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El Gobierno y el PP quiere evitar el "paseíllo" de la infanta antes de declarar ante el juez

Gallardón recalca que puede 'ser perjudicial' para la hija del rey, mientras Esperanza Aguirre le 'parece estupendamente que la infanta entre por el garaje' de la Audiencia de Palma

PÚBLICO/ EUROPA PRESS

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, dijo este martes que confía en que la Audiencia de Palma evitará que la infanta Cristina, cuando vaya a declarar ante el juez Castro, tenga que enfrentarse a 'situaciones de carácter previo' que puedan considerarse 'perjudiciales' para ella.

Esa fue la respuesta de Gallardón cuando le preguntaron en una entrevista en la Cope si se podría evitar a la infanta el 'paseíllo' al bajar la cuesta para entrar en los juzgados de Palma, algo que sí tuvieron que hacer todos los imputados del caso Nóos. 

'No se deben producir penas paralelas', dijo Gallardón, quien se mostró 'seguro' de que que la Sala de Gobierno de la Audiencia de Palma tomará medidas para evitar que se dé 'una situación que pueda considerarse perjudicial para la persona que acude a declarar, si no es necesario para el buen fin de la declaración'.

Según Gallardón, es 'obvio' que la 'actitud de colaboración' que a su juicio ha tenido la infanta no debe ir acompañado de esa 'pena paralela'. El ministro sí cree, a diferencia del juez Castro, que Cristina colabora con la Justicia 'de forma voluntaria' puesto que ha renunciado a su 'legítimo derecho constitucional' a recurrir su imputación.

De la misma opinión se mostró la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre: 'Me parece estupendamente que la infanta entre por el garaje de la Audiencia de Palma porque la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo'. 'Todos somos iguales ante la ley pero no ante los medios de comunicación y eso es una verdad como un templo', ironizó Aguirre.

El portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, también dijo que 'no se haga espectáculo' con las actuaciones judiciales y que se lleve a cabo con la mayor normalidad posible. Alonso respondía así a la pregunta de si considera que a la infanta Cristina podría evitársele 'el paseíllo al entrar en los juzgados de Palma' cuando acuda a declarar y que se permita que entre por el garaje.

Sin embargo, la defensa de la infanta no considera fundamental si Cristina debe bajar a pie o no la cuesta de los juzgados de Palma cuando acuda a declarar el 8 de febrero. El abogado Miquel Roca ya respondió el lunes a los periodistas que es 'absolutamente anecdótico' si se la verá bajando la cuesta.

En todo caso, la decisión final le corresponde al juez decano de Palma, Francisco Martínez Espinosa. Será él quien decidirá si la infanta hace o no el llamado 'paseíllo'. Como en las declaraciones de Iñaki Urdangarin en febrero de 2012 y 2013, Martínez Espinosa establecerá las condiciones externas en que se celebra la comparecencia como imputada de doña Cristina a partir de las indicaciones que le planteen los responsables del dispositivo policial de seguridad.

Cuando el esposo de la infanta declaró por primera vez, el juez decano accedió a que bajase en coche hasta el patio en el que se encuentra la puerta del juzgado de guardia, aunque finalmente Urdangarin descartó esa opción, descendió la cuesta a pie e, incluso, hizo declaraciones a los periodistas. En la segunda ocasión, también bajó andando. 

La declaración de la Infanta Cristina, cuya comparecencia en calidad de imputada está prevista el próximo 8 de febrero, será grabada en vídeo, para lo cual el juez instructor del caso Nóos, José Castro, ya ha solicitado asistencia técnica de cara a preparar los mecanismos necesarios para la grabación, según han confirmado fuentes judiciales.

El hecho de que la comparecencia sea grabada y no transcrita permitirá agilizar el interrogatorio, tal y como se ha hecho en la mayoría de declaraciones llevadas a cabo en el marco de esta causa. De hecho, las mismas fuentes han señalado que lo habitual es que las declaraciones sean captadas en vídeo para posteriormente ser plasmadas en formato papel, excepto si la parte afectada solicita expresamente que su deposición sea transcrita mientras al mismo tiempo que se le interroga.

Así sucedió en la primera declaración de Iñaki Urdangarín, efectuada en febrero de 2012, que pidió que el interrogatorio no fuese grabado y la comparecencia se prolongó durante dos días.

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