La consecución del nuevo modelo de financiación y el traspaso de Rodalies a la Generalitat son las dos principales carpetas del pacto de investidura de Salvador Illa sellado el verano pasado entre el PSC y ERC. Su logro determinará, en gran parte, la estabilidad del Ejecutivo y el éxito de la legislatura. La razón es que los republicanos insisten constantemente en que hasta que no se cumplan no negociará cuestiones trascendentes, como los presupuestos de 2026, cuya aprobación es fundamental para el Govern, que ya renunció a presentar los de este 2025. 

Si en los primeros nueve meses de mandato se han producido pasos significativos para avanzar en el traspaso de Rodalies -a pesar de que todavía se está lejos de culminarlo-, las negociaciones para la nueva financiación han quedado más eclipsadas. Y faltan ya pocas semanas para que se llegue al 30 de junio, el último día del plazo fijado en el pacto de investidura para lograr un acuerdo entre los gobiernos catalán y español sobre el nuevo modelo. Hasta ahora, todas las declaraciones de Illa y su equipo han reiterado que el acuerdo se cumplirá, pero para que sea así se tendrían que producir notables avances en las próximas semanas.

Junto con el acceso a la vivienda -consolidada ya en las encuestas como el principal problema de los catalanes y protagonista de las movilizaciones más masivas de los últimos meses-, la situación de Rodalies ha acaparado gran parte de la atención política, social y mediática del inicio del Govern del PSC. El constante caos ferroviario ha convertido a Rodalies en el principal quebradero de cabeza de Illa, con la celebración en marzo de un pleno monográfico en el Parlament lleno de críticas de la oposición y con la reprobación incluida de la consellera de Territorio, Sílvia Paneque, como momento culminante.

La cuestión de la financiación provoca menos tensiones, básicamente porque las conversaciones se están desarrollando con discreción y lejos de los focos y, sobre todo, porque su impacto en el día a día de los ciudadanos es menos visible que los constantes atrasos o anulaciones de trenes que sufren los usuarios de Rodalies. Ahora bien, esto no significa que su peso político sea menor, puesto que en función de cómo acabe, la Generalitat -la actual y las que vengan- podrá mejorar significativamente su potencial financiero y, por lo tanto, la capacidad para llevar a cabo acciones que mejoren la vida de los ciudadanos.

Pendientes de la propuesta del grupo de expertos

En una entrevista reciente en Catalunya Ràdio, la consellera de Economía, Alícia Romero, aseguró que "el 30 de junio tendremos cerrado y acordado con el Gobierno de España el esquema del modelo de financiación". Para añadir que "las conversaciones con el Gobierno de España y ERC van bien" y remachar que "siempre hemos dicho que cumpliremos los acuerdos". Antes de esta fecha se tiene que presentar el informe del grupo de expertos que a principios de legislatura recibió el encargo de elaborar la propuesta que tiene que servir de base catalana para una negociación que, de hecho, ya hace meses que está en marcha.

Liderado por el economista Martí Carnicer, un veterano del PSC que ha sido alcalde del Vendrell, alto cargo del Departamento de Economía durante los dos tripartitos (2003-2010) y negociador del actual modelo de financiación -caducado desde hace años-, el grupo de expertos cuenta con siete miembros y, según Romero, entre mayo o "como máximo" en junio entregará su propuesta.

Entre otras cuestiones, el acuerdo entre ERC y PSC establece que con el nuevo modelo pasará a ser la Generalitat la que "gestione, recaude, liquide e inspeccione todos los impuestos soportados en Catalunya" y lo haga a través de la Agencia Tributaria de Catalunya (ATC), que ya en 2026 tendría que asumir la recaudación del IRPF. El texto también establece que "la aportación en el Estado tiene que ser en base a los servicios que el Estado preste en Catalunya y en base a una cuota de solidaridad, territorial, medible, transparente y evaluable".

En cualquier caso, el acuerdo entre los gobiernos -con el visto bueno de ERC- solo será el primer paso para culminar un proceso que también dependerá de la voluntad de otros actores. La razón es que implica modificar normativas estatales como la LOFCA -la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas-, para las cuales necesita el apoyo del Congreso y, por lo tanto, presumiblemente el voto afirmativo de formaciones como Junts.

Crecimiento de la ATC

Además de la tarea del grupo de expertos, hasta ahora los principales avances en materia de financiación están vinculados a fortalecer la ATC. En concreto, en febrero la comisión mixta Estado-Generalitat de Asuntos Económicos y Fiscales acordó que la Agencia Tributaria Española y la ATC gestionen de manera compartida a partir del verano el impuesto de matriculación, en lo que se plantea como una prueba piloto para la futura recaudación del IRPF. Un tributo que aporta unos 130 millones a las arcas catalanas, lejos de los 14.000 del IRPF.

