"El informe policial por las detenciones de los antifascistas de Benimaclet parece firmado por la Brigada Político Social"

El contenido del informe del atestado elaborado por la Brigada Provincial de Información de la Policía Judicial de València acerca de las circunstancias que rodearon las detenciones de los tres jóvenes antifascistas en Benimaclet el pasado día 12 de octubre ha provocado una profunda indignación entre los colectivos vecinales, sociales y abogados que habitualmente trabajan en la defensa de colectivos sociales y derechos humanos.

La razón es que, según los abogados de los colectivos sociales, el citado informe policial  "está plagado de falsedades" y que ha servido para serles imputados inicialmente la comisión de graves delitos como atentado a agente de la autoridad, otros tantos "contra la Constitución" y un tercero de robo con violencia. Se trata de delitos penados en una horquilla que discurre entre los 4 y 15 años de prisión. El juzgado decretó la libertad provisional de los tres jóvenes.

El informe elaborado por la Brigada de Información, trasladado al juzgado de guardia de València, es, a juicio de los letrados consultados, "absolutamente prejuicioso e ideológico, donde se detalla un relato indeterminado y falso, que decide, sin más criterio que la subjetividad del policía, que los atacantes son de extrema izquierda y las víctimas son de extrema derecha. Y a partir de aquí se establece un argumentario que busca criminalizar a los antifascistas y victimizar a la ultraderecha para, de este modo, justificar las detenciones de Benimaclet, y construir un relato que sirva para imputarles graves delitos que en ningún momento han sido acreditados".

Según estos letrados, la diligencia de informe que complementa todo atestado policial debería omitir las apreciaciones subjetivas del funcionario de turno y limitarse a aportar hechos ciertos, tanto si sirven para desmontar la presunción de inocencia del acusado como para desvirtuar las sospechas sobre él.

Para el abogado Ricardo Cano Zamorano, veterano abogado penalista especializado en la defensa de colectivos sociales diversos, "el informe de la Brigada Provincial de Información sobre las detenciones de los tres antifascistas de Benimaclet lo deberían haber firmado directamente como Brigada Político Social".

Cano considera que este informe atribuye la comisión de delitos a las tres únicas personas que la policía ha podido detener, simplemente, porque corrían junto a otra decena de jóvenes que logaron zafarse de la intervención policial. De tal modo, señala el letrado, que el autor del informe decide que ellos son "los agresores" y "los autores" de un robo "incluso cuando las consideradas víctimas afirman en sus denuncias no poder identificar ni a los autores de la agresión ni al autor del presunto robo".

"Por tanto, si no hay identificación oficial ni por la agresión, ni por el robo, ni la policía en el cacheo tras ser detenidos se les ocupó el móvil robado, estamos ante un informe policial carente de toda veracidad, persiguiendo única y exclusivamente justificar el procesamiento de los chicos por graves delitos que no han cometido, como así ha ocurrido", señala el abogado Ricardo Cano,

“Plan premeditado” de la izquierda para cazar fascistas

En el informe del atestado, de folio y medio al que ha tenido acceso Público, se puede leer una serie de sentencias prejuiciosas tales como que "dicha agresión vino motivada por el hecho de que las víctimas portaban mascarillas con la bandera de España, hecho por el cual son identificados automáticamente por parte de la extrema izquierda como 'fascistas', lo que en su mentalidad ya legitima una agresión, encontrando aún más legitimada la citada agresión por el hecho de que gente que no comparte su ideología se manifieste en 'su' barrio, tal y como consideran Benimaclet".

Así, continuando con la subjetividad del funcionario de la Brigada de Información, el informe afirma que "la citada agresión responde a un plan premeditado en los que estos grupos de extrema izquierda van a 'cazar' a grupos más pequeños de ideología contraria, como ya ha sucedido en anteriores ocasiones en esta ciudad".

Y, para rematar, sostiene que "el hecho del robo del teléfono refuerza esta teoría, ya que es habitual que en estos casos el robo de un 'trofeo' para poder demostrar su 'hazaña'".  

Una manifestación con el lema ¿Orgullosos de ser españoles?

Según los letrados, el atestado policial de la tarde del 12 de octubre contiene errores que no parecen casuales, que pretenden reforzar el argumento de la existencia de "cacerías" de la "extrema izquierda". Por eso, siguiendo su relato, la Policía establece que la manifestación que se iba a celebrar en Benimaclet era poco menos que un acto de exaltación patriótica española; por eso, en el atestado habla desde el primer momento de que en el barrio tendría lugar a las siete de la tarde una manifestación bajo el lema  "Orgullosos de ser españoles". Algo radicalmente falso ya que la manifestación convocada por España 2000, programada para las 19 hora de ese 12 de octubre, como lema "Marcha de las Antorchas. Gobierno Dimisión” y se trataba de un acto contra el supuesto gobierno "social-comunista".

Asimismo, el atestado dice que los agentes escucharon por radio, sobre las 18 horas, que a 500 metros de la plaza de Benimaclet se estaba produciendo "una reyerta, en la confluencia de las calles Vicente Zaragozá y Cuenca Tramoyeres, entre dos grupos de ideología contraria (extrema derecha y extrema izquierda)", y que otros agentes en la zona estaban intentando detenerlos.

Según el atestado policial, los dos grupos, ante la llegada de la Policía, se disgregaron huyendo del lugar, observando que un grupo de entre 12 y 15 personas, sin más descripción, salía corriendo en dirección a la avenida de Primado Reig, hasta que varios de ellos pudieron ser interceptados por agentes apostados en una gasolinera próxima.

