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La investidura y el calendario político anticipan un complejo escenario para la tramitación de los Presupuestos

Si los socialistas consiguen los apoyos necesarios para formar Gobierno, tendrán la primera prueba de la estabilidad de la legislatura en un trámite presupuestario con plazos a punto de vencer y que precisará de difíciles negociaciones.

La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la subsecretaria de Estado de Hacienda, Pilar Paneque, y las secretarias de Estado de Presupuestos, María José Gualda, y de Hacienda, Inés Bardón. - EFE

Ni la medida de la capacidad negociadora de Pedro Sánchez y del PSOE se agota en la investidura, ni el nuevo Gobierno, si finalmente se constituye, tendrá los "100 días de rigor" para que se comience a evaluar su gestión. Si el hipotético Ejecutivo socialista no logra en la investidura un capital político más o menos estable en el Congreso de los Diputados, podría sufrir su primera gran derrota de la legislatura apenas unos meses después de haberse conformado, debido la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

Uno de las medidas más "urgentes" que los de Sánchez quieren poner en marcha son los Presupuestos. Durante la campaña de las elecciones generales, el PSOE se marcó como principal objetivo a corto plazo la aprobación de unas cuentas para 2019 que acabaran con la prórroga de los PGE de Mariano Rajoy, que actualmente rigen la previsión de ingresos y gastos del Estado.

Aunque en un principio desde el Ejecutivo en funciones se apuntó a la posibilidad de elaborar unas cuentas para 2019, algo que todavía no se ha descartado oficialmente, el apretado calendario y los plazos legislativos complican mucho esta operación. Esto es así porque la ley marca que, una vez el proyecto presupuestario comienza su trámite en el Congreso, tiene prioridad sobre el resto de iniciativas; si el Ejecutivo pretende tener unas cuentas para 2020, la tramitación de las de 2019 (que estarían en vigor solo durante los últimos meses del año) no dejarían margen para aprobar las del siguiente ejercicio presupuestario.

En este sentido, la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, asumió la pasada semana que cuanto más se aleje la fecha de investidura, "menos sentido tiene presentar unos Presupuestos de 2019", y más "preferible" trabajar en los de 2020. Montero cuenta con que el trámite de aprobación de las cuentas puede durar aproximadamente unos tres meses, por lo que el Gobierno corre el riesgo de aprobar unas cuentas que apenas estén en vigor un mes durante este año.

Si finalmente Sánchez decide centrarse en la elaboración de las cuentas del próximo ejercicio, tampoco el calendario es el mejor posible para los socialistas. No lo es por una cuestión temporal, pero también por una cuestión política, que se resume en la búsqueda de apoyos para aprobar los PGE. Si se tiene solo en cuenta el calendario, y no la complejidad de las negociaciones, los socialistas tendrían muy difícil cumplir con los plazos previstos en la ley.

De hecho, el futuro Gobierno ya está fuera de plazo en lo que se refiere la herramienta que limita el gasto presupuestario: los objetivos de déficit. En la pasada legislatura, Sánchez trató de sacar adelante un techo de gasto acorde a los Presupuestos que tenía la intención de presentar; sin embargo, el Senado (donde el PP tenía mayoría absoluta) vetó sus cifras y el Ejecutivo se vio obligado a reajustar la previsión de ingresos y gastos de su proyecto económico.

La ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera establece en su artículo 15 que el Gobierno fijará los objetivos de estabilidad presupuestaria en el primer semestre de cada año. Para que el Consejo de Ministros apruebe estos objetivos, es necesario la elaboración de un informe previo por parte del Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas y de la Comisión Nacional de Administración Local.

Fuera del plazo para aprobar el techo de gasto

Hacienda debe hacer llegar su propuesta de objetivos de déficit a estos dos organismos antes del día 1 de abril de cada año, para que, en el plazo de 15 días, elaboren el informe. Sin embargo, el Ejecutivo actual no ha remitido su propuesta; además, tanto la formación del nuevo Gobierno central como los de las Comunidades Autónomas tras las elecciones generales y autonómicas, pueden retrasar todavía más este procedimiento.

Pero este no es el único retraso posible en cuanto a plazos legalmente establecidos. Los propios Presupuestos tienen un calendario que se regula tanto en una ley orgánica como en la propia Constitución. El artículo 134.3 de la Carta Magna recoge que "el Gobierno debe presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior", es decir, del último día del año.

Según esta disposición, el Ejecutivo debe llevar su proyecto a la Cámara antes del 31 de agosto. Aunque el calendario es apretado (no se espera la primera sesión de investidura hasta la segunda semana de julio), el Gobierno podría cumplir con este plazo si ya tiene más o menos trabajadas unas cuentas (como los Presupuestos que trató de aprobar a primeros de año, y cuyo fracaso condujo directamente a las elecciones del 28 de abril), pero el calendario se presenta bastante apretado. En cualquier caso, no es la primera vez que un Ejecutivo presenta las cuentas fuera de plazo (el propio Sánchez lo hizo, al llevarlas a mediados de enero al Congreso).

Pero más allá de los plazos legales, existen otras complicaciones. La negociación de los Presupuestos dependerá en gran medida de la estabilidad de los apoyos logrados en la sesión de investidura, si finalmente el PSOE consigue los suficientes para formar Gobierno. Será este el capital político con el que cuente Sánchez para pactar la aprobación de las cuentas, por lo que si los apoyos de una hipotética investidura son suficientes para que siga en La Moncloa, pero inestables, los socialistas podrían sufrir su primera gran derrota apenas unos meses después de lograr conservar el Ejecutivo, y empezarían la legislatura con un importante desgaste.

A esta situación hay que sumar otra circunstancia, a medio camino entre el calendario y el contexto político. Si el Gobierno se compromete a cumplir con los plazos legalmente establecidos, y lleva las cuentas a la Cámara Baja antes del 31 de agosto, su tramitación podría coincidir en el tiempo con la publicación de la sentencia del juicio del procés, que en principio se espera para después del verano.

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