La Guardia Civil ha confirmado que el 98 % de los ingresos de Òmnium Cultural proceden de aportaciones privadas y que "no existe constancia" de subvenciones o pagos de la Generalitat a esta entidad, según un informe remitido al juez de Barcelona que investiga los preparativos del 1-O.

Así lo concluye la Guardia Civil en un informe elaborado tras analizar los documentos, soportes informáticos y correos incautados en el registro de la sede de Òmnium en marzo pasado, en una operación para buscar pruebas de que la Generalitat utilizó a esta entidad como "sociedad interpuesta" para sufragar gastos del 1-O.

En su escrito de conclusiones provisionales en la causa abierta por el 1-O en el Tribunal Supremo, la Fiscalía apunta que la Generalitat destinó 38.431 euros para la cartelería del referéndum desde el departamento de Presidència, cuando estaba dirigido por Jordi Turull "simulando que el pedido se efectuaba a través de Òmnium Cultural".

De los archivos y correos intervenidos en el registro a Òmnium se desprende, según la Guardia Civil, una "participación inequívoca" de la entidad en movilizaciones y campañas a favor de la participación ciudadana en el 1-O, pero "no existe constancia" de subvenciones o pagos del Govern a la entidad, dirigida por Jordi Cuixart, en prisión preventiva por la causa del Tribunal Supremo por el "procés".

La Guardia Civil registró en marzo pasado la sede de Òmnium Cultural en Barcelona, en una operación para buscar pruebas que acreditaran sus sospechas de que la Generalitat usó a esta entidad cultural como "sociedad interpuesta" para sufragar gastos del 1-O mediante pagos opacos.

Según sostenía el instituto armado, la Generalitat, a través de su exsecretario de Difusión y Atención Ciudadana Antoni Molons —que fue detenido en marzo— utilizó a Òmnium para realizar labores relacionadas con la solicitud a empresas de artes gráficas y distribución de carteles propagandísticos en los que se llamaba a la población a votar el 1-O.

La Guardia Civil apuntó en un informe remitido al juez el pasado mes de abril que la elaboración y difusión de estos carteles, con el logo de la Generalitat, los gestionó Òmnium "para ocultar" que era el propio Govern quien sufragaba los gastos.

Por el contrario, la Interventora General de la Generalitat, Rosa Vidal, imputada por el juzgado de Barcelona que investiga el 1-O, certificó en junio pasado por escrito al magistrado que la administración catalana no concedió ninguna subvención a las entidades soberanistas Òmnium Cultural y Assemblea Nacional Catalana (ANC) durante 2017.

En la misma línea, Òmnium también remitió una auditoría de sus cuentas al juez, con el fin de disipar sus sospechas de la que la Generalitat financió publicidad del referéndum mediante pagos opacos a la entidad soberanista.

De acuerdo con la auditoría, la asociación recibió el año pasado un total de 79.077 euros en subvenciones públicas, que supusieron el 0,86 % de sus ingresos totales, procedentes de una veintena de ayuntamientos y entidades locales catalanas, en su mayoría para financiar actos culturales.

La Diputación de Barcelona es la institución que más fondos públicos destinó a Òmnium Cultural, un total de 25.000 euros para organizar los premios literarios Nit de Santa Llúcia, seguido de la de Girona, el Institut d'Estudis Ilerdencs, el Institut de Cultura de Barcelona o el Ayuntamiento de Olot (Girona), con aportaciones de 6.000 euros.

Asimismo, la entidad recibió otros 4.000 euros del Institut de Cultura de Barcelona, dependiente del Ayuntamiento de la capital catalana, subvenciones de entre 1.000 y 2.000 euros de otros ayuntamientos catalanes, entre ellos Badalona, Figueres, Sant Cugat o Terrassa, y 300 euros de los consells comarcals de Osona y La Garrotxa.