El Gobierno propone endurecer los requisitos para construir en zonas inundables

El proyecto de real decreto de gestión de los riesgos de inundación que sale este jueves a información pública establece que las nuevas viviendas que se construyan en zonas inundables se levantarán al menos un metro por encima de la cota de agua y prohíbe que tengan garajes subterráneos, sótanos o cualquier edificación bajo rasante.

Junto al endurecimiento de los requisitos de construcción en esas zonas, el texto estipula que los edificios ya construidos tendrán que someterse a procesos de adaptación y defensa, con medidas que permitan reducir las consecuencias de las inundaciones, el fenómeno natural más dañino en España.

En las zonas inundables, cuando se trate de suelo rural, no se podrán construir nuevos equipamientos o servicios esenciales, ni tampoco centro deportivos cubiertos, superficies comerciales o zonas de acampada.

Sí se podrá construir en suelo urbanizado de zonas inundables, pero al menos un metro por encima de la cota de inundación y sin disponer de espacios bajo rasante.

En las zonas de flujo preferente -las franjas de las zonas inundables en las que se concentra el flujo durante las avenidas-, sobre suelo rural solo se podrá actuar para prevenir riesgos, con excepciones muy tasadas.

En suelo urbanizado en ese tipo de zonas especialmente peligrosas, se prohíben los nuevos usos residenciales y se suprime el régimen especial para municipios afectados por zonas de flujo preferente. Pero se habilita un régimen especial para municipios con más de un tercio de su superficie en zona inundable.

Los municipios, cuyos planes de protección civil están generalmente centrados en la evacuación, deberán contar con un nuevo plan de adaptación al riesgo de inundación.

"Ya no vale solo con salir corriendo. La tecnología permite que no entre el agua en los edificios", han indicado fuentes del Ministerio de Transición Ecológica. Este ministerio está trabajando con el de Vivienda en una ordenanza tipo para los municipios, que podrán luego adaptarla a las particularidades de su territorio.

Compraventa informada

El texto propuesto exige que, cuando se lleve a cabo la compraventa de un bien en zona inundable, tanto en las escrituras como en el registro figure el riesgo de inundación que afecta a ese bien, "para que quien compre lo haga bien informado".

La ministra Sara Aagesen se ha referido a este aspecto del real decreto en València y ha señalado que "el conocimiento de información no significa que esa vivienda no se pueda habitar, sino que en una situación de riesgo, saben que su casa es más vulnerable".

El real decreto establece el pago por servicios ambientales, de modo que si hay unos terrenos sobre los que hay que trabajar para disminuir el riesgo de inundación no haga falta expropiarlos, pero se indemnizará a sus dueños.

Mala memoria

Se va a dotar de rango legal al catálogo nacional de inundaciones históricas, como una gran base de datos, porque, salvo en episodios de dimensiones de la DANA de 2024, "a los dos o tres años la gente se olvida de las inundaciones", señalan desde el ministerio.

Los municipios deberán asimismo señalizar la altura a la que llegó el agua en pasadas riadas, como recordatorio permanente para la población. Las mismas fuentes esperan que el texto, modificado con las alegaciones que se considere, esté listo para enviarlo al Consejo de Estado antes de fin de año y que sea aprobado por el Consejo de Ministros durante esta legislatura.

El proyecto de real decreto es fruto, han añadido, "de una reflexión profunda" tras la dana de octubre de 2024 respecto a si la normativa "era robusta para afrontar los efectos del cambio climático".

Cunado hay un episodio extraordinario de inundaciones, la demarcación afectada abre automáticamente un proceso de revisión de su cartografía de zonas inundables. Pero tras la dimensión de la dana, no podían limitarse "a una revisión que afectase a solo una demarcación".