MADRID.- El expediente abierto contra el portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), Juan Antonio Delgado, no es un hecho aislado. En una semana, la Dirección General de la Benemérita, encabezada por Arsenio Fernández de Mesa, ha iniciado 13 expedientes contra agentes de la misma organización.

Los motivos son diversos. En el caso de Delgado, lo transmitido a los medios de comunicación desde la Guardia Civil —casi antes que al propio expedientado— es que ha elaborado el programa electoral de Podemos, aunque algunas fuentes conocedoras de ese “círculo de Interior” aseguran que el motivo es formar parte de la candidatura de la organización de Pablo Iglesias a las elecciones generales. La información fue publicada en la mañana de este miércoles, a la vez que este guardia civil abandonaba su puesto como portavoz de la asociación mayoritaria del instituto armado para dedicarse a la campaña electoral. “En menos de 12 horas, los generales han tomado una decisión que lo único que busca es echar a Delgado del cuerpo”, explican a Público algunos de sus compañeros en la AUGC.

Según el comunicado de la Guardia Civil, se deben “depurar responsabilidades por una posible vulneración del deber de neutralidad política e imparcialidad que la ley exige a los miembros del Instituto Armado”. El deber de neutralidad e imparcialidad está recogido en la Ley 11/2007 de Derechos y Deberes de los miembros de la Guardia Civil, cuyo artículo 18 impone la prohibición de afiliarse a partidos políticos y realizar actividades políticas.
Asimismo, esto se refrenda en el artículo 7.2 de la Ley de Régimen Disciplinario de la Guardia Civil, que considera falta muy grave la violación de la neutralidad o independencia política en el desarrollo de la actuación profesional, e igualmente muy grave la promoción o pertenencia a partidos políticos, así como el desarrollo de actividades políticas, en el 7.3.

Es la segunda investigación abierta contra Juan Antonio Delgado en una semana. Sus compañeros dicen que “con él se estrenó la Ley Mordaza”. Fue el 2 de julio por una falta grave. En ese caso la excusa fue que tanto el portavoz de la AUGC como el secretario general, Alberto Moya, habían participado en la concentración que el pasado 4 de marzo se realizó frente al Ministerio del Interior, una protesta autorizada contra la aplicación del Código Penal Militar a los guardias civiles.

Además, otros siete agentes de la AUGC también han sido expedientados por siete vocales que decidieron no entrar a la reunión del pleno del consejo celebrado el 24 de marzo como medida de protesta ante el “desprecio y la falta de derechos" que padecen los agentes, “circunstancia que se viene agravando en los últimos años” y ante la que la AUGC ha decidido “plantarse con firmeza”, afirman fuentes cercanas. La reacción de la AUGC fue reclamar un expediente al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya que “como presidente del consejo debería haber acudido alguna vez a hacer sus funciones en él". "Nosotros sólo nos plantamos en una ocasión para revindicar nuestros derechos”.

Tanto Delgado como su organización han sido de los primeros miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en oponerse abiertamente a la Ley Mordaza, por vulnerar los derechos de todos los ciudadanos. Pero además, Delgado lleva una larga cruzada contra la nueva ley de la Guardia Civil que el PP quiere aplicar en esta misma legislatura. Esta ley, siguen las mismas fuentes, “acrecienta las desigualdades entre mandos y los agentes, entre los oficiales y los guardia civiles de a pie”. Algunos de los compañeros de Delgado aseguran que hay miedo en el Ministerio del Interior. "Tener de diputado a un guardia civil, con las herramientas que puede tener a su alcance para cumplir las reformas que añoramos desde hace tanto, es algo que les asusta”, explican.

Solidaridad

La AUGC es una histórica organización que lucha desde hace 21 años por la democratización de la Guardia Civil. Es considerada una asociación de izquierdas, con 30.000 afiliados, que se ha llegado a manifestar de uniforme en señal de protesta aunque por su condición militar lo tiene prohibido. Tampoco pueden estar afiliados a un sindicato, por eso se creó la fórmula de las asociaciones para hacer la función de éstos.

Las muestras de apoyo a Juan Antonio Delgado no se hicieron esperar. A medianoche, la cuenta de un dirigente sindical histórico de la Policía, José Manuel Fornet, se llenaba de mensajes solidarios. El ahora presidente del Observatorio contra la Corrupción declaraba a Público: “Es una vergüenza que estos mandos militares, que colaboran activamente con políticos del PP, sancionen a guardias civiles que en su tiempo libre son ciudadanos que tienen derecho a opinar y a participar en política”.

Como gran conocedor de las fuerzas del orden, Fornet asegura que “en Génova han estado participando miembros de la Policía cuando el PP era oposición y a nadie se le ocurrió que eso fuera ilegal”. Por eso, espera que “estos sean los estertores del régimen corrupto que nos han impuesto durante tantos años. La Guardia Civil es esa institución que, como ejército de la Corona, está por encima de la ley”.

Fornet lanza un claro mensaje: “Apoyo a mi amigo Juan Antonio Delgado porque es un guardia civil decente y un demócrata como tantos otros no lo son hoy, porque en el pasado fueron expulsados”.