Este martes el Congreso ha respaldado una una proposición de ley, presentada por el PSOE ,que modifica la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de indulto para prohibir que esta medida se conceda a políticos condenados por corrupción o por delitos relacionados con la violencia de género. 

En 1970 se aprobó la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia del indulto para regular el ejercicio de la gracia de indulto. El artículo 73 de la Constitución del Estado otorga al Rey la facultad de conceder indultos particulares con sujeción a las leyes.

¿Cómo se concede un indulto?

La ley permite ahora que todos los reos que hayan cometido toda clase de delitos puedan ser indultados, (excepto los que no tengan una sentencia firme o sean reincidentes)

El indulto lo puede solicitar el penado, sus parientes o cualquier otra persona en su nombre, sin necesidad de ningún escrito. También puede ser propuesto por el Tribunal Sentenciador o el Tribunal Supremo o el Fiscal de cualquiera de ellos.

Una vez se realiza la solicitud del perdón, ésta se dirige al Ministro de Justicia  a través del Tribunal Sentenciador. Para tomar la decisión el Ministro de Justicia pedirá un informe sobre la conducta del penado al Jefe del establecimiento en que aquél se halle cumpliendo la condena, o al Gobernador de la provincia de su residencia.

Existen diferentes clases de indulto, podrá ser total, remisión de todas las penas a que hubiese sido condenado y que todavía no hubiese cumplido o parcial,remisión de alguna de las penas impuestas o de parte de algunas que el implicado no hubiese cumplido. Además la conmutación de penas se considera indulto parcial.

Es imprescindible que el indulto no cause perjuicio a terceras personas o no lastime sus derechos y además el penado debe haber obtenido el perdón de la parte ofendida.

Esta es la razón que en muchas ocasiones ha convertido un indulto en un objeto de debate, estos son los siete indultos que tuvieron más repercusión y causaron mayor polémica en nuestro país.

El caso del Guardia Civil que grabó una agresión sexual

En el Consejo de Ministros del 30 de mayo de 2014 se aprobaron ocho indultos, el más polémico, fue para un Guardia Civil condenado por grabar una agresión sexual. El agente Manuel Arbesú fue condenado por la Audiencia Provincial de Asturias,a seis meses de inhabilitación especial para empleo o cargo público y al pago de la mitad de las costas procesales. Su delito, omisión del deber de perseguir delitos tuvo lugar en 2011.

Los hechos ocurrieron el día 11 de junio de 2011, a las 9.30 horas, en la estación de Renfe de Gijón, una mujer cogía el tren con destino a Oviedo. Dos hombres se subieron juntos en el mismo vagón. Uno de ellos, "con inequívoca intencionalidad sexual", se acercó a la mujer y lo más leve que le dijo, como dejó registrado el vídeo del condenado, fue "póngote mirando a Cuenca", seguido de más comentarios obscenos. A pesar del rechazo de la mujer, le metió la mano entre las piernas tocándole la zona del pubis por encima del pantalón. Ella intentaba evitarlo, mientras que el amigo del agresor (el Guardia Civil indultado) no paraba de reír mientras los grababa todo.

El indulto modificó la pena, que implicaba la pérdida de plaza de funcionario, por una multa de unos 500 euros, por lo que pudo seguir en el cuerpo.

El indultado, según se confirmó a Público, es hijo de José Manuel Arbesú Santamaría, edil del Partido Popular en el Consistorio, además de secretario general del partido en el municipio.

Cuatro mossos d'esquadra que torturaron a un hombre

Cuatro mossos de d'esquadra fueron condenados por torturar a un hombre detenido por error, amenazarle, golpearle y meterle una pistola en la boca para obligarle a confesar. Los policías debían cumplir penas de hasta cuatro años y seis meses de prisión decretadas por el Tribunal Supremo.

En febrero de 2012 el Gobierno del PP les concedió la medida de gracia, rebajando la pena a dos años de prisión, con el convencimiento de que los agentes no entrarían en la cárcel. También permutaron la inhabilitación por la suspensión de cargo público durante dos años.

La Audiencia Provincial de Barcelona se opuso a su liberación y decidió decretar su ingreso en prisión pese a que no tenían antecedentes y la pena no superaba los dos años.