Finalmente, el atestado concluye con la detención de tres jóvenes, mientras el resto consigue huir. Un detalle relevante son las características físicas de los únicos apresados de ese numeroso grupo. Los tres detenidos coincidían en su estética alternativa y los tres iban rapados y con cresta. Tras reducirlos a golpes (uno de ellos tuvo que ser llevado de urgencia al Hospital Clínico de València por una gran brecha en la cabeza), la Policía resolvió que se trataba de los agresores, porque eran antifascistas, porque habían corrido, porque se habían resistido a la detención y además llevaban tatuajes anarquistas y otro que ponía ACAB.

Mientras, los del grupo contrario, formado por cinco ultraderechistas, identificados por otra unidad policial, son considerados automáticamente como víctimas y, todos ellos, salvo uno, se declaran miembros de España 2000 y con edades comprendidas entre los 53 y 60 años.

Uno de ellos el más mayor, Tomás, asegura que en el enfrentamiento se le cayó su móvil al suelo y que alguien lo cogió y se lo llevó y que no podría identificarlo.

De los cinco solo cuatro optaron por denunciar, asegurando que tampoco podrían identificar a sus "agresores", según consta en sendas declaraciones con formato y redacción calcada, realizadas al día siguiente de los hechos, el martes 13, entre las 11.00 de la mañana y las 13.30 horas

Tres días en los calabozos policiales

Por su parte, los tres antifascistas, que prestaron declaración ante el juez de guardia y en presencia del fiscal el miércoles 14 (después de tres días detenidos en los calabozos del complejo policial de Zapadores), negaron haber agredido a nadie. Reconocieron que estaban en Benimaclet participando en las jornadas contra el odio organizadas por los colectivos vecinales del barrio, que se estaban desarrollando desde esa misma mañana del lunes y que concluirían a las siete de la tarde, para dar paso a una cacerolada desde los balcones del barrio, en señal de protesta por la manifestación ultraderechista.

Los tres manifestaron ante el juez que vieron a gente que corría hacia ellos, desconociendo las razones, y que optaron por correr también al no saber qué estaba pasando. Los tres igualmente dijeron no saber nada de ningún teléfono móvil y mucho menos de haberlo substraído. De hecho, cuando fueron detenidos fueron registrados y no se encontró en su poder el teléfono móvil desaparecido.

Pero a pesar de todo, el informe policial ha servido para que el juez de guardia decretara la puesta en libertad con cargos de los tres de Benimaclet, tras pasar tres días en los calabozos policiales. El escrito de acusación imputa a los tres jóvenes antifascistas sendos delitos "contra la Constitución" (por delitos de odio, asociación ilícita y otros); de "robo con violencia e intimidación" (por la supuesta sustracción de un móvil que no tenían y que tan siquiera la supuesta víctima les atribuye), y, por último, por "atentado a agentes de la autoridad" (por resistirse a la detención).

En este sentido, otro de los abogados que trabaja con los activistas señala que estas actuaciones policiales "ponen de manifiesto una vez más que es pública y notoria la impunidad de la que goza históricamente la ultraderecha en el País Valenciano y su connivencia con los cuerpos policiales. No son pocos los funcionarios de la Policía Nacional que tienen vínculos directos laborales con negocios de líderes de la ultraderecha".

A este respecto, este otro abogado recuerda "los sucesos del 9 d’Octubre de 2017 en València, donde la policía no hizo nada para evitar las agresiones, ni tampoco identificó a los autores teniendo que ser los colectivos sociales y los profesionales de la información, periodistas y fotógrafos, quienes inicialmente aportaran datos y materiales gráficos de los miembros de extrema derecha, muchos de ellos nazis y ultras del València CF presentes, para que la justicia pudiera actuar".

El caso de Trapero y los atestados de la Guardia Civil

En relación con los atestados policiales, es importante tener presente la reciente sentencia de la Audiencia Nacional en la que se absuelve al Mayor de los Mossos de Esquadra, Josep Lluís Trapero, del delito de rebelión, incluidos en el amplio Título XXI de Delitos contra la Constitución.

Una de las razones principales de la absolución del jefe de los Mossos por su supuesta actuación "criminal" durante el referéndum independentista del 1 de octubre obedeció, según la sentencia (páginas 26, 27 y 28, entre otras) a que tanto el coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos, como el autor de la mayoría de los atestados, el teniente coronel Daniel Baena, Tácito, transformaron sus "percepciones personales" en declaraciones inculpatorias ya en sede judicial. Primero en el Supremo y después en la Audiencia Nacional.

Ambos mandos de la Guardia Civil, según el alto tribunal, acusaron sin pruebas, construyendo unos atestados policiales que perseguían un fin concreto, la construcción de relato incriminatorio que tuviera como objetivo la condena del jefe de los Mossos por rebelión.

La sentencia de la Sección Primera de lo Penal de la Audiencia Nacional dice literalmente: "Se incurre en una suerte de petición de principio, un modo de argumentar que parece alejado de los parámetros del razonamiento probatorio indiciario, en la medida que lejos de inferir a partir de hechos o circunstancias que funcionen como premisas, con la finalidad de adquirir conocimiento verdadero sobre el hecho en disputa, se parte de lo que se supone cierto, que se asume en tal concepto, aunque sea el objeto a probar, la conclusión a la que se quiere llegar". En resumen, lejos de extraer un juicio o conclusión a partir de hechos, se construyen atestados con relatos que permitan llegar a la conclusión deseada.