@JairoExtre

MADRID.- Los Gobiernos autonómicos de Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Melilla y Murcia pueden llevarse una desagradable sorpresa económica en 2017 debido a la inoperancia del Gobierno de Mariano Rajoy. Un gran montante de fondos europeos destinados a proyectos de gestión de residuos en España podría perderse al no haberse cumplido varias de las condiciones exigidas por Bruselas en el marco de un plan de acción que comenzó en 2014 y finaliza en 2020.

La Comisión Europea (CE) ya advirtió en agosto al Ejecutivo de Rajoy a través de una carta a Alfonso Dastis, el nuevo ministro de Exteriores, entonces embajador extraordinario y plenipotenciario representante permanente de España ante la Unión Europea.

En la misiva, a la que ha tenido acceso Público, la CE habla de "condiciones ex ante (previstas con antelación) para la gestión de residuos", advierte de su incumplimiento y urge a que se adopten antes del 31 de diciembre de 2016. En caso contrario, explica la carta, se procedería a "la suspensión de los pagos intermedios para los programas y las prioridades de que se trate".

La CE pide a Dastis "su concurso para resolver esta situación con carácter prioritario [...] y que se establezcan las medidas para alcanzar los objetivos de 2020 sobre la preparación para la reutilización y el reciclado, incluida la obligación de velar por la recogida selectiva". Condiciones que el Gobierno conoce desde el 2014 y que en agosto de 2016 aún no había adoptado y que difícilmente pueden realizarse antes de fin de año.

Fondos FEDER

La cuantía total de los fondos que están en peligro es difícil de saber, ya que se enmarcan dentro de un plan conjunto dotado de 2.200 millones de euros destinados, entre otras áreas, a I+D, transportes, infraestructuras, ayudas a pequeñas y medianas empresas o reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Se trata de fondos FEDER, que normalemente se parcelan en planes de acción concretos en los que la Unión Europea aporta entre el 50% y el 60% del coste total y el resto corre a cargo del Estado y del Gobierno autonómico a partes iguales.

Apenas falta un mes y medio para la finalización de los plazos y Bruselas ya ha advertido directamente por carta y ha “llamado su atención” al Gobierno español “sobre la correcta aplicación de la legislación de la UE en materia de residuos, que afecta a las inversiones necesarias en el Estado”, tal y como explica la diputada de Izquierda Unida Eva García Sempere, también portavoz adjunta en la Comisión de Estudio sobre el Cambio Climático del Congreso por el Grupo Confederal de Unidos Podemos.

La misiva avisa también de que "en el momento de adoptarse el acuerdo de asociación o los programas enumerados en el anexo se consideró que algunas de las condiciones ex ante relativas a los residuos no se cumplían, por lo que se acordó establecer planes de acción. En estos planes de acción figuran las medidas que deben tomarse, los organismos responsables y el calendario para su aplicación" y, a día de hoy, no se cumplen, por lo que peligran los fondos para las regiones citadas y también para el propio Estado español, que debe acometer un plan estatal de "Crecimiento Sostenible", según el anexo al que se refiere la comisión.

Batería de preguntas en el Congreso

Según García Sempere, la situación supone un "grave problema" sobre el que el Gobierno debe dar explicaciones, por lo que ha registrado una batería de preguntas en el Congreso para saber si el Ejecutivo piensa "realizar una moratoria en los planes de construcción de nuevas infraestructuras para el tratamiento de residuos con el fin de que estas se realicen dentro de los parámetros de gestión de residuos que indica la Unión Europea”.

La parlamentaria andaluza de Izquierda Unida completa las cuestiones por las que se interesa al recabar detalles sobre si “teniendo en cuenta las indicaciones y normas europeas, ¿tiene entre sus planes el Gobierno trabajar en una nueva ley de gestión de residuos que contemple las exigencias europeas en cuanto a gestión de los mismos?”.
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