La guerra interna contra Saura pierde fuelle

A principios de 2007 la unidad de asuntos internos de los Mossos dEsquadra recibió un encargo delicado por parte de la cúpula de Interior: tenían sospechas de que algo estaba pasando en la sala de cacheos de la comisaría de Les Corts, la más grande de Barcelona y donde se traslada a todos los detenidos durante la noche. Había seis o siete denuncias por presuntos malos tratos, algunos de ellos avalados por la comisión de derechos humanos del Colegio de Abogados de Barcelona. El conseller, Joan Saura, que se había propuesto poner en marcha una política progresista de seguridad, quería saber si el cuerpo tenía "manzanas podridas".

Los agentes de Asuntos Internos hicieron un trabajo perfecto. Colocaron una cámara oculta en un ordenador de la sala sin que nadie se percatara. Y la cámara empezó a grabar.

Una parte del cuerpo interpretó el caso de Les Corts como una agresión

El resto de la historia es conocido. La conselleria decidió llevar a la fiscalía dos casos de presuntos excesos policiales: el caso que se juzgó esta semana y el de una mujer rusa que fue abofeteada por unas agentes. El president, José Montilla, fue informado con antelación, y la iniciativa de la conselleria se publicitó en una rueda de prensa que una parte importante del cuerpo interpretó como una agresión en toda regla. Y más cuando el departamento suspendió de empleo y sueldo a los agentes implicados. La guerra estaba en marcha.

Filtración imágenes

El caso se torció aún más cuando las imágenes llegaron a los medios. Los Mossos y el departamento se acusaron mutuamente de la filtración, pero el daño a la imagen del cuerpo ya estaba hecho. Ese vídeo, junto con otros casos de maltrato policial protagonizados por los Mossos, colocaron al cuerpo en el centro de la diana. Es en ese momento que, con la complicidad de algunos medios de comunicación y la oposición conservadora al tripartito, comienza una campaña contra el conseller acusándole de no apoyar a los mossos. El sindicato UGT, mayoritario en el cuerpo, ejerce de punta de lanza.

Las políticas del departamento han colocado a los Mossos en la picota

Los disturbios protagonizados por estudiantes antiBolonia en el mes de marzo, que acabaron con una treintena de periodistas contusionados y la destitución del jefe de los Mossos, Rafael Olmos, acabaron de cerrar el círculo. Incluso en series de televisión de ámbito estatal se hacen chistes sobre la contundencia de los mozos de cuadra.

¿Qué hay de cierto en el divorcio entre los mossos y su jefe político? Lo que es evidente es que, queriendo o no, las políticas en favor de la transparencia de la conselleria han colocado a los mossos en la picota mediática. Pero también lo es que, con la colocación de las cámaras (éstas visibles, no como las otras) en las comisarías se han reducido de forma drástica las denuncias por malos tratos.

En la conselleria confían en que la mayor parte de los agentes haya entendido que es mucho mejor un modelo de policía transparente e involucrada en la defensa de los derechos humanos que otro basado en la opacidad. Además están convencidos que no hay marcha atrás. "Nadie se atreverá ya a quitar las cámaras de las comisarías", afirman.

Interior intenta vincular la policía a la defensa de los derechos humanos

La lista de iniciativas del departamento en este sentido más allá de las cámaras es larga. Se ha propuesto un código ético policial pionero en Europa; se ha creado un Consejo de Seguridad de Catalunya con la participación de municipios y agentes sociales como foro de carácter consultivo; se han habilitado buzones de sugerencias en las comisarías; se está implementando un certificado ISO para las detenciones; y, finalmente, se ha aprobado una instrucción sobre qué tipo de armas puede llevar un mosso (a raíz del llamado caso kubotán, un punzón de artes marciales que algunos agentes utilizaban y que ahora está prohibido).

Derechos humanos

Paralelamente, el departamento ha llevado a cabo iniciativas para asociar la actividad policial a los derechos humanos. Por ejemplo se ha aprobado un protocolo contra la violencia machista, otro contra la mutilación genital, y se ha puesto énfasis en los delitos contra los derechos de los trabajadores. Así, esta semana se organizó una macroredada con 750 mossos contra las mafias chinas que explotan a sus connacionales en talleres ilegales.

Y para evitar al máximo las suspicacias se han resuelto algunas reivindicaciones laborales del cuerpo, como la regulación de la segunda actividad o las pensiones.

Con todo, el malestar en una parte del cuerpo continúa latente. Y la sentencia ha dado alas a las voces que reclaman la dimisión del conseller. Valentín Anadón portavoz de UGT-SAP, insistió el lunes en esa petición con el argumento de que Saura propició un "linchamiento mediático" de los agentes.

Al final el caso se ha saldado con una pena leve, sobre todo comparada con otras condenas muy duras que ha habido recientemente, y otras que aún pueden venir en los próximos meses. Lo que está claro es que esas sentencias, más allá de sus consecuencias prácticas, también constituirán un capítulo más de esta guerra soterrada contra el conseller.