Un total de 88 organizaciones, algunas internacionales, apoyan las querellas de cinco mujeres contra el policía nacional infiltrado en movimientos independentistas, sociales y sindicales de Barcelona, un caso que creen basado en "la discriminación de género" y que "habría vulnerado hasta cinco derechos fundamentales".

El documento de apoyo a estas mujeres está firmado por un total de 88 entidades, algunas de ellas plataformas que agrupan otras organizaciones, como la Unión de Libertades Civiles por Europa, Defender a Quién Defiende o el European Civic Forum.

En el comunicado de apoyo a estas mujeres, presentado este jueves en conferencia de prensa, se denuncia que el uso de las relaciones sexoafectivas por parte de este policía nacional supone una "clara discriminación de género", al haberlas utilizado para extraerles información y "castigarlas por el hecho de ser una mujer vinculada a unos colectivos y luchas determinadas".

En la rueda de prensa, en la que han estado presentes, entre otras, la CGT, la Organización Mundial Contra la Tortura, y el Centro por la Defensa de los Derechos Humanos Irídia, se ha exigido al Estado que "asuma responsabilidades ante la gravedad de los hechos", instando a que se inicie una investigación "independiente, exhaustiva y efectiva".

Iru Moner, miembro de la Secretaria de Acción Social de la CGT en Catalunya, que se presenta también como acusación debido a que varias de las mujeres militaban activamente en este sindicato, ha denunciado que este tipo de operaciones "no van de prevenir delitos sino de tener fichas de los militantes y de controlar la disidencia".

La abogada de Irídia Anaïs Franquesa ha pedido al Estado "explicaciones y consecuencias", que, según explica, han de pasar por "la creación una comisión de investigación en el Congreso" y la dimisión del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, que suma un historial de incidentes bajo su administración como el de Melilla o el espionaje con Pegasus.

A la rueda de prensa ha acudido también una mujer que fue víctima de un caso de infiltración similar en el Reino Unido y su representante legal, que han descrito el impacto que han tenido las acciones legales contra la Metropolitan Police de Londres, cuya actuación llegó a ser probada como una "vulneración de diversos derechos humanos e innecesaria en una democracia".

Cecilia de Armas, representante de la Organización Mundial Contra la Tortura, ha declarado que el uso de esta técnica policial dentro de los movimientos sociales es "una tendencia preocupante" y ha alertado del "efecto disuasorio" que puede causar en la participación ciudadana "por miedo a verse perseguidos".