La presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, formó parte de la estructura paralela montada para reforzar la imagen de su antecesora Esperanza Aguirre en las elecciones de 2007 y 2011 y que supuestamente fueron financias con dinero irregular, según ha asegurado Francisco Granados en la Audiencia Nacional.

Cifuentes integró esta estructura paralela, o núcleo de poder que dirigía Ignacio González, “hasta que tuvieron la ruptura sentimental”, según ha afirmado de pasada Granados en un momento de su declaración voluntaria ante el juez central de instrucción 6, Manuel García Castellón, que investiga la trama Púnica.

Esa financiación irregular de ambas campañas que Granados “intuye” que existía era conocida por la propia Esperanza Aguirre y llevada a cabo por el vicepresidente Ignacio González, ayudado por Cristina Cifuentes quien entonces era la responsable regional del partido.

Tanto la campaña de las elecciones locales y autonómicas de 2007 como las generales de 2011 contaron con esta estructura paralela destinada a impulsar a Esperanza Aguirre como política.

En el núcleo duro se encontraban Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes, Borja Sarasola (diputado regional), Isabel Gallego (directora de Comunicación de Aguirre) y Jaime González Taboada, número tres de la actual presidenta de Madrid quien recientemente ha sido designado senador a pesar de estar salpicado por el caso Púnica (lo que refuerza el aforamiento del juicio de esta trama en el Supremo) y que en la época de Aguirre era director general de Cooperación.

Granados cree que las campañas “paralelas de refuerzo” de Esperanza Aguirre se pagaron en parte "a través de gastos de publicidad que se encargaban a empresas del ámbito de la Comunidad de Madrid", según fuentes jurídicas presentes en su declaración.

Desconoce cuánto dinero se desvió

El líder de la Púnica no ha podido evaluar el alcance de dinero público desviado para la campaña personal de Aguirre. Ante el juez ha asegurado que sólo el Canal de Isabel II gastaba en publicidad 15 millones y que, sumados a otras empresas públicas, podría hablarse de "30, 40 ó 50 millones" pero sin poder concretar cifra alguna, según las mismas fuentes presentes en su declaración. 

En las dos campañas de 2007 y 2011, el PP manejó una caja B de cinco millones de euros, según la investigación judicial.

A él no le comunicaban todas las decisiones sobre las campañas electorales, pese a ser secretario general del PP de Madrid, porque era Ignacio González quien las controlaba, ha insistido.

En todo caso, ni él, que dirigió la campaña de los comicios de 2011, ni Beltrán Gutiérrez, el gerente, tenían acceso a esta supuesta caja B. Sólo conocían la contabilidad legal, controlada por el Tribunal de Cuentas, según ha revelado en su interrogatorio sin aportar prueba alguna. La campaña de 2007 fue dirigida por Ignacio González.

Ahora bien, a la salida de su declaración ha proclamado que cree que Aguirre, González, Cifuentes y demás integrantes del núcleo paralela actuaron de manera “legal”. Basa su afirmación en “las pruebas” que existen del caso y que no le llevan a cambiar de opinión.

En todo momento, Granados ha apuntado a Aguirre y a González como las personas que decidían “todos los cargos de la Comunidad de Madrid y del PP regional”, así como las empresas públicas. “Y no sé si en este orden”.

La declaración ha durado tres horas y será reanudada el próximo día 20 de febrero.

Inauguraciones de las obras públicas

Interrogado por su abogado defensor, Ignacio Vasallo, Granados ha revelado también que el sistema de gestión de Prisma (el Plan Regional de Inversiones y Servicios) pasó a ser controlado por la Comunidad de Madrid porque Aguirre estaba harta de dar dinero a los alcaldes, en especial del PSOE, y que luego no le invitaran a las inauguraciones de las obras públicas.

Granados ha agregado que él se desentendió de la gestión de Arpegio porque Aguirre delegó toda responsabilidad de esta empresa en el consejero delegado Eduardo Larraz.

Granados se ha desmarcado de su exsocio David Marjaliza, quien lo señala al frente de las irregularidades de la empresa pública Arpegio y de la consejería de Transportes con las que se habrían financiado los populares de Madrid.

Marjaliza ha optado por colaborar con la Justicia y ha revelado los amaños de contratos públicos y el cobro de comisiones del que se valió el líder de la Púnica como alcalde de la localidad de Valdemoro (Madrid) y como consejero de la Comunidad.

Granados ha asegurado ante el juez central de instrucción 6 que en las obras del metro, al principio, se contrataba a las grandes constructoras porque eran las que disponían de tuneladoras. Pero más adelante, y en otras obras como tranvía o el metro ligero, se empezó a contratar a empresas medianas.

De esta manera ha justificado estas contrataciones y también una afirmación de Marjaliza, quien sostiene que Granados reveló en una cena que había sido cesado porque Florentino Pérez pidió su cabeza a Esperanza Aguirre después de que intentara dar las obras a empresas medianas, como Albi, San José o Teconsa.