"La Iglesia Católica en España hoy es sólo una asociación de creyentes y debe ser tratada como tal"

Este viernes se han cumplido dos años de la firma del rey que certificó la reforma del artículo 135 de la Constitución pactada por PP y PSOE para obligar al Estado a supeditar sus cuentas al cumplimiento de los objetivos de déficit. Un tema tabú como es el modificar la Carta Magna estos días llevó pocas semanas a los dos principales partidos. No hubo consulta popular y aquello dio alas a la política de recortes que seguiremos sufriendo el próximo año a costa de los Presupuestos Generales que el Gobierno llevará el lunes al Parlamento.

Esas políticas de austeridad no han afectado a todos por igual. Pero si hay alguien que no nota los efectos de la crisis económica ─ la de fe es otra historia─ es la Iglesia Católica, que tan sólo en 2012 obtuvo 247 millones de euros de subvenciones directas a través de la casilla del IRPF. Mientras, este mediodía el Gobierno ha confirmado que congelará los salarios de los funcionarios públicos por cuarto año consecutivo. Si la Constitución, en su artículo 16 establece que España es un Estado "aconfesional", ¿por qué debe sufragar los gastos de la Iglesia? Este viernes en el Congreso de los Diputados el Grupo Parlamentario de la Izquierda Plural y la Asociación Europa Laica han tratado de desmontar los motivos históricos políticos, económicos y legales que aportan los que siguen defendiendo esta posición privilegiada en unas jornadas bajo el lema Avanzando hacia un estado laico.

"Hasta hace muy poco se era católico por obligación [...] La propia memoria de la Conferencia Episcopal muestra el continuo descenso de los bautizos, los matrimonios y el uso de los sacramentos. Hoy en día, la Iglesia Católica ya no es universal, es tan sólo una sociedad de creyentes que debe ser tratada como tal", reclamó el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado. Existe toda una concatenación de hechos que provocan ese trato de favor aunque quizá el principal esté en la Constitución, donde "la Iglesia Católica es la única corporación privada que aparece con nombres y apellidos". 

Para Delgado, la problemática tiene distintos niveles. El político, donde "hace apenas dos días un senador del PP se atrevió a decir que desde 2005 estamos reviviendo un resurgir del anticlericalismo de la izquierda radical" sin tener en cuenta que "laicismo no significa anticlericalismo ni antirreligiosidad, sino el deber de que prevalezcan los derechos de todos por encima del de una organización". Delgado destacó que las trabas legislativas son muchas y que desde la Transición nadie ha hecho nada por apostar verdaderamente por la separación entre el Estado y la Iglesia. "Todos sabemos quienes han gobernado durante los últimos 35 años [...] pero estamos convencidos de que no muy tarde va a haber una nueva mayoría parlamentaria y las cosas tienen que cambiar", afirmó.

"Con la calle agitada al poder legislativo no le quedará más remedio que actuar" Desde su punto de vista, el cambio viene por forzar al poder legislativo a garantizar ese cambio. "Con la calle agitada no le quedará más remedio que actuar" y así no podrá seguir defendiendo que "a menos democracia, más religión; a menos derechos, más beneficencia; y que a menos libertades, más fe". El presidente de Europa Laica subrayó cómo el cambio de la ley hipotecaria de Aznar en 1998 ha propiciado que la Iglesia "robe aproximadamente 6.000 espacios públicos que pertenecían a los ciudadanos".  

"Debemos cambiar las actitudes de los alcaldes, de los concejales, de los ministros que juran el cargo sobre la Biblia, que usan los reglamentos de los consistorios para favorecer a la Iglesia, que son proconfesionales y que al fin y al cabo están violando la Constitución", insistió antes de recalcar que hay demasiados políticos "a los que les va la marcha, las procesiones, las romerías...". Delgado destacó que el 40% de las denuncias que llegan al Observatorio de la Laicidad  llegan desde la enseñanza pública y atacó al PSOE por haber permitido en los ochenta la creación de las escuelas concertadas.

Su presentación corrió a cargo de Cayo Lara, quien recurrió a la reciente circular distribuida por el ministro francés de Educación, Vincent Peillon, a los centros escolares defendiendo los valores de la República laica. El coordinador federal de IU denunció que la exención del IBI es una de las más costosas para las arcas del Estado. “Mientras todos los ciudadanos y ciudadanas tenemos que abonar ese impuesto todos los años religiosamente, los edificios pertenecientes a la Iglesia no pagan un sólo céntimo”, dijo.

Precisamente sobre el tema del IBI, el doctor en Derecho Miguel Izu, puso un ejemplo de lo que supone para la Iglesia ese privilegio. "La legislación establece la exención del IBI para las instituciones sin ánimo de lucro. El razonamiento de la Iglesia es que la ley trata a todos por igual, pero la realidad es que por ejemplo, en Pamplona la Iglesia católica tiene registrados 200 mientras que el resto de confesiones tiene tan sólo seis. Como el patrimonio de la Iglesia no es el mismo, el principal beneficio es para ellos".

Para Izu, otro problema clave son los acuerdos con la Santa Sede de 1979 que al tener carácter de tratado poseen rango de ley y considera que "es imprescindible la modificación o la renuncia" para acabar con los privilegios del clero. Por su parte, el profesor de la Universidad de Navarra, Alejandro Torres, destripó una a una las modificaciones legales que desde el siglo XIX han favorecido a la Iglesia, en especial el tema de las inmatriculaciones, que calificó como "una carrera de pillos en la que el primero que llega al registro puede registrar un inmueble a su nombre", algo que perjudica notablemente a los ayuntamientos, que suelen verse indefensos ante la cantidad de terrenos que controla la Iglesia aunque deberían ser propiedad municipal.