El Gobierno de Rajoy conmutó en noviembre de ese mismo año la pena de prisión por una multa con una cuota diaria de 10 euros, durante dos años, lo que supone pagar 7.200 euros en lugar de la prisión. En una nota de prensa, el Ministerio de Justicia alegó que la medida se concedió tras “analizar la amplia documentación e información que contienen los expedientes aportados”

El 'kamikaze' que salpicó a Gallardón

El Gobierno indultó en 2012 a un conductor 'kamikaze' que cumplía una condena de 13 años de cárcel por conducir varios kilómetros en dirección contraria a alta velocidad por una autopista de Polinyà del Xúquer (Valencia), hasta que chocó frontalmente con otro vehículo cuyo conductor resultó muerto y su acompañante, herida.

El Ejecutivo aprobó el 7 de diciembre de 2012, indultar al conductor, condenado por la Audiencia de Valencia, como autor de un delito de conducción con grave desprecio para la vida de los demás, en concurso ideal con un delito de homicidio, un delito de lesiones, una falta de lesiones y una falta de daños.

El Gobierno conmutó al acusado la pena privativa de libertad pendiente de cumplimiento por otra de dos años de multa.

El indulto del Ejecutivo provocó una gran alarma social, sobre todo después de que se desvelara que que el abogado del kamikaze era hermano de Ignacio Astarloa, un exalto cargo del PP en el Ministerio del Interior, y que además el abogado trabajaba para el despacho Uría y Menéndez, en el que también está empleado un hijo del ex ministro Alberto Ruiz-Gallardón.

En 2013 el Tribunal Supremo consideró "arbitrario" el indulto al no hallar su "lógica jurídica, excluyente de la arbitrariedad". El 21 de marzo de 2014 el acusado tuvo que reingresar en prisión.

El comandante y capitán médico del Yak-42

José Ramón Ramírez García y Miguel Ángel Sáez García fueron indultados parcialmente en abril de 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. Los comandantes sanitarios fueron condenados a 18 meses de prisión, un año de inhabilitación especial y una multa de 900 euros por falsear la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos en el accidente aéreo del Yak-42. El Gobierno impuso una medida de gracia que afectó únicamente a la pena de inhabilitación que les fue impuesta por la Audiencia Nacional. La Asociación de Víctimas del Yak-42 consideró esto como un "golpe de Estado".

Francisco Cardona, padre de uno de militares fallecidos, denunció la "sinvergüencería en mayúsculas" del PP por aprobar el indulto a estos dos oficiales. "Para una persona a la que le han matado a su hijo, esto es intolerable, no tienen ningún derecho ni moral ni político, por mucha mayoría que tenga el PP. No tengo ningún miedo" afirmó

El número dos del Banco Santander

El Gobierno de Rodriguez Zapatero, en funciones, concedió el indulto al consejero delegado del Banco Santander el 25 de noviembre de 2011. Alfredo Sáenz fue condenado a tres meses de arresto e inhabilitación temporal por un delito de acusación falsa. Esta decisión permitió al indultado permanecer al frente del grupo Santander. El 12 de febrero de 2013, el Tribunal Supremo anuló el indulto al considerar que el Gobierno no puede anular la normativa bancaria que prohíbe ejercer de consejero delegado de un banco a alguien con antecedentes penales por delito doloso.

El 'kamikaze' de Valladolid

Uno de los indultos que más revuelo provocó fue el del conductor kamikaze,Carlos Anzúlez Carreras, que mató a un conductor en Valladolid. Los hechos se produjeron en 1997, pero no fueron juzgados hasta 2001, el condenado entró en prisión para cumplir la pena impuesta por la Audiencia Provincial de Valladolid por un delito de conducción temeraria en concurso con un delito de homicidio y otros dos de lesiones.El Gobierno le otorgó en octubre de 2011 el indultado y pasó tan solo siete años en prisión de los 12, 5 a los que había sido condenado.

Rafael Vera y José Barrionuevo, salvados por Aznar

Rafael Vera y José Barrionuevo, ex ministro Interior y el exsecretario de Estado del gobierno de Felipe González, fueron condenados por el caso Marey. Les acusaron del secuestro de Segundo Marey, un ciudadano francés al que confundieron con un cabecilla etarra, en una de las acciones de los GAL.Fueron condenados a 10 años de cárcel y 12 de inhabilitación por los delitos de detención ilegal y malversación de fondos públicos. En diciembre de 1998 el Gobierno les concedió, junto a los demás condenados, el indulto parcial y el tercer grado penitenciario.