El Consejo de Ministros ha aprobado este martes Ley de Información Clasificada. Así lo avanzan a Público fuentes gubernamentales. Este proyecto de ley sustituye a la Ley de Secretos Oficiales del franquismo, del año 1968 y establece por primera vez la desclasificación automática de información clasificada cuando transcurran unos plazos determinados. 

La medida, impulsada por el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes que dirige Félix Bolaños, estipula que la información relativa a grandes violaciones de Derechos Humanos o crímenes de lesa humanidad no podrá ser objeto de clasificación. 

Según el texto se regularán cuatro categorías de información clasificada: "Alto Secreto", "Secreto", "Confidencial" y "Restringido". A cada una de ellas se le asigna gradualmente un límite temporal de clasificación teniendo en cuenta el riesgo de revelación no autorizada o uso indebido. El tiempo máximo de clasificación será de 45 años prorrogables de forma motivada otros 15 años. En este caso será para la categoría de "Alto secreto". 

En la categoría de "Secreto" se desclasificará la información pasados 35 años y solo será prorrogable 10 años más, también de forma excepcional y motivada. En la categoría de "Confidencial" se establece un plazo de desclasificación automática de entre siete y nueve años no prorrogables. Y, por último, la información clasificada como "Restringido" se desclasificará en un plazo de cuatro y cinco años, que tampoco se podrán prorrogar. Todos estos plazos concluirán de forma automática el último día del año en que venza el plazo de clasificación.

Se reducen así en 10 años los plazos máximos de la anterior propuesta realizada por el Gobierno en 2022 y que se guardó en un cajón tras constatarse la falta de apoyos parlamentarios y además producirse un adelanto electoral imprevisto en 2023. Si sale adelante la reforma actual se podrían conocer los "secretos" del franquismo o la Transición dependiendo de esa prórroga motivada de la que habla la ley.

La norma también establece quienes tendrán la competencia para clasificar y desclasificar información. Esta será exclusiva del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del Gobierno o de los ministros en los casos de "Alto secreto" y "Secreto" y de un número tasado y reducido de autoridades en el resto de categorías. 

Según ha destacado Bolaños durante la rueda de prensa ofrecida este martes en Moncloa la información clasificada será revisada periódicamente para ver si afecta a la defensa o seguridad nacional. Se podrá hacer de oficio o a petición de un ciudadano con interés personal o profesional como el caso de los medios de comunicación.

La ley introduce también un régimen sancionador administrativo para quien desvele información clasificada. Las sanciones van desde los 30.000 euros en los supuestos menos graves a los 2,5 millones de euros en los más graves. Con esta vía, aseguran fuentes del Gobierno, se crea un régimen más proporcional que el anterior. Este únicamente contemplaba la vía penal con elevadas penas de prisión. El derecho a la libertad de información se introduce como criterio de graduación de las sanciones, según señalan desde el Gobierno. 

Además el proyecto de ley establece la creación de la Autoridad Nacional para la Protección de la Información Clasificada.  Dependerá del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes con la excepción de la participación de la ministra de Defensa en las cuestiones relacionadas con la OTAN. 

Según destacan desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, con esta nueva legislación España se sitúa en línea con las "legislaciones más avanzadas" en materia de información clasificada. En este sentido recuerdan que países como Francia, Dinamarca o Suecia tienen plazos más extensos para la desclasificación que los previstos en esta ley. 

"Superamos una rémora de nuestra legislación. Avanzamos como una democracia madura que somos. Se protege la seguridad nacional. Hacemos compatibles todos estos elementos", ha afirmado el ministro. 

La reforma de la ley de secretos oficiales es una de las medidas incluidas dentro del Plan de Acción por la Democracia presentado por el Gobierno el pasado mes de septiembre. Bolaños ya había avanzado que su aprobación se daría de manera inminente. Grupos como el PNV llevan tiempo reclamando su impulso. En la última comparecencia de su ex portavoz en el Congreso, el propio Sánchez se comprometió a aprobarla durante esta legislatura.