Interior suspende a los guardias civiles que dijeron estar dispuestos a “derramar su sangre por España” contra la amnistía

El Ministerio del Interior ha suspendido de forma cautelar en empleo y sueldo a tres guardias civiles, a quienes se les ha abierto un expediente por falta muy grave a raíz de un comunicado en el que cargaron contra el acuerdo entre el PSOE y Junts y la negociación de la ley de amnistía.

Dos de los agentes expedientados son un sargento primero y un guardia civil, miembros de la Asociación Pro Guardia Civil (APROGC). Este viernes emitieron un comunicado en el que se mostraban “dispuestos a derramar hasta la última gota de sangre en defensa de la soberanía e independencia de España y de su ordenamiento constitucional”.

El tercer agente expedientado es Agustín Leal, el portavoz de Jucil, el grupo mayoritario dentro de la Guardia Civil y asociado a la ultraderecha, por un mensaje que publicó el pasado 29 de octubre en la red social X. En este, acusaba al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de cometer “la mayor felonía” por su plan de amnistía.

La orden del director general de la Guardia Civil, Leonardo Marcos, contra los tres agentes “incluye la medida cautelar de que se les aparte del servicio inmediatamente y por el plazo de tres meses mientras se resuelve el expediente”.

“Nos quieren callados y para ello recurren a argumentos que recuerdan trasnochadas purgas políticas que parecían afortunadamente superadas en la España democrática”, ha expresado la asociación Jucil, que asegura que los servicios jurídicos ya están trabajando en la defensa de su portavoz. 

Leonardo Marcos ya había ordenado el pasado viernes abrir una investigación para identificar a los responsables de APROGC e iniciar el procedimiento disciplinario por el comunicado en el que expresaron su “profunda preocupación” por el pacto entre PSOE y Junts en lo relativo a la ley de amnistía.

El pasado 29 de octubre, la Guardia Civil también anunció que había dado la orden a los servicios jurídicos para estudiar posibles consecuencias disciplinarias y legales contra otra asociación Jucil por “quebrantar el principio de neutralidad política” al criticar la “felonía” que le suponía que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, defendiera la amnistía.