Público
Público

Interior indemnizó a 26 personas entre 2008 y 2018 por lesiones y muertes provocadas por la Policía

En una respuesta enviada al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, el Gobierno señala que en total se han abonado compensaciones por un valor de 363 mil euros. El Ejecutivo no ha proporcionado los datos de los últimos cuarenta años, tal como pedía el parlamentario.

Grande-Marlaska
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. EFE

Abusos con uniforme. Golpes en nombre de la ley. Castigos extrajudiciales e ilegales que no siempre llegan al juzgado y que cuando llegan, no siempre salen. Entre 2008 y 2018, el ministerio del Interior fue condenado 26 veces a pagar indemnizaciones por "lesiones y fallecimientos" causados por "actuaciones policiales". En total, las compensaciones durante ese periodo alcanzaron los 363.287 euros.

Los datos vienen reflejados en una respuesta enviada por el Gobierno al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, quien en realidad solicitaba una información bastante más amplia. El representante abertzale había requerido datos sobre lo ocurrido en los últimos 40 años respecto a casos en los que Interior "ha tenido que realizar compensaciones con motivo de las lesiones producidas por actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". También preguntaba por el número de fallecimientos que dieron lugar a indemnizaciones.

Iñarritu pidió al Ejecutivo que especificara en una lista "año, casos, comunidad autónoma, cuerpo policial, cantidad abonada y razón". Del mismo modo, solicitó información sobre los casos en los que Interior había "abonado voluntariamente" y en cuáles había sido "motivado por una sentencia judicial".

El Gobierno respondió, pero no concretamente en esos términos. El documento remitido por el Ejecutivo a Iñarritu a finales de enero pasado se limita –sin explicar los motivos– a los "expedientes con resolución estimatoria" que se registraron "en los últimos diez años". El gráfico con la información consta de cuatro columnas, en las que se indica el año, el número de expediente, la comunidad autónoma donde se produjo y la cuantía de la indemnización.

Fuentes de Interior señalaron a Público que "los datos no estaban automatizados ni separados por cuerpos desde hace 40 años", por lo que la respuesta se limita al periodo comprendido entre 2008 y 2018. Del mismo modo, indicaron que tampoco es posible desgranar los datos por cuerpo policial.

De esa forma, Interior no solo obvió explicar lo ocurrido en los últimos cuarenta años –lo que habría implicado dar información sobre casos de abusos policiales en la etapa de la transición–, sino que tampoco aclara las razones por las que se abonaron estas indemnizaciones ni el cuerpo policial que cometió las ilegalidades.

"Pedíamos datos de los últimos cuarenta años, pero en su lugar nos hemos encontrado con una respuesta más que parcial, en la que faltan informaciones vitales: cuál fue la actuación incorrecta y por qué ocurrió", señala Iñarritu. En ese contexto, el diputado de EH Bildu ha presentado una nueva pregunta al Ejecutivo para que responda sobre esos puntos. "Lo que han hecho nos parece una tomadura de pelo", subrayó.

Casi la mitad en Andalucía

Con esas salvedades, del documento remitido por el Ejecutivo se pueden sacar algunas conclusiones. Por ejemplo, se concluye que de los 26 casos que dieron lugar a indemnizaciones por "lesiones y fallecimientos", 12 tuvieron lugar en Andalucía. Por detrás aparece Madrid con siete expedientes y Castilla León con dos. Luego figuran Canarias, Islas Baleares, Galicia, Melilla y Cantabria con un caso cada una respectivamente.

El expediente con indemnización más alta se registró en 2015 en Andalucía. Se trata del caso identificado como 60/15, que deparó una reparación económica de 76.690 euros. La segunda compensación más alta se produjo en 2010 en Canarias, donde la administración tuvo que abonar 62.466 euros. En tercer lugar aparece otro caso registrado en territorio andaluz en 2013 –caso 102/13–, que fue indemnizado con 30 mil euros.

El portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, Jorge del Cura, señala que la respuesta del Gobierno a Iñarritu, tal como está planteada, impide conocer y determinar a qué casos se refiere cada expediente, en qué circunstancias se produjo y qué tormentos sufrió la víctima. "Son datos confusos", afirma el activista a Público. En tal sentido, lamenta que en este tipo de casos, "la información del Gobierno siempre es muy escueta".

"Tendencia a ocultarlos"

El abogado Daniel Amelang, integrante del equipo de Red Jurídica, subraya precisamente que el listado aportado por Interior tiene carencias. "En ese documento figuran casos en los que no se ha podido identificar o condenar al autor. El Estado indemniza a los ciudadanos por las actuaciones de sus cuerpos policiales, pero sin determinar la actuación de una persona concreta", explica el letrado. "Hay que tener en cuenta además que el Gobierno se refiere a Policía Nacional y Guardia Civil, excluye a las policías autonómicas y locales", añade por su parte Del Cura.

"Lo que está claro es que los abusos y las torturas no se investigan correctamente. Es más, el Estado español siempre ha tenido tendencia a ocultarlos y taparlos", afirma Iñarritu, quien destaca que en España "los torturadores condenados han seguido siendo indultados, ascendidos y condecorados y no se han tenido en cuenta las actuaciones policiales fuera de la ley en comisarías".

Más noticias de Política y Sociedad