Desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero impulsara en 2010 la Ley de salud sexual y reproductiva e interrupción voluntaria del embarazo, son muchas las escenas de acoso y hostigamiento que se han producido en el entorno de las clínicas donde se realizan abortos. Un informe elaborado en 2018 por la Asociación de Clínicas Acreditadas para la interrupción del embarazo (ACAI) mostraba que el 89% de las mujeres que acudieron a abortar se habían sentido acosadas y un 66% amenazadas.

Así lo refleja la proposición de ley registrada por el PSOE que plantea la modificación del Código Penal para penalizar este hostigamiento y acabar con la impunidad de estás acciones. La iniciativa legislativa, que previsiblemente será admitida a trámite este martes con un amplio respaldo de la Cámara Baja, propone penas de prisión desde tres meses hasta un año o de trabajos en beneficio de la comunidad que oscilan entre los 31 y 80 días.

"Esta reforma persigue garantizar que ninguna mujer se sienta increpada o violentada cuando vaya a ejercer un derecho reconocido por ley, es decir, que pueda ejercerlo de manera libre, segura y respetándose su intimidad. Muchas de las mujeres que acuden a los centros sanitarios a interrumpir voluntariamente su embarazo tienen miedo y están pasando por una situación difícil. Tenemos que protegerlas de cualquier atentado contra su libertad", explica a Público Laura Berja, la portavoz de Igualdad del PSOE encargada de defender la proposición de ley.

Y es que, tal como recoge el texto legislativo, grupos ultracatólicos y de extrema derecha abordan a las mujeres con fotografías, fetos de juguete y proclamas contra el aborto antes de que entren a la clínica con el objetivo de cambiar su decisión a través de coacciones, intimidación y hostigamiento. "En España, ACAI ha solicitado una regulación que considere el acoso en las clínicas de este tipo de acciones como un delito de obstaculización del aborto", añade la iniciativa.

Ante esta situación y las quejas de la asociación de clínicas acreditadas para la interrupción del embarazo, el Defensor del Pueblo reclamó la creación de
zonas seguras para garantizar el acceso de las mujeres a estos centros sanitarios. "El objetivo de esta iniciativa legislativa es que nadie quede impune cuando promueva, favorezca o participe en concentraciones en las proximidades de lugares habilitados para interrumpir embarazos, con el fin de hostigar o coartar a una mujer que quiere ejercer su derecho a abortar", apostilla Berja.

Por ello, la proposición de ley recoge además que, en virtud de la gravedad, las circunstancias personales del autor y las concurrentes en la realización del hecho, el tribunal podrá imponer la "prohibición de acudir a determinados lugares por tiempo de seis meses a tres años".

Con esta reforma del Código Penal, España busca equiparase a otros países de su entorno en la defensa del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como Alemania, Austria, Reino Unido y Francia. En este último territorio existe una tipificación parecida, aunque con penas diferentes. La ley francesa de 2017 contempla dos años de prisión y hasta 30.000 euros de multa en el caso de que se trate de impedir o se impida la practica del aborto, incluso la obtención de información sobre el mismo.

Reforma de la ley del aborto

Además de esta modificación, el Ministerio de Igualdad trabaja actualmente en la reforma de la ley orgánica 2/2010 sobre salud sexual y reproductiva, cuya "primera versión estará lista para finales de año", según las previsiones que maneja el departamento dirigido por Irene Montero.

En este sentido, la reforma de la norma aprobada en 2010 busca seguir protegiendo a las mujeres que ejercen su derecho al aborto a través del acceso a la sanidad pública de forma gratuita y segura, así como garantizar que lo pueden ejercer libremente en los centros determinados para ello sin acoso, como planea la proposición de ley del grupo socialista.

Pese a los intentos del exministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón de tumbar la norma elaborada por la extitular de Igualdad Bibiana Aído, una contrarreforma que le costó el cargo (el texto solo permitía la interrupción del embarazo en caso de violación o menoscabo de la salud), el Gobierno de Mariano Rajoy logró introducir en 2015 la obligatoriedad del permiso paterno para jóvenes de 16 y 17 años.

Por su parte, Montero mostró a principios de julio su intención de derogar este "retroceso significativo", además de poner sobre la mesa una regulación de la objeción de conciencia de los médicos. "El derecho de los médicos a la objeción de conciencia no puede estar por encima del derecho a decidir de las mujeres", apostilló la ministra.