La reforma de la ley de secretos oficiales, una norma promulgada por el dictador Francisco Franco hace 53 años, sigue pendiente en el Congreso. Concretamente, han pasado ya cinco años desde que la Cámara Baja admitiera a trámite el primer intento del PNV para levantar el secreto de los documentos clasificados en un plazo de 25 años y de diez en el caso de las materias reservadas. Por otro lado, el anuncio del Gobierno de presentar su propia propuesta de reforma podría dilatar aún más en el tiempo este reclamo. 

La norma vigente, aprobada en abril de 1968, entiende por materias clasificadas "aquellas cuestiones cuyo conocimiento por personas no autorizadas pueda dañar o ponga en riesgo la seguridad del Estado o los intereses fundamentales de la nación y que constituyen los verdaderos secretos oficiales". En octubre de 1978, dos meses antes de aprobarse la Constitución, la iniciativa se modificó parcialmente para acotar los responsables de determinar esta clasificación. Y, desde entonces, sólo el Gobierno, mediante el Consejo de Ministros, y el Consejo de Jefes de Estado Mayor son quienes deciden sobre si una información es calificada como secreta o reservada (según el grado de protección).

La desclasificación de documentos oficiales, reclamada por periodistas, historiadores, investigadores y partidos políticos, arrojaría luz sobre cuestiones que aún están vetadas a la opinión pública, como las actuaciones del Estado durante la dictadura franquista; el proceso de la Transición; la matanza del 3 de marzo en Vitoria en 1976; el golpe de Estado fallido del 23F; los asesinatos de los GAL durante los gobiernos de Felipe González; la venta de material armamentístico a dictaduras militares (Chile y Paraguay) y a otros regímenes involucrados en ataques militares (Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos); y los viajes del rey y del presidente del Gobierno (también de los ministros y otras autoridades del Estado "cuando las circunstancias lo aconsejen").

Cuarto intento de reforma

El 23 de junio de 2020, una holgada mayoría absoluta de la Cámara Baja —197 votos a favor, 53 en contra (Vox) y 99 abstenciones (PP)— dio luz verde a la tramitación de otra proposición del PNV para acometer una reforma de la ley. Si bien, esta nueva oportunidad, la cuarta en cinco años (las cuatro últimas legislaturas), acumula una continua prórroga del plazo de enmiendas, el mismo mal que abocó a los anteriores intentos de modificación al fracaso.

La propuesta del PNV pretende incorporar la obligación de que en toda clasificación de una materia se establezca el plazo de su vigencia, no pudiendo superar los 25 años para materias calificadas secretas y los 10 años para las reservadas, salvo que el Consejo de Ministros disponga su prórroga excepcional y motivada, en el exclusivo caso de las materias secretas, por un nuevo período máximo de diez años.

Este partido reconoce que, aunque la seguridad y defensa del Estado es un valor constitucionalmente protegido y al Gobierno compete su resguardo —y por ello el acceso de los ciudadanos a aquellas materias que pudieran afectarlo
queda vedado—, "no es menos cierto que ese valor y su resguardo no es absoluto, pues debe dialogar con otros valores y principios también constitucionalmente protegidos".

Por ello, el PNV quiere homologar esta ley al modelo de EEUU, Reino Unido, Alemania o Suiza, países en los que existe un criterio temporal. "Procede ahora abordar, como parte del proceso evolutivo natural de toda regulación, su adaptación a la sensibilidad social vigente respecto al valor de la transparencia, consustancial al principio democrático que fundamenta y rige nuestra sociedad", reza el texto de la reforma.

El Gobierno trabaja en otra ley de secretos oficiales

No obstante, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aseguró este martes que Ejecutivo trabaja para presentar una ley de secretos oficiales por entender que es "bueno para la calidad democrática española". En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Sánchez confirmó esta información, adelantada por El País, sin ofrecer más detalles al respecto. En este sentido, fuentes de Unidas Podemos señalan a Público que, hasta la fecha, no tienen constancia de que exista un borrador sobre el proyecto. 

Por su parte, el PNV invita al Gobierno a que aproveche su iniciativa, ya que si elabora un texto desde el principio, con todos los procedimientos que esto conlleva (redacción de la norma, consultas preceptivas, aprobación del anteproyecto en el Consejo de Ministros y la tramitación ordinaria en el Congreso), la reforma de la ley se retrasaría durante mucho más tiempo. "Se puede trabajar sobre nuestro texto, y a partir de ahí intentar llegar al máximo consenso posible. De la otra forma es muy poco probable que llegue a culminarse la tramitación de la ley en esta legislatura", advierte la formación jeltzale.

Si el Gobierno presenta finalmente la medida, se daría la circunstancia de que convergerían dos iniciativas sobre el mismo asunto en el mismo órgano parlamentario. Por ello, la Comisión Constitucional (la que tiene la competencia legislativa plena en este caso), deberá decidir si incluye la proposición del PNV en el proyecto de ley u opta por una iniciativa.