Un tribunal militar marroquí condenó, en febrero de 2013, a 25 saharauis acusados de organizar el campamento de protesta pacífica Gdeim Izik, a las afueras de El Aaiún, en octubre de 2010, y de la muerte de 11 militares durante el desmantelamiento del mismo. Contra ocho de los saharauis se dictó cadena perpetua. Una de esas condenas fue la de Hassanna Aalía, el joven activista de 26 años que se encontraba en España durante la celebración del juicio y al que ahora, el Gobierno español le ha denegado el asilo político.

“Si Hassanna regresa al Sáhara ocupado, lo meterán en la cárcel y lo van a torturar. Pero también podría desaparecer. En ese caso lo matarían y como no hay constancia oficial de que esté en manos de la policía marroquí, el reino de Marruecos no sería responsable”, explica Francisco Serrano, abogado, presidente de la Asociación de Juristas Andaluces por el Sáhara (AJASÁHARA) y uno de los observadores en el proceso judicial que se siguió contra los activistas saharauis. “Su vida corre peligro”, insiste.

Serrano presenció en Rabat, junto a observadores de diferentes países y organizaciones en defensa de los derechos humanos, cómo un tribunal militar condenaba a unos civiles en un contexto de desprotección jurídica y de violación de las garantías procesales.

“El juicio fue una farsa autentica. Las presuntas víctimas eran militares", denuncia el abogado Francisco Serrano

“El juicio fue una farsa autentica. Las presuntas víctimas eran militares, por lo que el tribunal no podía ser también militar, ya que eso no garantiza la imparcialidad. La propia milicia no puede ser juez y parte en el mismo proceso”, especifica Serrano, que acudió a Rabat con el Consejo General de la Abogacía.

Prohibidos los tribunales de excepción

Otro rasgo de la falta de garantías tuvo que ver con la propia composición del tribunal: “La Constitución de Marruecos, aprobada en 2011 y presentada como el adalid de las constituciones de los países africanos, prohíbe los tribunales de excepción, y un tribunal militar lo es”.

Además, durante el proceso se vulneró un derecho fundamental, el de la tutela judicial efectiva, tal y como apunta el jurista: “Los imputados habían sido torturados, así lo manifestaron ante el juez, y en ningún caso se abrió una investigación para conocer la verdad. Este hecho no le importó al tribunal. Tampoco tuvieron abogados durante sus declaraciones, ni fueron examinados por médicos forenses”.

Precisamente, uno de los acusados denunció una violación con una barra de hierro. “Estuvo dos meses sangrando”. Pero el tribunal se negó a comprobar esta circunstancia. “No quisieron mandarle a un médico forense”, asegura Serrano. “Otro no podía mantenerse en pie por las palizas que le habían dado. Y todo, con la total omisión del presidente del tribunal”, denuncia.

Uno de los acusados denunció una violación durante los interrogatorios con una barra de hierro.

Un juicio con pruebas manipuladas

En el apartado de las pruebas presentadas durante el juicio, Serrano relata cómo percibieron los observadores la manipulación de las mismas. “Presentaron unos machetes, armas blancas, y en ninguno había huellas dactilares que les inculparan. Además, en cualquier sistema penal serio, cuando se presenta una prueba debe estar bajo custodia del secretario judicial para que no se manipule. Allí fue el propio ejército el que sacó una vitrina de tela metálica en color blanco donde estaban expuestas las armas, pero con la particularidad de que la vitrina estaba recién pintada e incluso olía a pintura. Es decir, que esas pruebas no se encontraban bajo custodia judicial”.

Francisco Serrano, primero por la izquierda, con el joven saharaui que inició una huelga de hambre en 2012.

La acusación del tribunal militar hacia los 25 saharauis también dejó lugar a las dudas, ya que el procurador les señaló como los responsables de “secuestrar a las 20.000 personas que conformaban el campamento Gdeim Izik”.

11 muertos sin cadáveres

Respecto a la responsabilidad de los saharauis en la muerte de 11 militares marroquís, Serrano asegura que “nada se supo sobre los cadáveres”. “Cuando hay un militar muerto lo suelen enterrar con honores, se sabe dónde está el cuerpo y en qué morgue permaneció. Pero en este caso, no hubo autopsias, ni datos que probaran que los militares fueron asesinado por las armas que allí se expusieron. Tampoco se supo dónde les habían enterrado, ni en que morgue estuvieron”.

Por otro lado, no se tuvo en cuenta el concepto de la “legítima defensa”, que habría amparado a los saharauis que se manifestaban de forma pacífica hasta que su protesta fue interrumpida con violencia. “El uso de la fuerza para legítima defensa está permitido en algunos casos, y este es uno de ellos. Es un derecho que tiene toda persona”, aclara Serrano.

En definitiva, según este observador, en el juicio no se presentó “ninguna prueba incriminatoria de ninguna de las acusaciones”. Con todo, el Ministerio de Interior español ha denegado el asilo político a uno de los condenados a cadena perpetua. “El Gobierno legitima este juicio pero esperemos que recapacite y no permita este atropello a la justicia, a la legalidad internacional y a los derechos humanos”, anhela Serrano.

Interior deniega el asilo

Hassanna Aalía, de 26 años, afronta ahora otro varapalo tras ver cómo el Gobierno español, a través del Ministerio de Interior, le ha denegado su solicitud de asilo como refugiado político. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz (PP) le remitió el pasado 19 de enero la “invitación obligatoria” a salir del país antes del próximo 4 de febrero.

En el escrito, Interior reconoce a Aalía como un activista político, pero al mismo tiempo legitima el tribunal militar marroquí que dictó cárcel perpetua contra él, considerando acorde a derecho el proceso judicial al que fue sometido “en rebeldía”, es decir, sin estar presente y, por tanto, sin que Aalía pudiera ejercer su derecho a defensa.

Ahora, este joven saharaui nacido en El Aaiún, ciudad considerada la capital del Sáhara Occidental ocupado por Marruecos, apura el tiempo en recabar apoyos y tramitar los recursos necesarios.

El viernes 30 de enero un grupo de activistas de diferentes organizaciones pro saharauis han convocado una huelga de hambre en el aeropuerto de Barajas (Madrid). Esta acción se suma a otras como la manifestación por las calles de Bilbao este sábado 31 de enero y el apoyo institucional del parlamento de Navarra y del Ayuntamiento de Durango, entre otros.