Interior investiga a una asociación de guardias civiles que dice estar dispuesta a “derramar sangre” en defensa de España
La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC), que actualmente no tiene vocales en el Consejo del Instituto Armado, ha lanzado un comunicado en contra de la amnistía.
La Asociación Pro-Guardia Civil (APROGC) ha expresado su “profunda preocupación” por el acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts, que incluye la ley de amnistía, en un comunicado en el que recuerdan su juramento “ante la Bandera como militares”, por el que están “dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”.
APROGC recuerda la lealtad de los guardias civiles a la Constitución y a la ley, pero señala que el acuerdo para la investidura de Pedro Sánchez supone “vaciar de contenido la misión constitucional encomendada a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente la policía judicial”.
En este sentido, muestran su apoyo a los jueces que ejercen de “barrera frente a inspiraciones totalitaristas”, por lo que esperan que estos últimos “encuentren el camino para preservar el Estado de Derecho”. El comunicado comienza recordando que la Guardia Civil ha sido “siempre un cuerpo obediente” y que rechazan “conspiraciones”.
APROGC cita el artículo 104 de la Constitución que encomienda a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas y garantizar la seguridad ciudadana.
“En segundo lugar, la forma de hacerlo está condicionada por nuestro juramento ante la Bandera como militares que somos: estando dispuestos a derramar hasta la última gota de nuestra sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”, señalan.
También han criticado a sus jefes políticos. “Los guardias civiles nos preguntamos cuándo volveremos a tener jefes que se sometan al imperio de la ley en lugar de estudiar sus fisuras”, se han preguntado, antes de cuestionar las “purgas políticas de al menos seis coroneles y dos tenientes coroneles, con manifiesto desprecio de la legalidad y la tradición”.
El director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, ha ordenado abrir una investigación para identificar a los responsables de la Asociación Pro-Guardia Civil e iniciar el procedimiento disciplinario y, en su caso, penal tras el comunicado.
Marcos ha dado instrucciones este mismo viernes, horas después de difundirse el comunicado, para que la Jefatura de Información identifique a los responsables de la asociación —que actualmente no tiene vocales en el Consejo del Instituto Armado— e “iniciar el procedimiento disciplinario y/o penal que pueda existir por el comunicado”.
Policías y guardias civiles, contra la amnistía y Puigdemont
Un centenar de policías nacionales y guardias civiles se han concentrado este viernes en Barcelona para mostrar su apoyo a los agentes investigados por su actuación durante el procés, cuando hacían frente a “terroristas urbanos”, y para rechazar la amnistía, al grito de “Puigdemont, a prisión”.
Convocados por el Sindicato Unificado de la Policía (SUP) y la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), los concentrados, que llevaban banderas españolas y pancartas acusando de “traidor” al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, han contado con el apoyo de dirigentes de Vox, Ciudadanos y PP en Catalunya, así como de la plataforma Dignidad y Justicia, y también han coreado consignas como “compañeros enjuiciados, delincuentes amnistiados”.
En el manifiesto conjunto, SUP y AUGC denuncian que la amnistía “pretende socavar” el principio de igualdad ante la ley, al exonerar de responsabilidades penales “a quienes pretendieron quebrantar la cohesión social y romper las bases de la convivencia, creando un precedente peligroso”.
Para AUGC y SUP, la situación que afrontan los agentes procesados por las cargas del 1 de octubre y por su intervención en los disturbios de 2019 en Barcelona es “humillante”, ya que los responsables “van a ser amnistiados” y ellos siguen investigados.
Por este motivo, han exigido “responsabilidad y transparencia”, ya que la justicia “debe ser ciega ante los intereses políticos”, por lo que rechazan que “la impunidad se imponga sobre la responsabilidad y la igualdad ante la ley”.
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