La Agencia Tributaria de Catalunya, en un informe enviado al juez instructor del 'caso Nóos', José Castro, afirma que no puede considerarse a la infanta Cristina cooperadora o partícipe en un delito contra la Hacienda Pública 'por el sólo hecho' de ser socia no administradora de la sociedad Aizoon con su marido, Iñaki Urdangarin.

En un extenso dictamen, Hacienda incide en que para ser partícipe en un delito contra la Hacienda pública, se requiere 'una previa participación consciente dirigida a la defraudación, bien induciendo al autor a cometer el delito, cooperando a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado o cooperando a la ejecución del hecho mediante actos anteriores o simultáneos', lo que no sucedió en el caso de la duquesa de Palma, según la AEAT.

La Agencia Tributaria se ha ratificado en el informe exculpatorio de la infanta Cristina por los delitos fiscales de su marido. Hacienda ha respondido al juez instructor del caso Nóos, José Castro, que no puede ampliar a la infanta Cristina el dictamen que hizo sobre los presuntos delitos fiscales de su marido, Iñaki Urdangarin, 'hasta que no finalice el proceso penal'.

Castro solicitó el pasado día 24 a la delegación de Hacienda en Catalunya que aclarara 'cualquier laguna' o 'contradicción' sobre la posible 'intervención en irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales' de la infanta en el informe que había emitido en enero sobre Urdangarin, su exsocio Diego Torres y las empresas ligadas al Instituto Nóos.

'Esta Agencia Tributaria se ratifica en él (el citado informe) íntegramente, no apreciando que tenga lagunas ni contradicciones', ha replicado Hacienda en una comunicación remitida el pasado día 31, de la que este Castro ha dado traslado a las partes.

En su respuesta, la Agencia Tributaria expone que inició de oficio 'actuaciones administrativas de comprobación e inspección' sobre el duque de Palma, su exsocio en Nóos, la esposa de éste, Ana María Tejeiro, y empresas ligadas a ellos.

Estos procedimientos quedaron suspendidos en enero de 2013 al presentar Hacienda una denuncia ante el juzgado instructor por tres delitos fiscales referidos al impuesto de sociedades de Nóos en el ejercicio 2007 y el IRPF de Urdangarin en 2007 y 2008, y, según la Ley General Tributaria, no pueden reabrirse 'mientras la autoridad judicial no dicte sentencia firme'.

La solicitud de Castro estaba basada en un auto de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca, que fue la que apreció las lagunas y deficiencias del informe de Hacienda, y estableció que debía ampliar ese dictamen para que pudiera determinarse un posible delito fiscal de Cristina de Borbón.

En el mismo auto, la Audiencia dejaba sin efecto la citación como imputada de la infanta en lo que respecta a una supuesta complicidad o cooperación con el resto de delitos de su marido, dejando abierta su eventual imputación futura por delito fiscal.

No obstante, la Agencia Tributaria recuerda que también está colaborando con el Juzgado de Castro por la vía del 'auxilio judicial' para dar respuesta a numerosas peticiones de información, lo que se materializará en un informe 'de tal amplitud que comprende cualquier vicisitud con trascendencia fiscal que afecte a las personas físicas o jurídicas imputadas'.

Castro también pidió a Hacienda que precisara a cuánto ascienden las cantidades presuntamente defraudadas por Aizoon y Urdangarin y que informara de las cuentas corrientes y del patrimonio de la infanta.

A ambas solicitudes la Agencia Tributaria responde que facilitará los datos demandados cuando los recopile y analice.

En otro escrito, la administración tributaria deniega al instructor de Nóos su solicitud para que ponga a su cargo un funcionario concreto de Vigilancia Aduanera.

Además de dar traslado a las partes de las respuestas de Hacienda, el juez ha levantado el secreto que pesaba desde marzo sobre una pieza abierta para investigar la supuesta reunión en La Zarzuela en la que, según Torres, se negoció la organización de los foros Valencia Summit con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el entonces presidente autonómico Francisco Camps.

En esta pieza del sumario declararon como testigos ante la Policía el que fuera jefe de la Casa del Rey de 2002 a 2012, Alberto Aza, el exvicepresidente del Gobierno Rodrigo Rato y otras personas que tuvieron relación con la celebración de la Copa del América de Vela en Valencia. Ni Aza ni Rato recuerdan haber asistido a la reunión aludida.