Valle de los CaídosLos hermanos Lapeña y su exhumación del Valle de los Caídos: el cuento de nunca acabar

Era mayo de 2016 y un juez de San Lorenzo de El Escorial autorizaba la exhumación de los restos mortales de los hermanos Lapeña del Valle de los Caídos. La sentencia judicial era histórica. Los hermanos habían sido fusilados en el verano de 1936 por las fuerzas franquistas y sus restos fueron enviados en 1959 al Valle de los Caídos sin conocimiento ni permiso de sus familiares. La familia pensó que aquel era el punto final de un largo y tortuoso camino judicial que comenzó en 2008, cuando descubrieron por una tesis doctoral el paradero de sus familiares. Que en breve podrían dar digna sepultura a sus seres queridos lejos de los restos de su verdugo. Pero se equivocaron. La sentencia judicial dio comienzo a un nuevo laberinto legal que ha cortocircuitado las exhumaciones. Han pasado ya tres años y cuatro meses desde entonces y la sentencia judicial no se ha cumplido. 

"Creo que lo que están haciendo con nosotros es darnos largas. Nos piden paciencia, pero es que hay personas, familiares que no pueden esperar más. Se están muriendo y llegando a una edad en la que ya no son del todo conscientes de lo que sucede", lamenta a Público Miguel Ángel Capape, pareja de Purificación Lapeña, nieta de uno de los hermanos Lapeña, y uno de los portavoces de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos. 

"Creo que lo que están haciendo con nosotros es darnos largas", dice un familiar de los hermanos Lapeña

El martes, de hecho, los familiares de Lapeña y las de las otras nueve familias agrupadas en la mencionada asociación encontraron una nueva piedra en el camino. El escollo llegaba, esta vez, desde el Consejo de Administración de Patrimonio Nacional, que gestiona el Valle de los Caídos. Los consejeros tenían que estudiar el informe de 500 páginas realizado por el Instituto Eduardo Torroja del CSIC para conocer si era posible la exhumación de los hermanos Lapeña. El informe, según fuentes de la asociación, era positivo y daba luz verde a la exhumación. Pero no fue suficiente. Los consejeros reclamaron al Instituto más aclaraciones técnicas.

La reacción de los familiares de los Lapeña y del resto de familias fue la de recibir un nuevo jarro de agua fría. "¿Cuánto más pueden tardar estas gestiones? ¿Un año más? ¿Seis meses? Y entonces, ¿qué? ¿Volverán a pedir otro informe? ¿Se sacaron otro as de debajo de la manga?", se pregunta Capape. 

Y es que en este caso llueve sobre mojado. Las obras para acceder a la cripta arrancaron en julio de 2018, pero ahora mismo están paralizadas. Se comunicó a las familias que debían esperar un nuevo informe del Instituto Torroja sobre si la estructura de la cripta aguantaría los trabajos de exhumación. Les dijeron que tardaría cuatro meses, pero tardó más de un año. El citado informe, de hecho, fue el que se presentó el martes al Consejo de Administración y la respuesta del mismo fue pedir al Instituto nuevas aclaraciones técnicas. El cuento de nunca acabar. 

"Nos estamos enterando por la prensa de este tipo de cosas. Nadie del Gobierno nos ha dicho nada nuevo. Y ya dudamos de que finalmente sea posible la exhumación. Cuando estén todos los informes, ¿habrá un Gobierno que quiera continuar con estas exhumaciones? Para nosotros es un tema importante y la gente mayor se está muriendo. Nos urge, pero parece que nadie tiene prisa", prosigue Capape, en conversación telefónica con Público. 

Hasta ahora, el único gesto que estas familias han recibido ha sido una visita al Valle de los Caídos que les permitió ver por una ventana el lugar donde están los restos de sus familiares. También les tomaron pruebas de ADN a todos y les dieron el compromiso de que si abrían la cripta para sacar a los hermanos Lapeña también saldrían sus familiares. De hecho, todos ellos han solicitado que Patrimonio reconozca por escrito su derecho a exhumar a su ser querido. Sin embargo, solo Amable Baragaño, de 84 años, ha recibido por escrito el papel que le reconoce su derecho a exhumar a su padre, Aquilino Baragaño. El resto, siguen esperando. 

Once años de lucha

La lucha de la familia de los hermanos Lapeña y de otras nueve familias, como la de Silvia Navarro, Mercedes Abril o Maribel Luna Baragaño comenzó en 2008. Ese año conocieron, gracias a una tesis doctoral, que sus familiares estaban en el Valle de los Caídos sin su conocimiento ni permiso. Comenzaron entonces un largo periplo judicial por tribunales españoles e internacionales. Pero todas las denuncias acababan en el mismo cajón: archivados. 

Hasta que el abogado presentó ante el juez de primera instancia de El Escorial en 2015 una demanda de la familia Lapeña que pedía exhumar a sus seres queridos conforme al artículo del Código Civil que reconoce el derecho a la "digna sepultura". El juez admitió la demanda y terminó dictando sentencia a favor de la familia Lapeña. 

"Muchas veces me pregunto si lo que algunos están esperando es a que nos muramos"

El resto de familias, por tanto, trataron de acudir a los tribunales con el mismo argumento que Lapeña, pero el entonces ministro de Justicia del Partido Popular, Rafael Catalá, impulsó una reforma del Código Civil que eliminaba el citado artículo con la excusa de que estaba "en desuso". La vía iniciada por la familia Lapeña y el abogado Ranz tocaba a su fin. Ahora solo quedaba el reconocimiento mediante un acto administrativo por parte de Patrimonio Nacional. Y en esta lucha siguen las familias de la Asociación de Familiares Pro Exhumación de los Republicanos del Valle de los Caídos.

Entre ellas, mujeres como Mercedes Abril, de 86 años, que durante la reunión que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, mantuvo con las asociaciones de Memoria Histórica el pasado mes de agosto le hizo llegar una carta que decía cosas como la siguiente: "Llevo muchos años luchando para que me devuelvan los restos mortales de mi padre, inhumados en el Valle de los Caídos desde que fueron trasladados allí desde Calatayud, sin el consentimiento ni el conocimiento de mi familia, en abril de 1959. [...] Muchas veces me pregunto si lo que algunos están esperando es a que nos muramos, aunque también le digo, señor Presidente, que nuestros hijos y nietos nos relevarán si es necesario". 

Mientras tanto, el Supremo decidirá este próximo martes si se puede exhumar al dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos. Pero las familias son claras en su decisión. Ni con Franco ni sin Franco. Quieren a sus familiares consigo, donde ellos decidan enterrarlos y no donde un dictador decidió en honor a una falsa reconciliación nacional.