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Interior y la Audiencia Nacional amenazan con dejar a Izquierda Castellana fuera de la legalidad

La formación política ha recibido una notificación sobre el inicio de un procedimiento abreviado dirigido a su "extinción" por un supuesto incumplimiento en sus estatutos de la ley de financiación de partidos. "Nos quieren sacar del medio", advierte el portavoz de la organización castellana.

Izquierda Castellana
Izquierda Castellana, con sus banderas moradas, en una manifestación celebrada en marzo de 2019 en Madrid para defender el derecho a decidir de Catalunya. EFE

Casi dos décadas después de la primera ilegalización de un partido político en España, el Ministerio del Interior ha activado la maquinaria para dejar fuera del juego democrático a Izquierda Castellana (IZCA). La formación con sede en Valladolid podría seguir el mismo camino que recorrieron Batasuna, Acción Nacionalista Vasca o el Partido Comunista de España (Reconstituido), aunque en este caso no se les acusa de vínculos con organizaciones terroristas, sino de incumplir la ley de control de la actividad económica y financiera de los partidos políticos.

"Hay una clara intención de quitarnos del medio", dice a Público Luis Ocampo, representante legal de IZCA. Esta organización de izquierdas se inscribió legalmente en el registro de partidos políticos de Interior en enero de 2000. Entre sus referentes y fundadoras se encontraba la histórica activista Doris Benegas, fallecida en julio de 2016. El partido se reivindica como socialista, republicano e internacionalista. Del mismo modo, ha apoyado activamente el derecho a decidir en Euskadi y Catalunya.

El pasado 5 de agosto, el Juzgado Central Contencioso-Administrativo número 6 de la Audiencia Nacional envió una notificación a ese partido. En ese documento, el tribunal comunica el inicio de un procedimiento abreviado dirigido a declarar la "extinción" legal de IZCA.

La solicitud ha sido formulada por el Ministerio del Interior a través de la Abogacía del Estado, "arguyendo que los estatutos de IZCA no se ajustan a los cambios introducidos por la reforma legislativa de la Ley Orgánica 3/2015, de 30 de marzo, de control de la actividad económico-financiera de los Partidos Políticos", señaló la formación de izquierdas en un comunicado.

"Lo que plantean esencialmente es que los estatutos de IZCA no se ajustan a lo marcado por la ley de 2015 que se refería a cuestiones de financiación de partidos", explica Ocampo, quien incide en un detalle relevante: Interior envió la primera notificación sobre esa irregularidad a un domicilio incorrecto, por lo que la dirección del partido de izquierdas no supo nada de este asunto hasta el pasado día 5, cuando recibió el documento de la Audiencia Nacional que anunciaba el inicio de las diligencias. 

El portavoz de IZCA asegura que tienen pruebas documentales de otras notificaciones de Interior que llegaron a la dirección correcta. "Curiosamente, en este caso la comunicación que indicaba que debíamos hacer una rectificación de los estatutos se envió a otra dirección", afirma Ocampo. "No somos ingenuos, todo esto nos parece sospechoso", advierte.

De hecho, el partido ha recordado que ya hay otros antecedentes de intentos de ilegalización, así como de  "criminalización y acoso prácticamente desde los inicios". En abril de 2008, la organización ultraderechista Manos Limpias impulsó un procedimiento de ilegalización contra IZCA que inicialmente fue admitida por un juzgado de Valladolid, bajo la acusación de ser uno de los "brazos legales" de Batasuna. Sin embargo, la Audiencia Nacional decidió entonces archivar la denuncia.

Interior evita comentarios

Este periódico se puso en contacto con Interior para conocer los motivos concretos de su solicitud de ilegalización contra esa formación de izquierdas. Fuentes de dicho ministerio se limitaron a señalar que "no comenta o valora opiniones vertidas en comunicados de prensa por ninguna institución, asociación, partido, organización o particular". Del mismo modo, indicaron que en este caso el ministerio "se atiene a lo dispuesto en la resolución dictada por el juzgado competente".

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