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Hazte Oír El Gobierno revoca la declaración de utilidad pública a entidades dedicadas a educación y sanidad, pero la mantiene para Hazte Oír

El ministerio de Interior dicta una nueva resolución que deja fuera de esa categoría a tres entidades ligadas al ámbito sanitario y educativo. La organización ultracatólica y homófoba sigue siendo considerada como se "utilidad publica".

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El autobús de Hazte Oír/EFE

El lobby más fundamentalista de España acaba de perder su última cruzada. Después de arremeter contra los derechos de las personas transexuales, defender símbolos franquistas y llamar a luchar contra el “adoctrinamiento de género”, los ultramontanos de Hazte Oír han tratado de liderar un fallido boicot a Eurovisión por llevar a Amaia y Alfred, “unas personas que disfrutan provocando y ofendiendo a los españoles”. No lo consiguieron.

Cada vez que Hazte Oír lanza alguna de estas iniciativas, lo hace bajo un paraguas que no cualquiera puede presumir: este grupo está considerado por el Gobierno como una “asociación de utilidad pública”. Lo estaba antes de que en marzo de 2017 sacase a la calle su autobús del odio, desde el que lanzaba mensajes contra las niñas y niños transexuales, y lo sigue estando ahora. De nada han valido los reclamos formulados en el Congreso por los grupos parlamentarios de la oposición para que el Ejecutivo de Mariano Rajoy retirase esa declaración, gracias a la cual disfrutan de exenciones y beneficios fiscales.

Este viernes, el Gobierno ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) una nueva tanda de revocaciones de declaración de "asociación de utilidad pública". En ese documento, que lleva la firma del Secretario General Técnico del Ministerio del Interior, Juan Antonio Puigserver Martínez, aparecen tres asociaciones que trabajan en diferentes ámbitos. Hazte Oír no está entre a las que se ha retirado esta declaración.

En esta oportunidad, el Ejecutivo central ha revocado la denominación de “utilidad pública” que disponía la Asociación de Maestros y Alumnos Solidarios, también conocida como MAYAS. Se trata de una ONG fundada en 2009 que trabaja para “ayudar a familias de España y Latinoamérica a romper el círculo vicioso de la pobreza, fundamentalmente a través de la educación”. “Somos una organización sin ánimo de lucro, aconfesional, apolítica y contraria a la discriminación por motivos de raza, nacionalidad, sexo o creencias religiosas”, proclaman desde su página web.

El Gobierno del PP había aceptado incluirla en la categoría de asociaciones de utilidad pública en una resolución firmada el 30 de octubre de 2012. “Ahora nos la han revocado por no entregar a tiempo las cuentas correspondientes a 2016, aunque se presentasen después”, confirmaron fuentes de esta ONG a Público. En tal sentido, indicaron que se trata de una cuestión “puramente administrativa y burocrática” que no afectará su trabajo y funcionamiento.

A día de hoy, esta organización ofrece “apoyo auxiliar en centros públicos de enseñanza infantil y primaria (C.E.I.P) y secundaria (I.E.S) reconocidos oficialmente como ‘de difícil desempeño’ o de ‘especial dificultad’ en diferentes barrios de Madrid”. Lo hace a través de “profesores, jubilados y personas a las que les apetece compartir sus conocimientos”, de manera que actúan como “maestros solidarios”. Su función es “ayudar “a los alumnos con necesidades especiales a seguir la clase”.

En su página web aseguran que esos voluntarios “prestan apoyo auxiliar e imparten clases gratuitas de refuerzo dentro y fuera del horario escolar a más de 500 estudiantes con problemas de aprendizaje en varios centros educativos públicos y también en hogares con escasos recursos o con dificultades”.

“En algunos centros, el apoyo auxiliar en el aula se destina especialmente a las aulas inclusivas o a sesiones de refuerzo en matemáticas o lectoescritura para alumnos con desfase respecto a sus compañeros, ya sea por escolarización tardía o por tener un origen extranjero, entre otras causas”, explican. Asimismo, MAYAS también colabora con una ONG de Nicaragua que trabaja en el ámbito de la educación.

Las otras afectadas

En la resolución publicada este viernes, el Gobierno también ha revocado la declaración de utilidad pública que desde diciembre de 2013 disponía “Porque Viven”, una entidad enfocada en el “desarrollo de los cuidados paliativos pediátricos”. Fuentes de esa organización explicaron a Público que la revocación se debe a que ya no funciona como asociación, sino como fundación. Las declaraciones de utilidad pública están dirigidas exclusivamente a las primeras. En cualquier caso, las fundaciones también gozan de privilegios fiscales.

Asimismo, el ministerio de Interior ha incluido en su última resolución a la Asociación Española de Alérgicos al Látex. Este periódico ha intentado ponerse en contacto con dicha entidad, pero tanto su línea telefónica en Madrid como su página web han dejado de estar operativas.

Razones legales

A nivel legal, el Gobierno está capacitado para revocar las declaraciones de utilidad pública cuando las entidades que disponen de esa denominación “hayan dejado de reunir cualesquiera de los requisitos necesarios para obtener y mantener vigente” ese título. Básicamente, se establece que serán excluidas de este listado aquellas asociaciones que no presenten sus rendiciones de cuentas o no justifiquen debidamente “las actividades realizadas en cumplimiento de sus fines”.

Precisamente, el Gobierno se aferra a esos puntos legales para mantener a Hazte Oír como asociación de utilidad pública. En septiembre del año pasado, el ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido, aseguró en septiembre pasado en el Congreso que ese grupo ultra “puede válidamente presentar la memoria de actividades” del ejercicio 2017 –en el que se produjo la campaña del autobús del odio- “hasta el día 30 junio del año 2018”. Según Zoido, “será solo después de ese momento cuando desde el Ministerio del Interior podrá valorar si tal campaña ha sido contraria al ordenamiento jurídico”.

Las que ya no están

La anterior tanda de revocaciones se había producido en enero pasado, cuando se dejó fuera del listado de utilidad pública –compuesto a día de hoy por unas 600 asociaciones de ámbito estatal- a la asociación Alba de Ayuda y Reinserción del Toxicómano, el Comité de Defensa de los Refugiados, Asilados e Inmigrantes en el Estado Español o la Sociedad Española de Quimioterapia.

A lo largo de 2017, el Gobierno había tomado esa misma medida contra la Asociación de Familias y Amigos de Personas con Discapacidad (ANSINA) de Canarias, la Asociación Andaluza de Organizaciones en Favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (FEAPS), Pangea (una ONG malagueña que trabaja con personas desfavorecidas) y la Asociación de Deportistas Contra la Droga.

Reconocimiento a ultracatólicos

Paradójicamente, durante ese mismo año fueron declaradas de utilidad pública una serie de organizaciones antiabortistas y de ideario marcadamente religioso, como la Federación Católica Española de Servicios a la Juventud Femenina —que hasta unos meses antes había estado presidida por María Antonia Avilés, ex eurodiputada del PP— y la asociación Másfuturo, muy activa en materia de campañas antiabortistas. También recibió tal distinción la Asociación Benéfica Cristiana la Mano que Ayuda, un grupo ligado a la secta anticomunista y ultraconservadora fundada en Corea del Sur por Sun Myung Moon.

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