Interior mantiene en estado casi ruinoso la mayor comisaría de Zaragoza
Denuncia del SUP
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ZARAGOZA.- El estado semiruinoso de la mayor sede del Cuerpo Nacional de Policía en Zaragoza, el complejo de la calle General Mayandía, ha hecho saltar las alarmas por los riesgos que entraña para la seguridad de sus usuarios.
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Denuncia del SUP
El requerimiento municipal tiene su origen en la Inspección realizada este jueves por el servicio de Urbanismo, el cual, tras recibir una denuncia del SUP (Sindicato Unificado de Policía, mayoritario en la plantilla), constató cómo la mayoría de las deficiencias detectadas en otra revisión –ésta de oficio- efectuada en marzo seguían sin ser subsanadas.
El Ministerio del Interior se dio por enterado en ese primer requerimiento, aunque respondió al consistorio que está trabajando en un proyecto para acondicionar el cuartel. También le señaló que dispone de su propio servicio para supervisar la seguridad de sus edificios.
Cascotes que caen a la calle en una zona concurrida
“El edificio presenta tal grado de deterioro que atenta contra las condiciones de seguridad, salubridad, ornato público, decoro, habitabilidad y uso efectivo contra el servicio público que alberga (…), ocasionando un peligro inminente sobre la vía pública, la seguridad de los ciudadanos” y los funcionarios, señala la denuncia.
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El sindicato se decidió a pedir la intervención del consistorio tras el incidente registrado hace unas semanas, cuando los bomberos tuvieron que cortar la calle y sanear una cornisa tras haber caído desde ella varios cascotes a la calle, habitualmente concurrida al hallarse en sus inmediaciones un colegio, la propia Jefatura Superior, la sede central del Gobierno de Aragón, el Caixafòrum, el museo Pablo Serrano y una estación de Cercanías. El andamiaje utilizado para el saneamiento –que costó unos 10.000 euros- y las mallas de protección siguieron instalados varias semanas.
Peligros inminentes, degradaciones y riesgos de desprendimiento
La denuncia incluye el Informe de Evaluación de Edificio (IEE) elaborado por un arquitecto para la Dirección General de la Policía en octubre del año pasado, que calificaba como “desfavorable” el estado de conservación del inmueble.