El Partido Popular busca la mejor fórmula para que Mariano Rajoy comparezca en el Congreso y dé explicaciones suficientes sobre el caso Bárcenas que permitan a los conservadores pasar un verano relativamente tranquilo, al margen de los sobresaltos inevitables, imprevisibles y asociados al goteo de información que irá proporcionando el extesorero de ahora en adelante.

Lograr unir todas las coordenadas en un punto que suponga el menor desgaste para el presidente del Gobierno es muy complicado, pero, en este momento, todos los conservadores parecen inclinarse en un sentido: Rajoy debe comparecer y desactivar la moción de censura anunciada por el PSOE. O, al menos, anunciar antes del fin del 24 de julio -fecha tope dada por Alfredo Pérez Rubalcaba para conocer la decisión del jefe del Ejecutivo- que comparecerá y dará explicaciones suficientes. En estos momentos, sólo se prevé que Rajoy haga la tradicional rueda de prensa de evaluación del curso político en La Moncloa y sin límite de preguntas, el viernes de la semana que viene (26 de julio) o el siguiente (2 de agosto), tras el Consejo de Ministros y, obviamente, éste no es el escenario que contempla la oposición parlamentaria.

Desde que el secretario general del PSOE anunció que habría moción de censura si Rajoy no se explicaba sobre las revelaciones del extesorero, los conservadores han ido reaccionando con el mismo mensaje pero con matices y han pasado del 'no' rotundo inicial al 'sí, pero' respetando los tiempos del presidente. El más contudente en este punto fue ayer el ministro de Industria, José Manuel Soria, que en una entrevista en RNE, aseguró tener el 'convencimiento' de que Rajoy informará al Congreso y de que 'no va a eludir ninguna responsabilidad'. Con todo, Soria -uno de los ministros más cercanos al líder del PP- insistió en el mensaje del PP: el presidente 'no comparecerá porque le puedan marcar la agenda política ni desde la oposición ni desde cualquier otro ámbito'.

En la misma línea que el titular de Industria se han ido expresando los barones del PP, los más interesados en que el jefe del Ejecutivo comparezca, despeje dudas y pueda ocuparse sin interferencias de la política social y económica. De hecho, está previsto que el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) se convoque para el 31 de julio -según desveló el martes la consejera de Castilla y León tras reunirse con el ministro de Hacienda- para encauzar definitivamente el tema del objetivo de déficit en las Comunidades y los líderes regionales del PP quieren la atención del Gobierno al cien por cien en este asunto.

El Ejecutivo extremeño, por ejemplo, aseguró ayer que ve 'lógico' que Rajoy dé explicaciones, aunque es él quien debe decidir 'el tiempo' y 'las circunstancias', argumentó la vicepresidenta Cristina Teniente. Otros líderes autonómicos, sin embargo, han sido más rígidos en su planteamiento y, como el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se han mostrado partidarios de que se responda a las informaciones 'una vez que hable la Justicia', lo cual podría dilatar demasiado las respuestas y en el propio PP -aun reconociendo lo acertado de las palabras de Feijóo, en cuya línea se ha manifestado el PP de Euskadi-, temen que la situación no sea sostenible tanto tiempo.

Una de las opciones que baraja el Grupo Parlamentario Popular es una Sesión de Control extraordinaria, lo que limitaría el número de preguntas al presidente a tres y con una intervención de dos minutos y medio cada una. Sin embargo, el PSOE ya ha dicho que rechazará esta fórmula y que sólo contempla el Pleno extraordinario monográfico, aseguró ayer en Cuatro la portavoz socialista en el Congreso. Soraya Rodríguez advirtió al PP de que 'sólo caben dos posibilidades', y es que el presidente del Gobierno comparece en el Congreso en un Pleno monográfico o el PSOE presentará una moción de censura. Esta posibilidad cuenta con el rechazo de un amplio sector de los conservadores, que creen que en un momento de relativa calma en los mercados, lo que menos interesa a España es la imagen de inestabilidad que proyectaría esta herramienta parlamentaria contra el jefe del Ejecutivo.