El Gobierno Vasco desahucia a una víctima de violencia machista en Barakaldo

Rabia y dolor en la calle "La Felicidad". Una mujer víctima de violencia machista que vivía en esa zona de Barakaldo ha sido desahuciada este miércoles por orden de un juzgado y con la ayuda de la Ertzaintza. La vivienda donde ha residido hasta este mañana junto a dos menores a su cargo pertenece al programa de alquiler social del Gobierno Vasco.

Ha venido la comitiva judicial junto a la Ertzaintza. Han sacado los enseres que quedaban en la casa, han cerrado y a la calle. "Ella va a salir ahora de la casa. Está muy nerviosa", decía sobre las 10.30 de la mañana Karmele Andrés, integrante del centro de asesor de la mujer Argitan.

Andrés estaba fuera de la vivienda cuando llegaron los policías. Allí, en el exterior de la casa, ha tenido lugar una protesta de la plataforma social Berri Otxoak, que ha criticado el papel del Gobierno Vasco en este asunto. "El desalojo se ha producido a instancias de la Sociedad Pública de Alquiler Alokabide, del Ejecutivo autonómico, que sólo en 2018 desahució a 184 familias vascas", lamentó.

El desahucio de este miércoles ha sido el fin de un auténtico calvario. Inicialmente se anunció para el verano de 2019, pero los abogados de la víctima consiguieron aplazarlo. "La mujer ha intentado repetidamente reunirse y obtener una propuesta institucional, pero ni los servicios sociales del Ayuntamiento ni Alokabide han atendido durante meses a la familia", denunció Berri Otxoak.

En tal sentido, ha advertido que "pese a sus repetidas peticiones y pese a ser víctima de violencia machista, la familia ha vivido amenazada de desahucio más un año y medio sin que las instituciones ofrecieran una salida definitiva y digna". Los colectivos han subrayado así mismo "la angustia que viven, por esta situación, tanto la mujer como sus hijos". "El futuro de esta barakaldesa y de los menores es incierto", han advertido estos colectivos.

Cuatro desahucios por semana

Poco después de que la mujer fuera expulsada de la vivienda, los colectivos sociales que se concentraron allí fuera recordaron que "cada semana se produce una media cuatro expulsiones de sus casas en Barakaldo". En esa línea, remarcaron que "ya son más de 1.500 desahucios desde que el 9 de noviembre de 2012 se quitara la vida la vecina Amaia Egaña en el mismo momento en el que llegaba a su piso la comitiva judicial".

"Incumplimientos graves"

En noviembre pasado, el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco alegó que el titular de la vivienda –ex pareja de la mujer desahuciada– acumulaba una deuda que rondaba los 11 mil euros. Aseguró además que "se le ofreció por su situación familiar que se subrogara el contrato".

Desde el Ejecutivo autonómico dijeron entonces que en los informes no constaba "ninguna denuncia de malos tratos", algo que fue rechazado por el entorno de la afectada. 

Este martes, desde el Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco remarcaron que "Alokabide no echa a nadie porque no pueda pagar el alquiler". "Tiene que ser por incumplimientos muy graves, que en este caso se han dado", señalaron.

Aseguraron además que se ha tratado de un caso "atípico" y remarcaron que "la única forma" que ha tenido la administración para actuar en este caso "ha sido el desahucio".  Del mismo modo, aseguraron que el Ararteko ha archivado una queja por este caso.