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El Gobierno de Susana Díaz se compromete a impulsar las exhumaciones de las fosas comunes

En el último consejo de Gobierno, justo antes de que arranque la campaña electoral, la Junta aprueba el I Plan de Memoria Democrática, que fija como “prioritarias” las exhumaciones y busca reconocer y dignificar a las mujeres represaliadas

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Pepita Amado, cuyo padre fue concejal republicano del Ayuntamiento de Sevilla, se hace la prueba del ADN.

En el último Consejo de Gobierno antes de que arranque la campaña de las autonómicas, el Ejecutivo que preside Susana Díaz, quien aspira a la reelección, aprobó el I Plan de Memoria Democrática, que fija como prioritaria la exhumación de fosas comunes y prevé también actuaciones para el reconocimiento de la represión sobre las mujeres. El plan, que tiene una duración de cuatro años, por lo que su implementación efectiva corresponderá al próximo Gobierno, lo presentó el propio vicepresidente de la Junta, Manuel Jiménez Barrios, quien afirmó que el compromiso del Ejecutivo con las políticas de memoria es “total”.

En marzo de 2017, el Parlamento de Andalucía aprobó la nueva Ley de Memoria Democrática, con los votos de PSOE, Podemos e IU. De esa norma emerge el plan que esta mañana aprobó el Gobierno y que supone "un paso más" en el desarrollo de la norma, según Jiménez Barrios. El presupuesto comprometido es de casi 11 millones de euros, del que más de la mitad, unos 5,3 millones, irá dirigido a intervenciones en fosas comunes e identificación genética.

Aunque las cifras son estimativas -teniendo en cuenta la fecha en la que se comprometen, a las puertas de unas elecciones- de ejecutarse, supondrían un empujón a las exhumaciones. Valga un ejemplo para ilustrarlo. La exhumación de los más de 1.100 cadáveres de víctimas de la Guerra Civil que están en la fosa de Pico Reja del cementerio de Sevilla, y cuyos trabajos están a punto de comenzar, tiene un coste de aproximadamente 1,2 millones de euros, de los que la Junta aportará solo una parte.

En Andalucía, según la información recopilada por el Gobierno autonómico, hay al menos 708 fosas comunes, en las que se estima que hay más de 45.000 personas. De ellas, se han exhumado más de 6.000 personas desde el año 1975, ya fuese en acciones impulsadas de manera privada por las propias víctimas y los ayuntamientos, la mayoría, ya contasen con financiación pública.

"La recuperación de la memoria de los andaluces y andaluzas represaliados es un deber de la administración"

“El reconocimiento institucional y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo es el eje central de desarrollo" del plan. “La recuperación de la memoria de todos los andaluces y andaluzas perseguidos o represaliados durante la Guerra Civil y dictadura, además de una obligación moral y deber de la administración pública, es un derecho ciudadano”, se afirma en el texto. “La represión durante la Guerra Civil y la dictadura franquista fue atroz y poliédrica, y se manifestó en los más diversos ámbitos de la esfera pública y privada de los vencidos, conduciéndolos a un estado de marginación social y paralización anímica a base de miedo y silencio”.

“La intervención en fosas -prosigue el texto del plan- debe abordase como prioritaria, y desde la base del rigor científico, sobre todo para no crear falsas expectativas entre los familiares en relación con la identificación de la localización de las personas desaparecidas y su recuperación, ya que no siempre es posible, por diversas circunstancias de tipo técnico. Así, incluso conociendo el número e identidad de las víctimas, es difícil esclarecer dónde fueron enterradas, apenas hay registro documental de las personas desaparecidas y de las fosas, otras fosas tras más de 70 años de abandono están parcial o casi definitivamente destruidas…”

Las formas de la represión

El plan describe con estas palabras la represión y la violencia posterior al golpe de julio de 1936. “Junto a las decenas de miles de personas asesinadas, como máxima expresión de la violencia, la represión física se manifestó también en los campos de concentración y las prisiones, los batallones disciplinarios, las colonias penitenciarias y los destacamentos penales, y en los que la situación de explotación física a partir de la esclavitud, unida a las condiciones infrahumanas de hacinamiento, carencia alimenticia y nulos cuidados médicos, provocaron miles de muertes más”.

Y continúa así: ”También existió represión sobre personas que, incluso después de haber perdido la vida, vieron abocadas a sus familias al expolio económico y patrimonial, familias que en muchos casos ya estaban en una situación precaria. Otras fueron expulsadas de sus puestos de trabajo, o mantenidas, pero a costa de la explotación laboral y la vejación social. En otros casos la represión se manifestó en forma de desarraigo territorial y sentimental, como de sangría intelectual y laboral, a partir del exilio político e ideológico”.

Se buscaba "la eliminación del espacio público de todos los partícipes de un proyecto republicano"

El texto no se olvida del proyecto republicano: “En muchas ocasiones llegaron a coincidir todas estas variantes, de la misma forma que fueron muchas personas las que sufrieron otra forma de represión, no siempre tipificada en los análisis, y resultante de una represión del día a día, producto en buena medida de la instauración de un país parapolicial y autovigilado en el que una de las vías rápidas para la aquiescencia con el franquismo era la delación y el señalamiento, y la expulsión del espacio público de todas las personas que de una u otra forma fueron consideradas partícipes de un proyecto republicano que debía ser eliminado”.

La demonización de la mujer

La represión tuvo también una incuestionable variante de género. La proliferación, a partir de 1931, de la participación de la mujer en la vida pública, su participación en la política, sus acciones, ya en pleno contexto de golpe de Estado de 1936, de defensa activa de la legalidad republicana, e incluso su papel en el mantenimiento de la resistencia guerrillera antifranquista, la convirtieron en objetivo de un proceso de demonización que la situaba como doble víctima: no sólo era un elemento contrario al régimen, sino un elemento fuera de lo que se consideraba su entorno y su competencia.

Así, el Gobierno andaluz se plantea como objetivo establecer medidas de reconocimiento de las víctimas y familiares, dignificando a las mujeres, a través de “la visibilización y caracterización de la represión ejercida sobre las mujeres; los estudios e investigaciones específicas sobre represión y género, y [atendiendo] a las víctimas de la desaparición forzada de hijos e hijas”. “La represión que sufrieron las mujeres no debe considerarse -considera el Gobierno andaluz- como una mera variante de la represión general, sino como una categoría diferenciada y relevante que, en palabras de algunos estudiosos, se ha denominado represión ideológica, ya que buscaba crear una sociedad de mentalidad única”.

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