@patricialopezl
MADRID.- Los escándalos de corrupción que llevaron a dimitir a Esperanza Aguirre de su puesto de presidenta del PP madrileño este domingo son conocidos al menos desde 2008. El espionaje a costa del erario público de adversarios políticos, como los vicepresidentes Francisco Granados o Ignacio González; el ático de González o las relaciones entre el empresario David Marjaliza y Granados cayeron en manos de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional hace más de cinco años con muy pocos resultados.

Según el testimonio de los imputados en el caso de los espías, Francisco Granados e Ignacio González ordenaron espiar a diferentes dirigentes del PP como Alfredo Prada o Manuel Cobo, entonces mano derecha de Gallardón

Sin embargo, según están demostrando las investigaciones de la Guardia Civil sobre la trama Púnica, detrás de todos ellos se esconde una estrecha relación entre mandos policiales – los comisarios Carlos Salamanca, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño-, políticos del PP de Madrid como Francisco Granados y empresarios, como el consejero delegado de OHL, Javier López Madrid, cuya casa fue registrada por la Unidad Central Operativa (UCO) la pasada semana.

El primer caso en saltar a la luz y que vincula a policías con los ex vicepresidentes de Esperanza Aguirre fue el del espionaje entre dirigentes del PP en 2008, que a partir del 4 de marzo se investigará también en la Comisión de Investigación sobre Corrupción de la Asamblea de Madrid que preside Ciudadanos. Según el testimonio de los imputados en el caso -los guardias Civiles José Oreja Sánchez, Antonio Coronado y el empleado autonómico José Manuel Pinto-, Francisco Granados e Ignacio González ordenaron espiar a diferentes dirigentes del PP entre ellos al consejero de Justicia, Alfredo Prada; a la diputada Carmen Rodríguez Flores, que mantenía una estrecha relación con el entonces tesorero del PP Álvaro Lapuerta; y a la mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, Manuel Cobo.

Oreja, Coronado y Pinto declararon que las órdenes las recibían de los policías que en ese momento habían sido elegidos por el Gobierno de Aguirre. Los tres ex asesores de seguridad de la Dirección General de Seguridad, procedentes del Cuerpo de la Guardia Civil, recibieron órdenes de hacer seguimientos a políticos, directamente de los policias Sergio Gamón y Miguel Castaño (entonces Director y Subdirector General de Seguridad). Según les transmitieron Gamón y Castaño, el interés en ese trabajo provenia del vicepresidente primero de la CAM, Ignacio González. Inmediatamente después, se dirigieron a denunciar los hechos al entonces Consejero de Presidencia e Interior Francisco Granados en al menos tres ocasiones. En ese momento era director de Seguridad de la CAM el ahora Comisario General de Información, Enrique Barón.

En diciembre de 2012, un ex inspector de Policía, Marcos Peña, declaró en calidad de testigo en sede judicial, en favor de la denuncia presentada por José Manuel Pinto Serrano, y ratificando lo declarado por los guardias civiles.

En el caso de Gamón, las fuentes consultadas aseguran que “es presuntamente quien entra en la Ciudad de la Justicia y roba el ordenador del hombre de confianza de Alfredo Prada". Este policía mantenía buena relación con el inspector jefe, ahora destinado en la Dirección Adjunta Operativa y que trabajó también con María Dolores de Cospedal, Andrés Gómez Gordo, que era el encargado de la seguridad en la Ciudad de la Justicia”.

Comisarios en Púnica

La investigación abierta por malversación de fondos públicos cayó en manos de la UDEF, dirigida entonces por el comisario José Luis Olivera, pero las pesquisas nunca llegaron a desvelar la implicación de Granados y González. Ambos políticos, sin embargo, han mantenido desde entonces estrechas relaciones con diversos mandos policiales como aparece en las diligencias de la trama Púbica que investiga la Guardia Civil. Estos son los comisarios Carlos Salamanca, José Manuel Villarejo y Enrique García Castaño.

Por ejemplo, en las conversaciones grabadas a Granados en la Operación Púnica este explica que su amigo el comisario Carlos Salamanca –que estuvo destinado en el aeropuerto de Barajas e imputado en la trama de Gao Ping- le acompaña a reuniones para mediar en la compra del aeropuerto de Ciudad Real con el empresario Domingo Díaz de Mera.

En 2009 también el exconcejal popular de Majadahonda, José Luis Peña, aportó a la UDEF de la que era máximo responsable el comisario Olivera unas grabaciones de 2005 en las que el ex directivo de DICO, Raúl Calvo, explica las relaciones de Francisco Granados con David Marjaliza, sus empresas, y otros imputados en Púnica.

Sin embargo, como desveló Público, en el sumario Gürtel no ha existido ninguna diligencia de investigación hasta octubre de 2015, a pesar de que Calvo reconocía que Marjaliza era el “tapado de Granados” y advertía que “le van a echar”. Eso era lo que pensaban los miembros de la trama Púnica en 2005, pero no fue hasta 2014 cuando Granados y sus acólitos han sido detenidos por la Guardia Civil. Casi 10 años de impunidad.

Extorsión o investigación

Un tercer caso de corrupción que afectaba al PP de Madrid y que la UDEF nunca llegó a incluir en el sumario de Gürtel es el conocido como ático de Ignacio González. Precisamente este caso estalla, supuestamente, porque un confidente policial informa que el entonces vicepresidente de la CAM se ha comprado un ático en Estepona (Málaga) a costa de una comisión ilegal que le han pagado por un pelotazo en Arganda del Rey con el que estaría vinculado Francisco Correa y el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín.

Pero en las diligencias que la UDEF entrega al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional sigue aún sin mencionarse nada del ex vicepresidente González ni de su piso de Estepona. Según él denunció, el comisario José Manuel Villarejo fue a verlo junto con el comisario Enrique García Castaño e intentó chantajearle para cerrar la investigación que también encabezaba José Luis Olivera. Sin embargo los policías han declarado en el juzgado de Estepona que lleva la causa que fue el ya fallecido Director Adjunto Operativo (DAO) nombrado por el PSOE, Miguel Ángel Fernández Chico, quien les envió a ese encuentro.

Aún hay una tercera versión sobre este caso, la que el comisario Enrique García Castaño dio a Público: “Ignacio González es amigo mío. Yo monto una reunión hace cuatro años con Ignacio González porque el hombre, entre otras cosas, estaba preocupado. Le dije 'habla con tu asesoría jurídica o yo, que conozco a un comisario que es experto en estas cosas, te lo traigo y hablas con él. Y eso es lo que hice y a mí no me ha llamado chantajista”.

Petición de rectificación