Un golpe de Estado ha abortado la incipiente y frágil transición democrática en Myanmar, antigua Birmania. El poderoso Ejército del país ha arrebatado este lunes el poder al Gobierno tras detener a su líder y premio Nobel de la Paz, Aung San Suu Kyi.

Los militares, que a pesar de iniciar una "democracia disciplinada" hace una década nunca habían renunciado del todo al poder en el país asiático, han declarado el estado de emergencia y han acusado  al Ejecutivo de cometer fraude en las elecciones del pasado noviembre.

El golpe, del que había rumores desde la semana pasada, fue ejecutado el mismo día en el que el Parlamento tenía previsto celebrar su primera sesión de la legislatura tras las elecciones de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), formación de Suu Kyi, consiguió revalidar el poder con una abrumadora victoria.

La jornada golpista comenzó con la detención de la líder de facto del país asiático, consejera de Estado y Nobel de la Paz, y del hasta hoy presidente, Win Myint, además de varios ministros y presidentes regionales. Entre la treintena de detenidos se encuentran también activistas, escritores, cantantes y directores de cine, según una lista extraoficial a la que tuvo acceso Efe.

Tanto Suu Kyi como Myint se encuentran en arresto domiciliario en sus residencia de la capital del país, Naipyidó, de acuerdo a fuentes de la LND. "Aung San Suu Kyi salió de su casa y paseó alrededor de su urbanización", señaló en Facebook U Kyi Toe, miembro del comité central de comunicación de la LND.

Suspendias las conexiones de teléfono e internet

El anunció de estado de emergencia llegó horas después a través del canal Myawaddy News, controlado por los uniformados, que confirmaron que el hasta ahora vicepresidente Myint Swe -nombrado por los militares- asumía la presidencia interina y le cedía todos los poderes al jefe de las Fuerzas Armadas, Min Aung Hlaing.

El canal Myawaddy informó además del nombramiento de once nuevos ministros del gabinete, compuesto por una treintena de carteras, y entre los que se encuentra Wunna Maung Lwinel, como responsable de Exteriores, cargo que ya ocupó entre 2011 y 2016.

Las conexiones de internet y de teléfono fueron suspendidas durante horas y la única cadena de televisión operativa fue la de los militares, mientras continúan los rumores de que se podrían efectuar detenciones de periodistas. También cerró el aeropuerto y supuestamente las autoridades han clausurado el espacio aéreo hasta el 31 de mayo, según una comunicación enviada a las aerolíneas a la que han tenido acceso fuentes diplomáticas.

A pesar de la enorme presencia policial en el centro de Rangún, la mayor ciudad del país, los comercios han permanecido abiertos y se vive un cierto clima de normalidad. Durante la mañana se vieron en la ciudad largas colas en los cajeros automáticos de los bancos, que en algunos casos se habían quedado sin efectivo y que decidieron cerrar debido a la "inestabilidad del sistema y la lenta conexión a internet", según un comunicado de la Asociación de Bancos de Birmania.

Los militares justificaron el golpe por un supuesto fraude en las elecciones del pasado noviembre y aseguraron que la Comisión Electoral había sido "incapaz de resolver el problema". El Ejército insistió además en que, una vez se acabe el periodo de un año del estado de emergencia, se celebrarán "elecciones generales libres y justas" y "el poder será traspasado al partido ganador que haya cumplido con los estándares democráticos".

La respuesta de la LND, el partido hasta ahora gobernante, llegó a través de una carta publicada en Facebook en la que en nombre de Suu Kyi se pide a los ciudadanos que no acepten el golpe de Estado perpetrado por los militares y que protesten. "Las acciones de los militares llevan de nuevo al país a la dictadura", señala el escrito.

Aplastante victoria del partido de Suu Kyi

La aplastante victoria electoral de Suu Kyi en noviembre del año pasado demostró su gran popularidad en Myanmar, a pesar de su mala reputación internacional por las políticas contra la minoría rohinyá, a la que gran parte se le niega la ciudadanía y el voto, entre otros derechos.

Las supuestas irregularidades en los últimos comicios fueron denunciadas en primer lugar por el Partido de la Solidaridad y el Desarrollo de la Unión (USDP), la formación creada por la anterior junta militar antes de disolverse y que obtuvo unos resultados irrisorios. La Comisión Electoral ha negado el fraude en las elecciones, ganadas con una mayoría aplastante por la Liga Nacional para la Democracia al conseguir el 83% de los 476 asientos del Legislativo.

Los militares, que redactaron la actual Constitución en un plan de ruta para lograr una "democracia disciplinada", contaban ya con grandes poderes en el país, al disponer del 25% de los escaños del Parlamento y de los influyentes ministerios del Interior, Fronteras y Defensa.

Los rumores de golpe de Estado se habían ido intensificando desde que el pasado martes el portavoz militar Zaw Min Tun se negara a descartar la toma del poder por parte del Ejército tras denunciar supuestas irregularidades en las elecciones legislativas del pasado 8 de noviembre.

Los temores se desvanecieron cuando el poderoso Ejército birmano, que gobernó el país desde 1962 hasta que en 2011 se inició una transición controlada hacia la democracia, finalmente rechazó el sábado esa posibilidad y garantizó en un comunicado su compromiso con la defensa de la Constitución. Hasta este lunes.

Condenas internacionales

Tras conocerse las detenciones, las reacciones llegaron de todos los rincones del mundo. El Gobierno de EEUU dijo estar "alarmado" por los acontecimientos, tras lo cual pidió la liberación de todos los arrestados y advirtió de que "tomará medidas contra los responsables si estos pasos no se revierten". Por su parte, China expresó su deseo de que la situación creada por el golpe se resuelva "dentro del marco constitucional y legal".

La Unión Europea condenó "enérgicamente" el golpe de Estado militar y defendió la transición democrática iniciada en el país en el 2011 tras casi medio siglo de dictadura militar. Del mismo modo, Naciones Unidas también se manifestó en contra de la asonada. Como la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, que pidió solidaridad internacional con Myanmar y elevó la cifra de detenidos a 45.