La decisión que tome el Tribunal Supremo hará de 'diapasón', 'marcará el tono' de lo que pueda suceder en los procedimientos judiciales contra todos los encausados por la organización del proceso participativo del 9 de Noviembre de 2014 (9-N), ha afirmado Francesc Homs el día antes del inicio del juicio al que debe hacer frente el ex-conseller de Presidència y ahora diputado del PDeCAT ante el alto tribunal.

En la víspera de ser juzgado en el Tribunal Supremo por prevaricación y desobediencia en la organización de la consulta soberanista del 9N de 2014, Homs ha comparecido en rueda de prensa en Barcelona para denunciar que lo que afrontará este lunes es "un juicio innegablemente político".

Homs ha afirmado este domingo que, si el proceso judicial por la consulta del 9N acaba en condenas, será "el fin del Estado español", porque se constatará que "la democracia puede ser castigada con el Código Penal".

se siente "un mero soldado de una causa" y está convencido de tener una "muy sólida argumentación jurídica" frente a las "contradicciones flagrantes" de la Fiscalía, ha remarcado que ya hay una "respuesta política" al proceso soberanista, que es un "no a todo" por parte del Estado y una "respuesta constitucional", según la cual el Estatut refrendado en 2006 "no cabe en la Constitución".

Según Homs, la sentencia que dicte el Supremo sobre él mismo será el "diapasón" que "marcará el tono" de la respuesta penal al 9N, pero ya sea absolución o condena, el Estado "lo tiene mal".

De esta manera el diputado apunta a que el alto tribunal podría marcar la senda en el resto de los procesos abiertos por la consulta del 9-N. En Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJCat) tiene previsto dictar sentencia sobre el juicio al expresident Artur Mas, así como a la vicepresidenta Irene Rigau y la exconsejera Joana Ortega que se celebró a comienzos de febrero.

Si absuelven a los acusados, "a nadie se le pasará por la cabeza decir que no se puede hacer un referéndum", mientras que, si hay condenas, el mensaje será que "en el Estado español la democracia puede ser castigada con el Código Penal", algo "imposible de defender en un Estado democrático y de derecho".

En caso de que los acusados sean condenados, "la respuesta de Catalunya debe ser la misma" que hasta ahora: "Seguir adelante, con una actitud democrática, pacífica, inclusiva".

El diputado del PDeCAT también expuso las líneas de su defensa y ha dicho que "desde la perspectiva del derecho" va a Madrid con una "muy sólida argumentación jurídica". Desde este punto de vista, según él, "quien está en falso es el Estado español", porque la Fiscalía ha dicho una cosa y también la contraria sobre el cumplimiento de resoluciones del Constitucional y sobre lo que es aplicable al caso del 9-N. "De un conflicto de competencias no se puede derivar un procedimiento penal", ha explicado.

Un tribunal 'de gala'

Homs, por otra parte, ha reiterado que este lunes lo que habrá es "un juicio innegablemente político", con "un tribunal de gala de siete magistrados", que comenzó con un debate político en el Congreso, en el que la mayor parte de los diputados catalanes coinciden en la valoración que se trata de un juicio político ".

"La sentencia marcará la respuesta del Estado" en todos los juicios abiertos contra políticos independentistas y ante lo que pueda pasar en Catalunya.

Tres por ciento

En cuanto a las informaciones aparecidas en las últimas horas sobre la eventual implicación de Artur Mas en la financiación ilegal de su partido con la exigencia del conocido "tres por ciento" a determinados empresarios, como condición para la adjudicación de contratos, Homs ha declarado que se trata de un nuevo intento de desviar la atención en un momento especialmente crítico, como es el del inicio de su juicio.

El diputado independentista ha afirmado que una vez más la aparición de este tipo de informaciones no puede considerarse como fruto de la casualidad.

Políticos hacia Madrid en señal de apoyo

Consellers de la Generalitat y representantes de partidos y entidades soberanistas se concentrarán este lunes a las 9 ante el Tribunal Supremo para apoyar el Francesc Homs antes de comenzar el juicio debe enfrentarse por la consulta del 9 de noviembre de 2014.

Por parte del Ejecutivo catalán está confirmada la presencia de la consellera y portavoz, Neus Munté; el conseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva; de la consellera de Gobernación, Meritxell Borràs, y del de Territorio, Josep Rull, según fuentes del Govern citadas por Europa Press.

Homs es líder del PDeCAT el Congreso, y de su partido acudirán a apoyarlo el presidente del partido y ex presidente de la Generalitat, Artur Mas; los coordinadores de la formación, Marta Pascal y David Bonvehí; el líder parlamentario, Jordi Turull, y una delegación de cuadros territoriales.

Por parte de ERC acudirán la secretaria general, Marta Rovira; el portavoz, Sergi Sabrià; el diputado autonómico Roger Torrent; los diputados del Congreso Joan Tardà y Gabriel Rufián, y varios senadores como Mirella Cortés, entre otros.

Los 'comunes' también se han solidarizado con los cargos independentistas juzgados o investigados por la justicia recientemente, como Artur Mas y Carmen Forcadell, y en esta ocasión acudirá a la concentración el diputado de EnComúPodem el Congreso Marcelo Expósito.

Autocares y concentraciones de entidades soberanistas

En representación de las entidades soberanistas está prevista la presencia del presidente de la ANC, Jordi Sánchez; el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart; la presidenta de la AMI, Neus Lloveras, y el vicepresidente de la ACM, David Saldoni.

Además, la Asamblea Nacional Catalana moviliza autobuses para facilitar el viaje de los ciudadanos que se quieran concentrar ante el Supremo.

El ANC también ha organizado concentraciones en apoyo de Homs este lunes por la tarde en una veintena de ciudades catalanas, entre las que destacan las cuatro capitales de provincia: Barcelona, Lleida, Girona y Tarragona.

En las cuatro capitales se ha convocado a los manifestantes frente a la sede de la Delegación de la Generalitat en Barcelona y de las Subdelegaciones del Gobierno, ya que los soberanistas consideran que la justicia está politizada por el Gobierno central.