Otra vez los socios parlamentarios del PSOE vuelven a rebajar las expectativas de la parte socialista del Gobierno en torno a la ley de vivienda. De nuevo, el optimismo de un lado se topa con el rechazo del otro. En el centro, se mantiene desde hace dos años y medio la limitación de los alquileres toda vez que el resto de incógnitas relativas a la norma comienzan a despejarse en la recta final.

El clima de la negociación todavía sigue siendo mucho más favorable que el de otras iniciativas en curso en el Congreso, como las conversaciones que afectan a la reforma de la ley del solo sí es sí o a la modificación de la ley mordaza, pero donde el PSOE ve "unos flecos", en Unidas Podemos observan que el acuerdo "no está más cerca que ayer".

De hecho, en el espacio confederal creen que el acuerdo "no está más cerca que en diciembre", cuando se empezó a desbloquear la tramitación de la norma en la Cámara Baja, después de muchos meses de parálisis absoluta. Cuando se iniciaron estas conversaciones, se decidió repartir la negociación entre varios sectores, partes o mesas en las que uno de los interlocutores siempre sería el PSOE (impulsor de la norma a través del Ministerio de Transportes y partido mayoritario del Gobierno). De esta manera, los socialistas mantendrían reuniones con Unidas Podemos, ERC y EH Bildu por separado, y cada uno de estos grupos se centraría en uno o varios aspectos concretos de la ley.

Unidas Podemos focalizó sus esfuerzos en dos regulaciones muy concretas de los precios: la limitación de las revisiones de los contratos del alquiler firmados (cuando el casero y el inquilino, en general cada año, revisan el precio acordado y lo actualizan); y la limitación del precio de los alquileres de aquellos inmuebles que entran ex novo al mercado (es decir, que se ponen por primera vez en situación de ser alquilados y, por lo tanto, no tienen un histórico de precios en el que referenciarse para fijar el suyo porque no habían estado en régimen de alquiler).

En ninguna de las dos cuestiones hay avances relevantes, trasladan desde el espacio confederal, pero en la regulación de los precios a la hora de revisar los alquileres firmados hay, además, un bloqueo importante. El Grupo Socialista y el Ministerio de Transportes habían dado un visto bueno inicial a muchas de las propuestas que pusieron encima de la mesa Unidas Podemos, ERC y EH Bildu, entre los que se encontraba una propuesta de los de Ione Belarra para hacer estructural el límite de los precios en las revisiones que se fijó durante la pandemia y la guerra y que en la actualidad está vigente, situado en el 2%.

En la negociación se fijó que esta cifra podría alcanzar el 3% e, incluso, el 4%. Sin embargo, el Ministerio de Economía, dirigido por Nadia Calviño, irrumpió hace unas semanas en las negociaciones y vetó varias de las propuestas inicialmente bien vistas, entre las que se encontraba la de limitar de manera estructural y con una cifra concreta las revisiones de los contratos en vigor (ligadas habitualmente por contrato al IPC).

Avances más allá de la regulación de precios

En su lugar, el departamento de Calviño apuesta por elaborar un índice para regular estos precios, un índice que en todo caso se diseñaría después de aprobar la ley de vivienda en el Congreso y que, según apuntan algunas voces conocedoras de la negociación, se referenciaría en la evolución del mercado inmobiliario.

Según avanzó este jueves El País, la última propuesta de Economía es la de fijar un límite del 3% durante 2024 para dar tiempo al diseño de este índice, que entraría en vigor al año siguiente. Esta medida no convence en ningún caso a Unidas Podemos, que insiste en que la manera más efectiva para contener los precios en las revisiones es la de fijar ese límite del 3%, o incluso del 4%, de manera permanente.

En el caso de ERC y EH Bildu, las otras dos formaciones implicadas en la negociación e imprescindibles para que la norma vea luz verde, también muestran sus reticencias hacia la elaboración del nuevo índice de precios por parte de Calviño para establecer el tope de las revisiones, según señalan fuentes de ambos grupos.

Después de la información sobre el tope temporal del 3%, los partidos independentistas han trasladado su desconocimiento con respecto a esta medida. Si bien, no la ven con malos ojos, siempre y cuando se fije el tope de los precios "en el marco de la ley", no fuera de ella ni una vez haya entrado en vigor.

En este sentido, los republicanos ponen en valor el índice oficial de la Generalitat para la ley catalana del alquiler, cuyos artículos claves en la regulación fueron anulados por el Tribunal Constitucional. En cualquier caso, desde ambas formaciones ven "más cerca el acuerdo" con el PSOE que Unidas Podemos.

Y es que, aunque insisten en mantener la discreción para "cerrar los últimos flecos", especialmente en lo referente a la limitación de los alquileres, así como a los nuevos contratos que se incorporan al mercado de la vivienda, fuentes de la negociación destacan avances en otras líneas rojas que dichos partidos pusieron sobre la mesa, como la prohibición de los desahucios sin alternativa habitacional, con la entrada en escena de la administración para mediar este proceso, o la redefinición de los grandes propietarios (dejarla en cinco pisos y no 10, como está establecido en el actual redactado de la norma).

En cualquier caso, las posturas alejadas en torno al cambio de paradigma que se busca con la norma se evidenciaron el pasado martes en una votación en el Congreso. Lejos del apoyo que el PSOE dio en el Parlament de les Illes Balears a la proposición de ley para modificar la norma estatal de Arrendamientos Urbanos para topar el precio de los alquileres, los de Pedro Sánchez votaron en contra de dicha iniciativa en la Cámara Baja al considerarla "innecesaria" por la actual tramitación de la ley de vivienda, una norma que sigue topándose contra el muro de siempre.