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Huelga de funcionarios de Justicia Los funcionarios de Justicia irán a la huelga el 16 de noviembre

Convocados por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, los funcionarios de la administración de Justicia irán a la huelga uniéndose a los paros de los letrados, el martes 13, y a la huelga de jueces y fiscales, prevista para el lunes 19.

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La ministra de Justicia, Dolores Delgado, se enfrenta a su primera huelga de funcionarios de Justicia. EFE

Los funcionarios de la administración de Justicia irán a la huelga el viernes 16 de noviembre convocados por los sindicatos CSIF, STAJ, CCOO y UGT, protesta que se une a los paros de los letrados del martes 13 y a la huelga de jueces y fiscales prevista para el lunes 19.

Los trabajadores de Justicia, según explican este viernes los sindicatos en un comunicado, protestarán por la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que se tramita en el Parlamento y que, denuncian, permitirá a la administración determinar "a su antojo" cuál será, dentro del municipio, su puesto de trabajo en cada momento, y reducirá "drásticamente" el nombramiento de personal interino.

La reforma, aprobada esta semana por el pleno del Congreso, tiene que pasar ahora por el Senado. El pasado miércoles un centenar de representantes sindicales se concentró ante el Ministerio de Justicia para pedirle que utilice todas las herramientas políticas que estén a su alcance para frenar esta "agresión a sus derechos laborales".

Los sindicatos de la administración de Justicia han decidido convocar concentraciones diarias los días laborables, de 10.00 y 10.30 horas, a las puertas de los centros de trabajo desde el próximo martes, día 6, hasta la jornada de huelga, el día 16.

Antes, en la jornada del 13, están llamados a un paro de dos horas los letrados de la administración de Justicia, conocidos antes como secretarios judiciales, que reivindican una adecuación salarial.

Por su parte, las cuatro asociaciones de jueces y las tres de fiscales han acordado convocar una huelga para el día 19, el segundo paro este año tras no recibir respuesta del Ministerio de Justicia a sus reivindicaciones profesionales y salariales.

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