Contratar desde la Administración con personas, empresas o entidades sospechosas de simpatizar con el soberanismo puede tener consecuencias. Este es el subtexto del requerimiento que envió el Ministerio de Hacienda a la Intervención General de la Generalitat, según han publicado varios medios y confirmó Público de fuentes del mismo organismo, en el que el departamento que encabeza Cristóbal Montoro requiere el detalle de los pagos hechos desde el 2015 en una lista de 45 personas físicas o jurídicas. Una lista en la que abundan los nombres con conocida simpatía por el soberanismo, y que algunos medios ya han calificado de cacería de brujas.

En su escrito, Hacienda no revela el objetivo de su petición. Pero si especifica que quiere el detalle de la "totalidad de los pagos" hechos con "cualquier concepto" a las personas y entidades de la lista. El requerimiento también exige a la intervención de la Generalitat que obtenga la información de los organismos pertinentes de la administración autonómica, en el caso de que no los tenga en su poder.

En la lista tiene un lugar destacado el diario Ara. El Ministerio de Cristóbal Montoro exige el detalle de los pagos no sólo a la editora del diario, sino también a varios periodistas vinculados: Antoni Bassas, Toni Soler, Albert Om o Xavier Bosch. De hecho, todos ellos son citados en el requerimiento por su nombre y apellido con la coletilla "del diario Ara", aunque en muchos casos desarrollen también tareas profesionales en otros ámbitos.

Hacienda requiere igualmente los pagos al grupo Agrolimen, propiedad de la familia Carulla, conocida por su tradición catalanista y accionista igualmente del Ara. También apunta al Grup Cultura 03 y Sapiens Publicaciones, que editan publicaciones como Sapiens, Descobrir Catalunya, Cuina o incluso la revista del Club Súper 3, y a su fundador, Oriol Soler, también impulsor de Ara.

Igualmente aparecen los periodistas Eduard Voltas (editor de Time Out en Barcelona) y Pere Soler, y entidades como la Plataforma Pro Seleccions Esportives Catalanes.

De los 45 nombres de la lista, ocho corresponden a empresas del Grupo Mediapro, menos de un mes después de que se divulgara que un informe de la Guardia Civil intentaba vincular Jaume Roures, fundador de Mediapro y uno de los propietarios de Público con un supuesto "Comité Ejecutivo "de cara al referéndum del pasado 1 de octubre. En ese informe se recordaba que Mediapro habilitó durante el 1-O una sala de prensa desde donde el Govern informó sobre el desarrollo y resultado del referéndum, y que la empresa produjo el vídeo del 1-O difundido por TV3 y centrado en las cargas policiales que protagonizaron la jornada del referéndum.

El requerimiento, además, pide información sobre los pagos por varias becas, artículos o capítulos de libros. Todos ellos, con el denominador común de referirse a cuestiones relacionadas con el derecho de decidir, a la internacionalización de la cuestión catalana o, incluso el desarrollo del autogobierno, según se desprende de títulos, como Expectations and effects of regional independence: A comparison of Catalonia and Scotland , The Catalán Process: Sovereignty, Self-Determination and Democracy in the 21st Century oEl desenvolupament de l'autogovern en matèria de territori, paisatge, litoral i urbanisme.