SEVILLA.- El escrito de acusación de la Fiscalía contra los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el fraude de los ERE va más allá de la solicitud de inhabilitación de diez años para el primero y la petición de seis años de cárcel para el segundo. El texto íntegro del Ministerio Público, hecho público por el PP (personado en el caso), revela que el fiscal insta al juez instructor del caso a iniciar los trámites necesarios para ejecutar el embargo de bienes a los principales encausados por sus “responsabilidades pecuniarias” en el supuesto fraude de más de 700 millones de euros en ayudas para los ERE.

El escrito de Anticorrupción sostiene que los 18 “autores del delito de malversación responderán solidariamente de la devolución a la Hacienda pública del total de los créditos destinados a la concesión de ayudas sociolaborales por parte de la dirección general de Trabajo de la Consejería de Empleo (departamento desde donde supuestamente se repartió dinero de forma fraudulenta).

En esa lista de encausados aparece Griñán, los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández (para los que piden penas de ocho años de cárcel), la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el extitular de Innovación Francisco Vallejo, y el ex interventor general de la Junta Manuel Gómez, encargado de fiscalizar el dinero público. La Fiscalía cifra, año a año, de 2000 a 2010 (periodo que abarca la investigación), la cantidad que los encausados deben devolver a Hacienda de forma solidaria. Las cantidades anuales oscilan entre los 54,5 millones del ejercicio 2010 y los 102,7 millones de 2008.

En concreto, al expresidente Griñán, cuya responsabilidad civil como titular de Hacienda abarca de 2005 a 2010, se enfrenta a indemnizaciones por su implicación en el supuesto fraude que ascienden a 42,1 millones de euros, según los cálculos del Ministerio Público. A Manuel Chaves no se le imputa ningún delito de malversación, sino de prevaricación administrativa, y por ahora no tiene que asumir ninguna fianza.

Los fiscales del caso ERE solicitan al juez instructor que abra una pieza separada de responsabilidad pecuniaria a cada uno de los 26 ex altos cargos de la Junta de Andalucía contra los que reclama la apertura de juicio oral. En el caso de los encausados por malversación, como el expresidente Griñan, el objetivo es asegurarse de que podrá hacer frente a la indemnización (en caso de que no paguen u ofrezcan un aval por el montante requerido se le embargarían sus bienes). Pese a todo, la fianza de Griñán podría bajar de los 42 millones -también la que se le reclama al resto- puesto que la Fiscalía aceptaría una rebaja en la medida en tanto la Junta de Andalucía como el Tribunal de Cuentas logren recuperar todo o parte del dinero defraudado, o bien si esto se logra a raíz de la ejecución de las sentencias condenatorias.

Por el momento, el juez no ha decretado medidas cautelares de embargo de bienes contra el expresidente de la Junta (sí lo ha hecho contra otros imputados), algo que llegará con la apertura de juicio oral.

La Fiscalía solicita también que durante el juicio oral (cuya apertura está prevista par 2017), se practique el “interrogatorio” de todos y cada uno de los 26 encausados, empezando por Chaves y Griñán.

En la pieza política del caso ERE, Anticorrupción pide seis años de prisión y 20 de inhabilitación para cargo público por un delito de malversación de caudales públicos para Griñán y otros cinco ex altos cargos de la Junta y eleva la petición de condena a ocho años de cárcel para otros 12 exdirigentes socialistas acusados del mismo delito, entre ellos los exconsejeros de Empleo, José Antonio Viera y Antonio Fernández. Chaves y los otros siete imputados por un delito continuado de prevaricación administrativa se enfrentan a diez años de inhabilitación, aunque el expresidente ya abandonó el escaño en el Congreso (su último cargo público) al ser procesado por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo (ahora está jubilado y apartado de la vida política).

A falta de conocer los escritos del resto de las partes personadas en el caso ERE (Junta de Andalucía, PP y el sindicato Manos Limpias), se sabe ya que el relato de la Fiscalía es fiel al auto del juez Álvaro Martín y a la tesis de la jueza Mercedes Alaya, que inició la investigación hace cinco años. Todos sostienen que la totalidad de las ayudas sociolaborales otorgadas por la Junta durante una década son ilegales, porque el procedimiento de concesión de las subvenciones lo era. Por eso los fiscales reclaman a los acusados la devolución de los más de 741 millones de euros otorgados entre 2000 y 2010 (Alaya cifró la cuantía total en 855 millones).

Queda atrás, por tanto, la conclusión del juez del Supremo Jorge Alberto Barreiro, que tomó declaración a Chaves y a Griñán cuando éstos aún eran aforados. Barreiro concluyó que aunque el fondo de los ERE se hubiera alterado al margen del ordenamiento jurídico, “esto no significa que todo el dinero concedido con cargo a ese programa presupuestario haya sido defraudada en perjuicio del erario público”. A esta tesis aún se acoge el Gobierno andaluz y la defensa de los dos expresidentes, alegando que “la gran mayoría de las ayudas que se otorgaron en esos diez años fueron correctas, siguieron el procedimiento administrativo adecuado, y fueron a parar a trabajadores que las necesitaban y tenían derecho a recibirlas”.