que facilitará la unificación de criterios y la agilización en las resoluciones", sostiene la nota de prensa de Justicia difundida tras la rueda de prensa.

Responsabilidad patrimonial de los jueces

Los jueces son los únicos funcionarios públicos que tienen una responsabilidad personal sobre sus decisiones cuando imparten justicia. Catalá ha anunciado que la reforma igualará la responsabilidad de los jueces a la del resto de funcionarios públicos, más allá de que luego la administración pueda reclamar el dinero cuando se haya acreditado que hayan actuado con dolo en su trabajo.

Reforma de la casación ante el Supremo

El Gobierno también reformará la casación ante el Tribunal Supremo en el ámbito contencioso. Estaba limitada a los 600.000 euros y ahora se extiende a cuestiones competenciales, más allá de esta barrera económica.

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