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Los gobiernos de Aznar indultaron a 85 condenados por malversación, el delito de Griñán

Todos los gobiernos han indultado a penados por malversación. En los últimos 25 años, han sido 152 medidas de gracia a condenados por este delito: 85 en los tiempos de Aznar; 47 en los de Zapatero; siete en los de González, cuatro en los de Rajoy y otros cuatro con Sánchez, según los datos recopilados por Civio.

El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparece ante la comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos del Senado.
El expresidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comparece ante la comisión de investigación sobre financiación de los partidos políticos del Senado. Eduardo Parra / Europa Press

El PP, también otros partidos, rechazan la idea de que el Gobierno de Pedro Sánchez (PSOE) conceda el indulto que impulsa "por humanidad y equidad" desde este verano la familia de José Antonio Griñán (PSOE), expresidente de la Junta de Andalucía, condenado por el Tribunal Supremo a seis años y un día de prisión por un delito de malversación relacionado con el llamado caso de los ERE.

El PP de Alberto Núñez Feijóo y de Juanma Moreno ha puesto el grito en el cielo ("es impresentable", ha dicho Cuca Gamarra, número dos del PP: "Ese dinero es de honrados andaluces que han pagado sus impuestos. Es gravísimo, de máxima gravedad") mientras que el Gobierno no descarta de plano el indulto: "Me parece fundamental poder plantearlo porque ustedes saben que ya el señor Griñán asumió consecuencias políticas con motivo de esta situación, ni más ni menos que dimitió como presidente de la Junta de Andalucía", dijo la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que fue consejera suya.

Desde el año 1996, sin embargo, es relativamente frecuente que los gobiernos, tanto de PP como de PSOE, concedan medidas de gracia por malversación de caudales. Así, han sido 152 indultos a penados por este mismo delito los otorgados en los últimos 25 años, según los registros de Civio. De ellos, el grueso los concedieron los gabinetes de José María Aznar (PP): nada menos que 85. Mariano Rajoy se limitó a aprobar cuatro.

Los Gobiernos socialistas también indultaron a condenados por malversación. El propio gabinete de Pedro Sánchez lo ha hecho en cuatro ocasiones; los de José Luis Rodríguez Zapatero en otras 47 ocasiones y en el año 1996, el entonces ministro de Justicia de Felipe González, Juan Antonio Belloch, firmó otras 7 medidas de gracia.

Entre los indultados en este tiempo, aparece entre otros, un expresidente de Cantabria, Juan Hormaechea, que fue indultado dos veces por los socialistas y que cometió la malversación por la que fue condenado en su primer mandato, al que accedió por AP, partido antecesor del PP.

Mismo partido

Una de las críticas que ha hecho el PP es que al ser el presidente del Gobierno del mismo partido que el condenado, el PSOE, este hecho inhabilitaría moralmente a Sánchez para tomar esa decisión. "Sería un indulto político. Estaríamos hablando de que el PSOE, en su condición de presidente del Gobierno, indulta a los que han sido presidentes del PSOE", dijo Gamarra.

Esto, sin embargo, ya ha sucedido antes. Por ejemplo, los gabinetes de Rajoy indultaron a un exalcalde de su partido, del Valle de Abdalajís (Málaga), cierto es que no por un delito de malversación, sino por varios de prevaricación y cierto es que por un caso que no tiene ni mucho menos la relevancia y la importancia y la tralla política que ha tenido y tiene el de los ERE.

Hay también un hecho relevante en el caso de Griñán. Su condena, demoledora y muy dura, no es ni mucho menos pacífica, como pretende el PP, sino que ha sido discutida con poderosos argumentos por dos de los cinco magistrados –el 40%– del Supremo que componen la sala que confirmó la primera sentencia de la Audiencia de Sevilla.

De este modo, dos de las juezas consideran que no existen "pruebas sólidas" para condenar al expresidente andaluz, una afirmación que tiene una particular gravedad si se tiene en cuenta que la presunción de inocencia es uno de los pilares de cualquier Estado de Derecho que se precie de llevar ese nombre.

La defensa de Griñán quiere que el Tribunal Supremo lo tenga en cuenta y prepara un incidente de nulidad antes de acudir al Constitucional en amparo.

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