Muath Hamed, un periodista palestino refugiado en España, fue interrogado por la Guardia Civil debido a que, según la versión oficial, podría tratarse de una amenaza para la seguridad nacional. Así consta en una respuesta enviada por el ministerio del Interior al diputado de Unidas Podemos Antón Gómez-Reino, quien había requerido información tras el artículo de Público que daba a conocer el interrogatorio practicado contra ese reportero y en el que habría participado también un agente del Mossad israelí.

 "En relación con la pregunta formulada, se informa que las actuaciones de la
Guardia Civil desarrolladas en relación con la persona citada en la pregunta, fueron dirigidas a comprobar la existencia de razones fundadas para determinar si el solicitante de asilo podría constituir un peligro para la seguridad de España", afirma textualmente el Gobierno en la respuesta enviada al representante de la coalición de izquierdas. 

El pasado 9 de abril, Público informó que Hamed –cuya solicitud de asilo aún está en trámite– fue sometido en febrero pasado a un interrogatorio en dependencias de la Guardia Civil en Madrid. Según denunció, allí estuvo presente un agente del servicio de inteligencia israelí, que le hizo distintas preguntas e incluso amenazó a su familia. Interior no respondió a las preguntas formuladas por este periódico, algo que tampoco hizo la embajada de Israel.

En la respuesta enviada a Gómez Reino, el Gobierno evita referirse a la presencia del miembro del Mossad en ese interrogatorio, al tiempo que señala que "estas actuaciones se ajustan plenamente a derecho y se enmarcan dentro de las misiones y cometidos que tiene asignados la Guardia Civil".

Información clasificada

Interior señala de forma genérica que "se ha recabado la información oportuna sobre las cuestiones mencionadas para determinar los hechos realmente acaecidos y la exactitud de los mismos". No obstante, a continuación advierte que "esta información tiene la consideración de 'clasificada', ya que su difusión pudiera dar lugar a riesgos o perjuicios de la seguridad del Estado, o pudiera comprometer los intereses fundamentales de la Nación en materia referente a la defensa nacional, la paz exterior o el orden constitucional".

A la hora de justificar el carácter confidencial de esta información, el Ejecutivo se aferra nuevamente a la Ley de Secretos Oficiales de la dictadura franquista, aún vigente. La reforma de dicha norma, que acumula ya cinco años de espera en el Congreso, se encuentra actualmente bloqueada. 

"En todo caso, se señala que el Gobierno adopta medidas razonables y efectivas
para impedir la persecución o el padecimiento de daños graves por parte de los solicitantes de asilo", añade la respuesta remitida a Gómez Reino.