Paralelamente también se ha anunciado una mayor participación de la ATC en la actual campaña de la renta. Vinculado a esto, se ha ampliado la plantilla del organismo con casi 200 nuevos trabajadores, 90 de los cuales serán estructurales y se incorporarán permanentemente a la Agencia. Aumentar el personal de la ATC es imprescindible si el próximo año tiene que asumir la recaudación del IRPF, puesto que actualmente cuenta con unos 800 trabajadores, muy por debajo de los 4.000 de los que dispone la Hacienda española en Catalunya. Y, en este sentido, el Govern ha avanzado que los próximos meses convocará nuevos concursos para dotarla de una mayor plantilla.

La nueva gestora de Rodalies, filial de Renfe

En cuanto a Rodalies, el compromiso es que la nueva empresa que gestione el servicio esté lista antes de acabar el año para empezar a funcionar a partir del 1 de enero con un tramo de la R1, según el acuerdo entre el Gobierno y ERC. Más allá de los constantes problemas del servicio -que volvieron a repetirse tras el gran apagón eléctrico, cuando fue el último de los principales sistemas de transporte público de Catalunya en restablecerse- y del malestar ciudadano que comportan, los últimos meses sí que ha habido un goteo de anuncios vinculados con el traspaso.

La comisión bilateral de Infraestructuras celebrada en febrero sirvió para escenificar el acuerdo para poner en marcha la empresa Rodalies de Catalunya, que se encargará de gestionar el servicio ferroviario y que contará con participación estatal y de la Generalitat. Un mes después transcendió que, a diferencia de lo previsto inicialmente, Renfe tendría una participación mayoritaria en el capital de la nueva sociedad -en concreto del 50,01%- y que esta se integraría en su grupo, es decir, sería una filial. Un hecho que busca paliar el malestar de los trabajadores de la compañía ferroviaria -que habían convocado varias jornadas de huelga en contra del traspaso- y que ha generado fuertes críticas especialmente por parte de Junts.

La consellera de Territorio, Sílvia Paneque, hizo hincapié entonces en que "las decisiones se tomarán desde Catalunya", puesto que será la Generalitat quien "decidirá la presidencia" de la compañía y tendrá "voto de calidad" y, por lo tanto, controlará el consejo de administración. Mientras que ERC fija un plazo de dos años para que Rodalies de Catalunya deje el paraguas de Renfe para pasar a estar adscrita a la Generalitat, una cuestión que no aparece en los estatutos de la nueva sociedad. Ahora bien, consciente de la dependencia socialista de sus votos, el presidente de ERC, Oriol Junqueras, ya avisó en aquel momento que "si alguien incumple los acuerdos, la consecuencia es que no habrá nuevos acuerdos".

La R1, la primera línea a traspasar

En la bilateral de Infraestructuras de febrero también se acordó que en un máximo de tres meses se culminaría el inventario de las instalaciones, bienes y otros elementos a traspasar de gran parte de la R1 -en concreto entre Bifurcación Sagrera y Maçanet Massanes-, la primera línea que pasará a manos de la nueva sociedad que gestionará Rodalies. Un mes antes, la Generalitat había hecho la solicitud formal para que el Estado descatalogara este tramo de la línea -que discurre íntegramente por territorio catalán- de la red ferroviaria de interés general. Además, se tiene que terminar la valoración económica de los costes vinculados al servicio a transferir, la última de las tareas técnicas que tiene que preceder el traspaso.

Paralelamente, a principios de abril el Govern inició los primeros pasos para llevar a cabo los traspasos de las líneas R2 Sur y R3 de Rodalies. En concreto, el Ejecutivo encargó a Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) -la gestora de infraestructuras catalana- que empiece a hacer el inventario de estas otras dos líneas para poder identificar los elementos a traspasar. La R2 Sur discurre desde Sant Vicenç de Calders hasta Barcelona, mientras que la R3 hace el recorrido El Papiol-L'Hospitalet-Vic-Puigcerdà.

En todo momento, tanto la consellera Paneque como el presidente Illa han insistido en que "el traspaso se está cumpliendo y no tiene vuelta atrás". Precisamente esta "nueva gobernanza" desde Catalunya de Rodalies se plantea como una de las patas fundamentales para mejorar un servicio que suspende en las encuestas de valoración ciudadana. Las otras son culminar las obras en infraestructuras -ahora mismo hay unas 200 intervenciones en marcha- y la incorporación de 110 nuevos trenes en la red. Todo ello para poner al día un servicio envejecido y saturado tras años de desinversión.