El juez del caso Villarejo se da más tiempo para investigar piezas como la de Dina, Iberdrola, Repsol o BBVA

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha decidido prorrogar seis meses cerca de una decena de piezas separadas de la macrocausa 'Tándem', donde investiga los negocios oscuros del comisario José Manuel Villarejo, entre ellas las relativas a la ex asesora de Podemos Dina Bousselham, Repsol y Caixabank, Iberdrola y BBVA, según fuentes jurídicas.

Las prórrogas, acordadas para las piezas 4, 9, 10, 13, 17, 20, 21, 27 y 28, obedecen a que estas investigaciones judiciales se acercaban al plazo máximo fijado por el nuevo artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCrim), debido al cambio legal que tuvo lugar el año pasado, por lo que el magistrado debía decidir si ponía fin a la instrucción o la ampliaba.

En la misma situación se encuentran otras piezas separadas de 'Tándem' --formada por más de una treintena--, como la número 7 sobre la 'Operación Kitchen': el presunto espionaje parapolicial al ex tesorero del PP Luis Bárcenas. En este caso, García-Castellón recabó la opinión de las partes sobre la necesidad de continuar o no con la instrucción, pero aún no ha resuelto.

Entre las que sí han sido ampliadas destaca 'Dina', donde trata de esclarecer el recorrido que experimentó la tarjeta telefónica de la otrora asesora de Pablo Iglesias desde que le robaron el móvil en 2015 en un centro comercial hasta que parte de la información que contenía vio la luz pública, es decir, por qué manos pasó, a qué manipulaciones la sometieron y cuáles fueron las consecuencias.

Conforme al relato de García-Castellón, basado en las pesquisas efectuadas hasta el momento, la tarjeta estaba en buen estado cuando el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, se puso en contacto con el entonces líder de Podemos para entregársela --después de que cayera en las manos del medio de comunicación-- con el propósito de que volviera a su legítima propietaria.

Para el juez, según reflejó en un reciente auto, "la única explicación posible, (...) para entender la inoperatividad de la tarjeta, es que los daños se causaran mientras estaba en poder del señor Iglesias". Y con ese convencimiento el pasado mes de octubre solicitó al Tribunal Supremo que le investigara por delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

El Supremo rechazó imputar a Iglesias indicando a García-Castellón que siguiera investigando. En estos momentos, el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional está a la espera de recibir un informe policial que encargó en febrero para saber si es técnicamente posible acceder al contenido de la tarjeta telefónica.

Grandes empresas

Otras de las piezas prorrogadas tienen que ver con grandes empresas que habrían contratado los servicios de Villarejo. Entre ellas está la número 9, que versa sobre los contratos de BBVA con CENYT --buque insignia del grupo empresarial del comisario-- para distintos proyectos al menos entre 2004 y 2017, unos trabajados por los que la entidad bancaria habría pagado al policía más de 10 millones de euros.

En esta pieza figuran como investigados el expresidente de BBVA Francisco González y el propio banco. En el escrito donde abogó por prorrogar, la Fiscalía Anticorrupción atribuyó al ex directivo, ya imputado por presuntos delitos de cohecho y revelación de secretos, otro de administración desleal "por haber utilizado recursos" de la entidad "para su uso exclusivamente personal" en relación con una valoración encargada para la adquisición de una finca a título privado.

Se ha ampliado igualmente el plazo de instrucción de la pieza referida a Iberdrola, la 17. Aquí, el magistrado indaga en los diversos encargos que la eléctrica habría hecho a Villarejo desde 2004. Recientemente, ha imputado al presidente de la empresa, Ignacio Sánchez Galán, y a Iberdrola Renovables por el llamado proyecto 'Wind', donde el cometido habría sido investigar a una eólica suiza con la que la mercantil se alió para proyectos en Rumanía y con la que surgieron problemas.

Otra de las piezas afectadas por esta prórroga es la 21. La semana pasada, el juez imputó a Repsol y Caixabank como personas jurídicas por, supuestamente, contratar a Villarejo para investigar al que fuera presidente de Sacyr Luis del Rivero y su entorno con el objetivo de frustrar un intento por parte de este y la petrolera mexicana Pemex de hacerse con el control de Repsol.

'PIT', método 3  y mercadeo

Asimismo, García-Castellón tendrá seis meses más para 'Pit' (4), centrada en el dinero que Villarejo habría recibido para intentar impedir la extradición a Guatemala del naviero Ángel Pérez Maura en el año 2016, cuando la nación centroamericana le reclamaba acusado de pagar una comisión de 30 millones de dólares entre 2012 y 2015 al presidente y la vicepresidenta del país, entre otros, para garantizarse una adjudicación.

En la pieza 27, contará asimismo con otro medio año para dilucidar el papel que Villarejo pudo jugar en los registros que se produjeron en febrero de 2013 en las sedes de Método 3 en Barcelona y Madrid. El dueño de la agencia de detectives, Francisco Marco, denunció que el comisario habría fabricado pruebas para propiciar los registros y aprovecharlos para sustraer información sensible de ambas sedes.

Además, García-Castellón ha prorrogado la pieza 13, sobre los posibles delitos fiscales cometidos por las empresas de Villarejo, y la 28, relativa a la supuesta compraventa de información y que dio lugar a la detención de la mujer del comisario, Gemma Alcalá.